:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/HF3FEZ6JI5SB2HNHDDGBE3SKXQ.jpg "En Panamá se podría tener una cuenta de ahorros en dólares y otra en criptomonedas, tal y como se hace en Europa.")
Ciudad de Panamá — Panamá está rezagada en cuanto a la implementación de las criptomonedas, en su uso y como parte de la oferta monetaria, estima el director del Fondo Ahorro de Panamá y asesor financiero independiente, José Abbo.
No obstante, en la Asamblea Nacional reposa un proyecto denominado “Ley de cripto; que hace a Panamá compatible con la economía digital, el blokchain, los criptoactivos y el internet”, que para Abbo es un paso en la dirección correcta, pese a señalar que en la región otros países, como El Salvador, llevan la delantera.
El proyecto, presentado por el diputado Gabriel Silva, pretende crear un marco regulatorio que promueva la “interoperabilidad bancaria”, para hacer compatibles los sistemas tradicionales con las nuevas tecnologías y así garantizar una mayor inclusión.
Aunque reconoció que el proyecto está inspirado en El Salvador, Silva dijo que dista mucho, pues no pretende establecer una moneda de curso en Panamá, y más bien lo que se pretende es invitar al uso de varias monedas.
En El Salvador se creó una billetera, acá no, aclaró el político independiente, señalando que ya Panamá no puede depender de los sectores de siempre y que la introducción de las criptomonedas traerá mucha inversión en tecnología.
Las criptomonedas tienen doble uso, pues se pueden utilizar como un activo especulativo y como un activo que facilitaría el movimiento de dinero digital en nuestro entorno bancario, “allí es donde viene el aporte de los bancos de adaptarse a esta nueva realidad”, manifestó el financista José Abbo.
Otto O. Wolfschoon, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, estima que es importante que el país se mantenga atento al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos financieros, incluyendo el tema de los activos digitales.
Señala que cualquier acción innovadora en ese sentido debe ser analizada en términos de costo/beneficio y riesgo/retorno, por lo que es extremadamente importante, por lo delicado del tema, analizar, sopesar y evaluar cualquier cambio a la estructura de nuestro sistema monetario, totalmente dolarizado e integrado al mundo.
“Esa dolarización e integración financiera es uno de los pilares, no de nuestra economía, sino de nuestro país”, afirmó Wolfschoon, quien se decantó por analizar todos los puntos de esta nueva realidad.
Cauteloso, insistió en que “mientras hacemos ese análisis tenemos que cuidar mucho de no acelerar un tema que precisamente en este momento el emisor de nuestra moneda de curso legal, entiéndase el dólar de Estados Unidos, acaba de iniciar un profundo estudio de dicho asunto”.
La ventaja que tiene el sistema bancario panameño es que se mantiene actualizado en cuanto a la tecnología actual, lo que ayudaría a propulsar al sistema al ofrecer nuevos productos que permitirán, por ejemplo, tener una cuenta de ahorros en dólares y otra en criptomonedas, tal y como se hace en Europa, adujo el financista Abbo.
También agregó que es una oportunidad para hacer “joint venture” para ofrecer este tipo de servicios que, ya no sería el tipo de cambio en dólares, ya que ahora sería digital.
El proyecto de ley señala en la exposición de motivos que una vez sea aprobado todas las personas naturales y jurídicas podrán libremente pactar el uso de criptoactivos, incluyendo sin limitación Bitcoin y Ethereum, como medio de pago para cualquier operación civil o comercial no prohibida por el ordenamiento jurídico del país.
Igualmente, las entidades podrán recibir pagos, de forma directa o a través de procesadores o agentes de pago contratados al efecto, por concepto de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias en criptoactivos, incluyendo sin limitación Bitcoin y Ethereum.
Lo anterior se haría según un reglamento de uso de criptoactivos para el pago de tributos que emita la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental, con base en los principios de protección, orden y transparencia de las finanzas públicas; y mejores prácticas de ciberseguridad para evitar pérdidas financieras.
