Estados Unidos decidió dejar al mínimo las operaciones venezolanas de Chevron Corp. así como las de otras principales empresas estadounidenses de servicios petroleros después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Nicolás Maduro ganara las elecciones regionales, que fueron cuestionadas por varias naciones occidentales.
El miércoles, el Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta junio 1 su autorización para que Chevron, Halliburton Co., Schlumberger, Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc mantengan la actividad en el país al mínimo solo para preservar sus activos, proteger a los empleados y reembolsar a los contratistas.
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La decisión frustra aún más las expectativas en los círculos políticos venezolanos y la industria petrolera de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, relajaría en algún momento las sanciones impuestas por su predecesor, que están socavando la entrada de petrodólares al régimen de Maduro.
El partido de Maduro dominó las votaciones el domingo para más de 3.000 puestos, incluidos gobernaciones y municipios. EE.UU., Canadá y España se encuentran entre las naciones que cuestionaron los resultados. Si bien una misión de la Unión Europea dijo que la autoridad electoral del país estaba más equilibrada que en elecciones pasadas, encontró casos de violencia, coacción electoral y abusos de fondos estatales.
El liderazgo del opositor Juan Guaidó, que ha recibido apoyo de EE.UU. y de docenas de otros países, ha disminuido después de no lograr la salida de Maduro del poder.
Mientras tanto, sin la ayuda de compañías petroleras extranjeras, la producción de crudo de Venezuela se ha desplomado, lo que obligó al Gobierno de Maduro a reducir su meta de producción en un tercio este mes. Las sanciones empeoraron el colapso de la otrora masiva industria petrolera de Venezuela después de años de mala administración, incautación de activos, desinversión y fuga de cerebros.
Las compañías petroleras estadounidenses han sido excluidas de cualquier actividad relacionada con la producción de petróleo, incluida la perforación, el procesamiento, la compra, el transporte o el envío de cualquier producto petrolero relacionado con Venezuela. Las sanciones también les prohíben incluso reparar pozos, contratar personal o intercambiar combustible.
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