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Bolsonaro busca cambiar la Constitución para pagar subsidios a los combustibles

El proyecto de ley está siendo preparado por el Ministerio de Economía y la oficina del jefe de gabinete de Bolsonaro, que finalmente lo presentará al Congreso

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, a la izquierda, camina junto a Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, y Arthur Lira, presidente de la Cámara Baja de Brasil.
Por Martha Beck, Simone Iglesias y Mariana Durao
06 de junio, 2022 | 07:03 pm
Tiempo de lectura: 5 minutos

Bloomberg — El presidente Jair Bolsonaro planea enviar al Congreso una propuesta para cambiar la Constitución y permitir los subsidios al diésel, parte de su estrategia para contener un fuerte aumento en los costos del combustible que está avivando la inflación y erosionando su popularidad a sólo cuatro meses de las elecciones generales de Brasil.

El proyecto de ley está siendo preparado por el Ministerio de Economía y la oficina del jefe de gabinete de Bolsonaro, que finalmente lo presentará al Congreso, según dos funcionarios del gobierno que pidieron el anonimato porque la discusión no es pública. Costará a las arcas del gobierno entre 20.000 y 25.000 millones de reales (entre US$4.200 y US$5.200 millones), lo que permitirá eludir la regla del tope de gastos del país, añadieron.

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Desde la concesión de subsidios hasta la reducción de impuestos, pasando por la modificación de la política de precios de la empresa estatal Petroleo Brasileiro SA (PETR3; PETR4), hay varias ideas sobre la mesa para reducir el precio de los combustibles. Muchas de ellas son inviables a corto plazo o incapaces de producir los resultados deseados, o ambas cosas, como la privatización de Petrobras, como ha sugerido Bolsonaro en numerosas ocasiones.

“Petrobras es extremadamente codiciosa, sus ganancias son exageradas”, dijo el presidente el lunes durante una entrevista televisiva, añadiendo sin embargo que su privatización es muy difícil. “Queremos cambiar toda Petrobras, pero hay una junta directiva, mucha burocracia. Espero que no haya un nuevo aumento del precio del combustible hasta entonces”.

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Llenar un tanque en Brasil cuesta un tercio del salario mínimodfd

He aquí un resumen de las principales ideas que se barajan, y si es probable que funcionen o no:

Bono de gasóleo

Un subsidio para los camioneros sería una forma relativamente fácil de proporcionar alivio y evitar el riesgo de otra huelga similar a la que paralizó a Brasil en 2018. La idea cuenta con un amplio respaldo en el Congreso, incluido el del presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, y la bendición del gobierno de Bolsonaro, siempre que no infrinja el techo de gasto del gobierno.

Hay un puñado de proyectos de ley en el Congreso que proponen vales que variarían entre 100-300 reales ( US$21- US$63) al mes, y que establecen una fecha límite para que la ayuda se agote -algunos dicen que a finales de año, otros dicen que al final de la invasión de Rusia a Ucrania. También se está impulsando la ampliación del beneficio a los conductores de taxis y de aplicaciones de viaje.

Límite de impuestos

La Cámara Baja aprobó a finales de mayo un proyecto de ley que limita al 17% el llamado impuesto ICMS sobre el combustible impuesto por los estados y que representa casi un tercio de los precios finales.

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Los senadores todavía tienen que respaldar el proyecto, pero incluso si lo hacen, los gobernadores probablemente recurrirán la ley ante el Tribunal Supremo, alegando que interfiere en la autonomía de los estados. Sería una repetición de lo sucedido en marzo, cuando el Congreso aprobó otro proyecto de ley que modificaba la forma de calcular el ICMS sobre el combustible, sólo para que los gobernadores impugnaran la medida ante el tribunal, que no tiene plazo para pronunciarse.

Fondo para los carburantes

El Senado aprobó un proyecto de ley que crea un fondo para suavizar las subidas del precio de los combustibles en épocas de alta volatilidad. El gobierno rechaza enérgicamente la idea, y ha trabajado con aliados en la cámara baja para evitar que la propuesta avance allí.

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La política de precios de Petrobras

Bolsonaro y Lira han pedido a Petrobras que cumpla su “papel social” y cambie su política de seguimiento de los costes internacionales del petróleo a la hora de fijar los precios del combustible nacional. El ministro de Economía, Paulo Guedes, ha hablado de establecer un plazo de 100 días para que la empresa ajuste los precios a los niveles internacionales.

Cualquier cambio debe ser aprobado por la junta directiva de la empresa, excepto si se cambia la ley. El martes, los legisladores votaron para acelerar un proyecto de ley que dice que Petrobras debe utilizar la moneda local para calcular los costos de producción y refinación, además de un índice de ganancias definido por el regulador del sector de petróleo y gas ANP.

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El proyecto de ley podría someterse a votación en las próximas sesiones y, si se aprueba, pasaría al Senado. Petrobras podría impugnarlo en los tribunales, pero probablemente tendría que acatar el cambio si se aprueba en el Congreso.

El cambio de la política de la empresa de seguimiento de los costes internacionales del petróleo conlleva el riesgo de demandas colectivas por parte de los inversores e incluso la intervención del tribunal de cuentas y el regulador antimonopolio de Brasil. La ley de sociedades del país castiga a los directivos, a los miembros del consejo de administración y a los accionistas mayoritarios si toman medidas en contra de los intereses de la empresa.

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El llamado proyecto de ley del petróleo, que establece que Petrobras desarrollará sus actividades económicas en un entorno de libre competencia, y una ley de 2016 que regula las empresas estatales, que establece que las prácticas que difieren de las adoptadas por el sector privado deben estar claramente definidas por la normativa, podrían proporcionar más protección legal.

Presión antimonopolio

El Gobierno también está considerando utilizar una investigación en curso del organismo de control antimonopolio Cade para presionar a Petrobras para que baje los precios. El Cade está investigando si la empresa obstaculiza a los competidores privados que intentan utilizar su infraestructura de transporte para vender gasóleo y gasolina importados, según informaron los periódicos el mes pasado.

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O Estado de S. Paulo informó la semana pasada de que el gobierno y sus aliados están estudiando la posibilidad de presentar un proyecto de ley que podría obligar a Transpetro, una filial de Petrobras, a respetar las normas existentes y compartir su infraestructura con los competidores. Es poco probable que tal medida tenga un impacto significativo en los precios de los combustibles.

-- Con la ayuda de Gabriela Mestre, Daniel Carvalho y Maria Eloisa Capurro.

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