:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ZZMUSOKA4NFLVFYTNNHNJLZL5A.jpg "La mayoría de las acciones del gobierno han hecho explotar una llamarada de amparos por parte de empresas con operaciones en México.")
Ciudad de México — El gobierno de México ha peleado contra la iniciativa privada en casi todos los rubros del sector energético y se prevé que esta postura continúe al menos hacia el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué está en juego? La Ley de la Industria Eléctrica, reformada en marzo -la más reciente de las modificaciones del sector-, pone en riesgo alrededor de 40.000 millones de dólares invertidos y abre la puerta a que el gobierno no respete los contratos adquiridos con la iniciativa privada, de acuerdo con un análisis de BBVA México.
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La reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013, que abrió la industria petrolera y la generación eléctrica a la iniciativa privada, posicionó el atractivo de inversión de México al mismo nivel de Brasil, la principal economía de América Latina.
Los beneficios de la legislación, denominada estructural, se concentraron en seis puntos hacia 2018: bajar tarifas eléctricas y del gas, restituir reservas probadas de petróleo y gas en 100% anual, aumentar la producción de petróleo a 2.5 millones de barriles diarios, medio punto porcentual más de crecimiento económico, la creación de 500.000 empleos y sustituir centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpia.
Ninguno de estos puntos se logró en el tiempo establecido. Por lo tanto, en los primeros tres meses de su gobierno, López Obrador y su equipo energético cancelaron las rondas petroleras, así como el mecanismo de subastas de energía eléctrica que estaban pendientes. Sin embargo, hay quienes creen que los resultados no debieran ser vistos tan inmediatos.
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“Los proyectos de energía son de largo plazo y hay que dejarlos madurar; están haciendo un corte de caja prematuro”, comenta el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo.
El gobierno actual también impulsó dificultades administrativas para obtener permisos energéticos y endureció la renovación de estos, desreguló ventas mayoristas de Pemex, promovió reformas y actualmente tiene la intención de cambiar la Constitución Mexicana para fortalecer a la otra empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La mayoría de las acciones desencadenaron un tsunami de amparos que actualmente frenan las medidas de forma indefinida.
Hoy el atractivo de inversión para México en materia energética se encuentra por debajo de países como Guayana y Trinidad y Tobago, recuerda Pedro Martínez, analista de riesgo país para el sector energético de la firma de información IHS Markit. “México estaba en un nivel de 7 y ahora está en 5.8”, dice.
Incluso, en plena crisis económica por la emergencia sanitaria del COVID-19, la Secretaría de Energía (Sener) definió en junio de 2020 en su instrumento rector de planeación que los reguladores energéticos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se alineen al rescate de las empresas estatales planteado por el Gobierno.
“Todas estas acciones, cuando se ven en su conjunto, son para apoyar esta política energética, lo cual eleva el riesgo de que el gobierno eventualmente pueda tomar medidas más drásticas que pudieran afectar a los jugadores que ya están presentes”
Pedro Martínez
Un impacto por el nuevo rumbo y los cambios legislativos es la caída adicional en la inversión privada, efecto que puede golpear la tasa de crecimiento económico potencial y desencadenar un menor nivel de vida para los mexicanos, particularmente los más pobres.
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La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) reveló que la inversión para 2021 será de 500 millones de dólares, una caída de 61% anual.
De enero a julio de 2021, las empresas con contratos de exploración y producción petrolera ejercieron solo 15,3% de las inversiones presupuestadas para explorar y producir hidrocarburos este año, calculadas en 4.547 millones de dólares.
El representante del IMCO menciona que la respuesta para fortalecer a Pemex y CFE es inyectar más competencia en los mercados donde participan, pues transitar a una concentración monopólica es una mala idea.
“La CFE no tiene los recursos para absorber los requerimientos financieros y humanos para hacerlo”.
Ocampo cita un ejemplo: el costo de generación eléctrica de empresas privadas renovables durante 2020 por subastas fue de 400 pesos por MegaWatt-hora, mientras que el costo promedio de CFE ascendió a 1.400 pesos, una diferencia de 252%.
Cambio de rumbo, hasta 2024
El gobierno de López Obrador se enfoca en estabilizar la producción y refinación petrolera, además de la rehabilitación de hidroeléctricas, mientras congresistas de Estados Unidos y poderosos grupos de presión estadounidenses denuncian violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (UMSCA) con sus cambios.
“No es una estrategia para el largo plazo. Hay razones para creer que va a continuar hacia 2024. No van a tener más inversiones más allá de los que estaban operando”, agregó Ocampo.
Si no hay un cambio eventualmente, las empresas podrían empezar a abandonar el país. Por ejemplo, el CEO de BP, Bernard Looney, dijo este año a analistas que México no es el centro de su estrategia de crecimiento en mercados internacionales.
En octubre de 2020, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola declaró a analistas que si el gobierno de López Obrador lo desea, la compañía española dejará de invertir en el país latinoamericano.
“La próxima administración, si no da un cambio de timón importante, la industria petrolera podría quedar rezagada”
Pedro Martínez, analista de IHS Markit.
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