Recientemente Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Petroperú y pasó su rating incumplimiento de emisor a largo plazo a BBB-, solo a un paso de aquellas notas que son consideradas como especulativas; mientras que S&P Global Ratings bajó la clasificación de riesgo crediticio en moneda extranjera que otorga a Petroperú de ‘BBB-’ a ‘BB+’, puntaje en el que se consideran a los bonos “basura”. Al mismo tiempo, S&P colocó a la estatal en su listado de ‘Revisión Especial’ (CreditWatch) con implicaciones negativas.
Este escenario adverso para la empresa estatal, que está en el ojo de la tormenta desde que la consultora PwC no firmó el contrato para realizar una auditoría de sus resultados financieros, no parece haber tenido eco en la junta general de accionistas (JGA) de la firma: la entidad confirmó este jueves que dicha junta brindó su respaldo al directorio y la administración de la Petroperú en medio de los cuestionamientos y riesgos que la misma enfrenta.
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La noticia fue adelantada el último miércoles por La República, medio que reveló el respaldo hacia la gestión del gerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo por parte de la JGA.
Según comunicó la petrolera peruana, el respaldo se concretó tras las palabras del presidente de Directorio, Mario Contreras, y el informe de Chávez Arévalo sobre los recientes acontecimientos. Añadieron que también participó el gerente corporativo de Finanzas, Fernando de la Torre, quien hace poco comentó a Bloomberg que tendrían los resultados de una nueva auditoría hacia agosto de este 2022.
No obstante ello hubo tres acuerdos que definió la JGA de Petroperú: manifestar su preocupación por la situación financiera de la empresa; solicitar al Directorio un plan de trabajo y próximos pasos, con alternativas técnicas para superar dicha situación; y exhortar a la administración para que tome todas las medidas que se consideren necesarias a fin de cautelar los intereses de la estatal.
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“La Administración de Petroperú expuso los resultados de su gestión y los logros alcanzados, tomó nota de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, comprometiéndose a ejecutar las acciones solicitadas y continuar la ruta de la empresa hacia el próximo inicio de la operación de la Nueva Refinería Talara, en abril del presente año”, señaló Petroperú en el referido comunicado.
Es importante anotar que esta JGA está conformada por diversas autoridades del gobierno peruano: es presidida por el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez; y la conforman el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham Yamaguchi; el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Rafael Reyes Vivas; la viceministra de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, Betty Sotelo Bazán, y el secretario general del Ministerio de Energía y Minas, Loly Wider Herrera Lavado.
Petroperú es una empresa del Estado peruano se dedica al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, y maneja el 40% del mercado de distribución de hidrocarburos en el país. Al cierre del 2021 obtuvo una utilidad de US$106,3 millones.
Para que S&P decidiera recortar el rating de Petroperú al nivel de un bono basura fue clave lo que ocurrió con el proceso de auditoría del año fiscal 2021, un evento considerado como una señal clara del debilitamiento del gobierno corporativo de Petroperú. Ello, según indicó la agencia, expone a la compañía “a un posible incumplimiento de las restricciones financieras (covenants) y potencialmente a un deterioro significativo de su liquidez y flexibilidad financiera”.
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