Tegucigalpa — Por unanimidad de votos, el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción encontró culpable este martes a exautoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), del fraude de US$47 millones que representó la compra de siete unidades médicas proyectadas para mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del covid-19.
Los involucrados son Marco Antonio Bográn Corrales, culpable del delito de fraude agravado de maneta continuada, y Alex Alberto Moraes Girón, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios agravada de manera continuada.
Según un comunicado del Poder Judicial, la responsabilidad penal Bográn Corrales conlleva una pena abstracta de entre 10 y 11 años de presión, más multa por la cantidad igual o hasta el triple de valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión.
Para Moraes Girón quedó establecida por los togados una pena abstracta de inhabilitación para empleo o cargo público de entre 8 y 10 años, además de las penas accesorias que le corresponden conforme al Código Penal vigente.
El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción señaló que la audiencia de individualización de pena concreta será el 31 de mayo próximo.
Antecedentes del fraude
Entre marzo y abril de 2020, el Estado de Honduras, a través de Invest-H, compró siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19.
Bográn Corrales, en su condición de director ejecutivo, y Moraes Girón, gerente administrativo de la institución, hicieron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
Según una investigación del Ministerio Público, ambos funcionarios violaron los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño. El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a más de USD$47 millones, es decir, 1,174 millones de lempiras (HNL).
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del consejo directivo de Invest-H, señaló el Ministerio Público.
Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de ser útil para atender pacientes con covid-19, debido a problemas de diseño y equipamiento, puesto que hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional. También, el proveedor de los hospitales móviles no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de infraestructura hospitalaria.
Disconformidad con el fallo
Tras conocer el fallo del Poder Judicial, el Ministerio Público informó en un comunicado su disconformidad con la primera condena del caso de los hospitales móviles.
“El fallo será objeto de un recurso de casación debido a que el órgano sentenciador ha sido más que indulgente en cuanto a la calificación jurídica de las conductas atribuidas a los exfuncionarios acusados”, indicó la institución.
Según la investigación, personal del Departamento de Adquisiciones de Invest-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso.
“Es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán”, señala el comunicado.
Con las pericias se pudo determinar que Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones previas con el guatemalteco Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.
Junto a expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, y el Hospital Escuela Universitario, en Tegucigalpa, se determinó que esos hospitales no reúnen las condiciones mínimas adecuadas para atender pacientes con coronavirus.
Hasta la fecha, los hospitales móviles no prestaron un servicio genuino a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público, indicó el Ministerio Público.
López Guzmán, tercer implicado en este caso, tiene orden de captura con alerta roja internacional y meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras (US$4.1 millones) en una cuenta bancaria en Estados Unidos.
“Por todo lo anterior, la Fiscalía esperaba un fallo menos benevolente, por lo que corresponderá impugnarlo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, reiteró el Ministerio Público, que aún mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas en el megafraude de los hospitales móviles, “por lo que no se descartan más requerimientos fiscales”.
