:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/WYMARPQWXFGYRM5TP5WBGJVRBM.jpg "Bloomberg Línea")
Bloomberg — El Gobierno de centroderecha de Chile deja el poder confiado en que su agenda energética trasciende en gran medida la política y es compartida por la población en general. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la minería.
Las enormes industrias de cobre y litio del país aún deben convencer a una porción suficiente de la población general de que la minería es parte de la solución al cambio climático y las desigualdades sociales, y no el problema, dijo en una entrevista el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.
VER MÁS: VP de la Convención dice que las propuestas radicales deben mutar
En su última semana en el cargo, Jobet dijo que las compañías mineras habían trabajado con autoridades, comunidades y varias ONG en un plan para aumentar las inversiones necesarias para evitar una mayor pérdida de participación de mercado y reducir su huella ambiental. Eso es crucial para satisfacer la creciente demanda de los llamados metales para baterías mientras el mundo intenta dejar de usar combustibles fósiles.
“La industria minera debe contar esa historia con mayor orgullo”, señaló. “De lo contrario, la legitimidad de la industria no estará ahí. Va a ser muy difícil desarrollar nuevos proyectos, que son fundamentales”.
En Chile, la tensión entre reducir el impacto ambiental de la minería mientras se aumentan sus beneficios para la población se ve representada en la redacción de una nueva constitución, donde se somete a votación una serie de propuestas radicales como la nacionalización.
Jobet indicó que, si bien algunas de las señales que surgen de la Convención Constitucional son preocupantes, todavía espera que se desprenda del proceso un conjunto razonable de normativas. Un borrador de la nueva constitución se someterá a referéndum en el segundo semestre del año.
“Si la convención no es capaz de hacer eso, estoy bastante seguro de que la población chilena tiene una muy buena percepción del avance que ha logrado el país en las últimas tres o cuatro décadas y no quieren poner eso en riesgo”, sostuvo.
Lo que está en juego es una cartera de posibles proyectos mineros que, según estimaciones del Gobierno, podrían alcanzar casi US$70.000 millones y son necesarios para satisfacer la demanda a medida que cobra fuerza la transición hacia la energía limpia.
“Si no tenemos minería, no detendremos el cambio climático”, dijo Jobet. “Si no se establecen reglas que atraigan inversiones, no van a existir los ingresos necesarios para los beneficios sociales”.
La clave para obtener la licencia social para nuevos proyectos es mostrar los esfuerzos que hace la industria para migrar a la energía renovable, reemplazar el diésel y reducir el uso de los escasos suministros de agua dulce, además de trabajar más de cerca con las comunidades, indicó. También “podría haber cierto margen” para que las empresas paguen más impuestos, agregó.
Tanto la Administración saliente como el presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, que asumirá el cargo el viernes, intentan fomentar una industria local de hidrógeno verde para ayudar a cumplir con los objetivos de carbono del país y alentar a las empresas a hacer el cambio en un momento de creciente escrutinio de los inversionistas sobre cuestiones ambientales.
Las ambiciones de hidrógeno verde se centran en los sectores de energía eólica y solar, de rápido crecimiento, que el año pasado duplicaron la capacidad. Mientras tanto, Chile sigue dependiendo de las importaciones de hidrocarburos.
Por ahora, Jobet no espera que haya problemas para conseguir carbón, petróleo o gas natural suficientes en medio de la agitación del mercado provocada por la invasión rusa a Ucrania. El principal impacto va a estar en los precios, dijo.
©2022 Bloomberg L.P.
