Activision amenazó ilegalmente a su personal, según funcionarios laborales

Bloomberg — Los fiscales de la junta laboral de EE.UU. determinaron que Activision Blizzard Inc. (ATVI) amenazó ilegalmente al personal e hizo cumplir una política de redes sociales que entra en conflicto con los derechos de acción colectiva de los trabajadores, según un portavoz del gobierno. El hallazgo es un revés para la compañía en su intento de defenderse de un esfuerzo de sindicalización y finalizar una venta de US$68,700 millones a Microsoft Corp. (MSFT)

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A menos que Activision llegue a un acuerdo, el director regional de la Junta Nacional de Relaciones Laborales con sede en Los Ángeles emitirá una queja, dijo el lunes la secretaria de prensa de la agencia, Kayla Blado. La NLRB (por sus siglas en inglés) hace cumplir la Ley Nacional de Relaciones Laborales, la ley del New Deal que establece la acción colectiva de los trabajadores y los derechos de organización.

Activision negó haber actuado mal. “Estas acusaciones son falsas”, dijo la portavoz de la compañía, Jessica Taylor, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Los empleados pueden y hablan libremente sobre estos problemas en el lugar de trabajo sin represalias, y nuestra política de redes sociales incorpora expresamente los derechos de los empleados de la NLRA”.

La junta laboral está programada para contar las papeletas el lunes de una elección celebrada entre alrededor de 21 empleados en el estudio Raven de Activision en Wisconsin, lo que podría establecer un punto de apoyo poco común para los trabajadores organizados en la industria de los videojuegos.

Los alegatos en el caso de la junta laboral fueron llevados a la agencia en septiembre pasado por Communications Workers of America (Trabajadores de las comunicaciones de América), el mismo sindicato que organiza en Raven. CWA (por sus siglas en inglés), que se ha centrado cada vez más en los últimos años en la organización de trabajadores no sindicalizados en las industrias de tecnología y videojuegos, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico en ese momento que estaba “muy inspirado por la valentía” de los empleados de Activision y que presentó ante el agencia para garantizar que las violaciones por parte de la empresa “no queden sin respuesta”.

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En una declaración enviada por correo electrónico el lunes, el director de organización de CWA, Tom Smith, dijo que el hallazgo de los funcionarios laborales subrayó la necesidad de que el CEO de Activision cambie de rumbo: “Para reconstruir la confianza en Activision, Bobby Kotick necesita tomar el camino correcto y comenzar a escuchar a los trabajadores en lugar de hacer todo lo posible, incluso infringir la ley, para silenciarlos”.

Activision, el gigante del entretenimiento de juegos detrás de Call of Duty, ha tenido un año tumultuoso. El verano pasado recibió una denuncia explosiva del Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California, que acusaba a la compañía de fomentar una “bro culture” (describe una cultura que prioriza a los hombres machos jóvenes con un comportamiento odioso y tóxico por encima de todo) de sexismo. El director de cumplimiento de Activision, que se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional del presidente George W. Bush, calificó esas afirmaciones como “objetivamente incorrectas, antiguas y fuera de contexto”. Los trabajadores allí se movilizaron para sindicalizarse después de las noticias de recortes de empleos en diciembre de 2021, que precedieron a semanas de huelgas. En enero, Activision acordó el trato con Microsoft.

Las quejas emitidas por los directores regionales de la junta laboral son consideradas por los jueces de la agencia, cuyos fallos pueden ser apelados ante los miembros de la NLRB en Washington, DC, y de allí ante un tribunal federal. La agencia puede exigir soluciones tales como la publicación de avisos y revocaciones de políticas o castigos, pero no tiene autoridad para imponer daños punitivos. Jennifer Abruzzo, la consejera general de la junta laboral nombrada por el presidente Joe Biden, tiene una visión mucho más amplia de los derechos legales de los trabajadores que su predecesora designada por Trump. Ella ha señalado que buscará establecer nuevos precedentes en numerosos temas, incluida la medida en que las empresas pueden restringir las publicaciones de los empleados en las redes sociales.

Con la asistencia de Cecilia D´Anastasio.

Este artículo fue traducido por Miriam Salazar