Bloomberg — Un tribunal de San Juan ordenó el miércoles el arresto del CEO de Luma Energy, Wayne Stensby, alegando que la empresa que gestiona el sistema de transmisión y distribución de electricidad de Puerto Rico no ha proporcionado todos los documentos exigidos por los legisladores locales.
El juez del Tribunal Superior de San Juan, Anthony Cuevas, emitió la orden tras denegar una prórroga de un día solicitada el martes por Luma, un consorcio de Atco Ltd. y Quanta Services Inc. que trabaja con Innovative Emergency Management Inc. En su orden, Cuevas dijo que la empresa conocía la solicitud de documentos desde marzo.
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Poco después de la orden de detención, los abogados de Luma dijeron que habían entregado un pendrive con los datos adicionales. Cuevas pidió a los legisladores de Puerto Rico que reconocieran si la información adicional satisfacía sus demandas.
Entre los documentos que Luma no proporcionó inicialmente se encontraban recibos y hojas de trabajo de los meses anteriores a la toma de control de la red. Además, Luma no entregó correos electrónicos, textos y correspondencia con funcionarios del gobierno sobre el acuerdo, según la orden judicial del miércoles.
Una portavoz de Luma Energy dijo que la empresa no tenía una respuesta inicial a la orden de detención.
En una declaración escrita a última hora del martes, Luma dijo que ya había entregado más de 5.000 documentos en respuesta a la legislatura de Puerto Rico. La compañía también acusó al legislador puertorriqueño Luis Raúl Torres de tratar de “perjudicar” a la compañía a través de las solicitudes de documentos.
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“Luma está sorprendida, desconcertada y profundamente preocupada por el caso iniciado por el representante Luis Raúl Torres, que sin duda está motivado por la política y los intereses de grupos que se oponen a la transformación eléctrica que ha comenzado y que Puerto Rico necesita desesperadamente”, escribió la empresa.
Luma obtuvo un contrato de 15 años para gestionar la red eléctrica a partir del 1 de junio, en una semiprivatización de la empresa pública que ha dividido a la isla. Se produjo en medio de una larga frustración con el servicio inconsistente de la isla y la infraestructura envejecida, que quedó al descubierto por el huracán María en 2017.
Pero los problemas han persistido inicialmente bajo la nueva administración privada, provocando protestas callejeras. Y los legisladores han cuestionado el precio estimado de US$1.500 millones del acuerdo.