:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/5NPE7FAEZVB4FNQWDLIR2IUPXQ.jpg "El verano pondrá a prueba las turbinas eléctricas GridWind de Califonia, en la granja de viento de San Gorgonio Pass en Palm Springs, California.")
Ciudad de México — Las empresas renovables de energía eólica acusan la falta de diálogo con el Gobierno de México para discutir los problemas del mercado eléctrico con un valor de US$315.000 millones, mientras el Congreso está por votar una iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para favorecer a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Ese diálogo nunca ha ocurrido. Ha venido instrumento tras instrumento radical y destructivo en muchos sentidos, cualquiera de ellos”, declaró Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas Eólicas en entrevista con Bloomberg Línea.
El representante empresarial se refiere al freno administrativo de las autoridades gubernamentales, como el acuerdo de confiabilidad por baja demanda durante la pandemia de Covid-19, la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y actualmente la iniciativa de reforma constitucional.
López Obrador pretende darle el control del sector eléctrico a CFE y que genere el 54% de la energía que demanda el país, por tanto dejarle el 46% restante a las empresas privadas desde el 68% actual.
El Gobierno argumenta pérdidas multimillonarias para CFE por la falta de despacho eléctrico tras la reforma eléctrica de 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto, pagos insuficientes en el transporte de energía y un mercado negro del sector privado bajo la modalidad de autoabasto.
Rodríguez recordó que CFE tiene capacidad de generación vieja y obsoleta, equivalente a 12.000 MegaWatts que requiere salir de operación y México necesita al menos 9.500 MW de generación limpia para alcanzar su compromiso de producir 35% de la electricidad con fuentes amigables con el ambiente.
La inversión necesaria hacia 2030 asciende a US$38.000 millones, de los cuales 66% corresponde a generación y el 34% restante a transporte de energía, según el presidente de AMDEE.
CFE posee varios proyectos de energías renovables en marcha, como la repotenciación de una decena de hidroeléctricas, más capacidad geotérmica, un piloto de hidrógeno verde, además del parque solar fotovoltaico más grande América Latina, pero en total solo representan 1.300 MW.
La titular de la Sener, Rocío Nahle, ha dicho que el gobierno anterior, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entregó permisos de generación equivalentes a 134.000 MW, cuando el país consume menos de 50.000 MW durante el pico de la demanda en verano, y el porcentaje de reserva suele ser de 10%.
La intermitencia de las tecnologías solar y eólica, según el gobierno, ponen en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, además de ser costosas porque requieren del respaldo de plantas convencionales cuando no producen energía.
“Uruguay usa energías renovables al 90% y no se les cae el sistema porque se ha planeado adecuadamente”.
El representante de AMDEE comentó que el exceso de permisos no significa que todos los proyectos se van a materializar, pero sirven para medir la viabilidad financiera de proyectos, pero si modifican la estructura legal vigente, los proyectos se vuelven inviables porque se realizaron bajo garantías jurídicas del Estado mexicano.
Al preguntarle por la defensa legal de las compañías si se aprueba la reforma, Rodríguez dijo que dependerá de cada caso y revisar en qué condiciones de despacho y precio habría en el mercado mexicano en el que CFE sería el único comprador.
Algunas empresas podrán acudir a recursos legales dentro de México y otras utilizarán instancias internacionales, como los tratados comerciales con Estados Unidos y Europa.
El representante empresarial dijo que si requieren baterías de respaldo o el pago de servicios conexos para compensar los problemas que asocian a las energías renovables, el sector privado está abierto a discutirlo. “El fondo de lo que se requiere se puede discutir y encontrar respuestas para hacerlo”.
La Cámara de Diputados discutirá y votará la iniciativa presidencial el domingo 17 de abril.
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