:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/5NKBTXDMJNAQTGCRC4R7DHBEY4.jpg "Grupos indígenas de Ecuador celebran una manifestación para protestar contra la minería, los precios de los combustibles y de los alimentos, y la delincuencia.")
QUITO — Tiempo e intensidad. Esas son las dos palabras que definirán las consecuencias económicas del paro nacional que empezó el lunes contra el Gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. Si la protesta se extiende por más días (hoy van cinco), el impacto en la recuperación del país podría ser más grave.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/PMS5BQWE4FCTPHB5Q2WXU6O6LE.jpg "Mayor gasto social podría contener protesta en Ecuador, dice JPMoran")
El tema es que a pesar de que las autoridades estén abiertas al diálogo, los líderes de la protesta, liderados por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, aseguran que solo cederán cuando Lasso acepte sus 10 pedidos. ¿Pero puede el Gobierno cumplir todo lo que le piden? Aquí explicamos la viabilidad de las solicitudes, pues, si bien muchas son legítimas, las condiciones económicas del país también son una camisa de fuerza:
10 PUNTOS Y UNA TENDENCIA
La agenda tiene 10 puntos en total, de los cuales ocho se refieren a la cuestión económica y los otros dos tienen relación directa con ella. Es decir, todos los pedidos –en mayor o menor medida- tienen un requerimiento financiero detrás. En varios, el Gobierno podría encontrar un espacio fiscal para ceder, pero en otros es menos probable.
¿Por qué? Primero porque hay que tener claro cuál es la tendencia del mandatario. Lasso es un empresario cuya hoja de vida se ha enmarcado en dirigir uno de los bancos más grandes del país. Cree que la creación de empleo debe darse fortaleciendo la empresa privada y administrando de forma más corporativa los recursos estatales. Su plan de Gobierno fue construido así, con una visión cercana al libre mercado e ideológicamente conservadora.
Como lo explica el analista económico Santiago Mosquera a Bloomberg Línea, “la administración de Lasso vino con un discurso pro-empresa, pro-apertura comercial, porque cree en eso, entonces, difícilmente él va ceder frente a un pedido que vaya en contra de lo que cree”. Pero más allá de esto, y con miras a resolver el conflicto, ¿cuáles propuestas serían viables y cuáles no?
POCO O NADA VIABLES
1. Reducción de precios de combustibles
Los protestantes piden que se reduzca el costo de la gasolina extra de US$ 2,55 a US$ 2,10 y del diésel de US$ 1,90 a US$ 1,50, a pesar de que el propio Lasso congeló los precios a finales del año pasado. Aquello le significó al Gobierno el retraso de la revisión del programa que mantiene con el FMI y del desembolso de US$ 700 millones que estaba previsto para finales de 2021.
En ese momento, el presidente quiso evitar el costo político que podría representarle que la gasolina extra y el diésel sigan subiendo. Ahora no podría reducir aún más los precios, sobre todo para respetar el acuerdo con el Fondo y no tensionar una relación que ha sido bastante fluida y que le ha permitido al Ecuador cubrir sus necesidades de financiamiento para este año.
“Los pedidos que tienen el impacto fiscal más grande (como el de los combustibles) son los menos susceptibles de ser aceptados porque en cierta medida el Ecuador ya tiene compromisos, entonces no se podrían tocar”, comenta el también decano de la Escuela de Negocios de la UDLA.
2. Menos minería
¿Qué piden los manifestantes? Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Además de la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles y la derogatoria de los Decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería.
Al igual que en el tema petrolero, la industria minera es uno de los pilares sobre los que Lasso apuntala su gestión. Esta semana, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, anunció en Toronto que el catastro minero se reabrirá a fin de año, con lo que esperan más inversiones en este rubro. El Gobierno asegura que apenas 10% del potencial minero del país está concesionado, por lo que espera potenciar ampliamente ese porcentaje.
Del lado de la Conaie aquí existe una contradicción, pues mientras por un lado exigen menos actividad petrolera para evitar impactos socioambientales, por otro piden combustibles más baratos, que son altamente contaminantes. Dentro de la lógica económica, además, no puede abaratarse el combustible mientras el país tenga que seguir importándolo y subsidiándolo, pero para tener combustibles propios se debe potenciar la producción petrolera local.
3. Menos concesiones
La agenda de la Conaie dice, textualmente, que se debe poner un “alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras”.
Al respecto, cabe precisar que la Constitución prohíbe la privatización de los bienes públicos, es decir, impide que el Estado pierda la propiedad de los activos. Lo que sí se permiten son figuras como la concesión o la Asociación Público-Privada, en la que si bien existe inversión de un tercero, el Estado sigue siendo el dueño.
El tema es que el Gobierno viene adelantando ya varios procesos de concesión a través de convocatorias y concursos con la idea de conseguir inversionistas privados que faciliten la operación de estos proyectos. Por ejemplo, recientemente se conoció que la venta del Banco del Pacífico (entidad privada cuyo accionista mayoritario es el Estado) se concretará en diciembre y pasará a manos de un banco extranjero.
Asimismo, la semana anterior Petroecuador arrancó con el concurso para potenciar la Refinería de Esmeraldas –la más grande del país- y el campo gasífero Amistad. Es decir, mucha de la agenda está adelantada y difícilmente podrá dar marcha atrás.
A Santiago Mosquera también le parece “muy difícil” que este punto se pueda negociar “porque es uno de los pilares de la propuesta de gobierno de Guillermo Lasso” y “es algo que está comprometido en hacer, es más, todo el resto de su periodo se quiere sustentar en el progreso que genera la inversión privada en este tipo de iniciativas”.
VIABLES O PARCIALMENTE VIABLES
4. Moratoria de deudas
La Conaie pide alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas).
Esta solicitud podría encontrar cierta viabilidad luego de que al inicio de su mandato el presidente emitiera un decreto para que las instituciones y empresas que prestan servicios de referencia crediticia eliminen de las bases de obligaciones vencidas a quienes deban menos de US$ 1.000. Aunque esta medida no eliminó las obligaciones, sí favoreció a las personas con deudas que no podían acceder a nuevos préstamos o empleos por su mal historial crediticio.
Así, el Gobierno podría estudiar un mecanismo similar o analizar de forma individual los casos y proporcionar las ayudas correspondientes según amerite. Mosquera cree que el Gobierno podría, efectivamente, refinanciar las deudas impagas y transformarlas “en nuevas líneas de crédito de largo plazo”, tal como lo está haciendo con el Crédito de las Oportunidades al 1% de interés y a 30 años plazo, que actualmente se está entregando al sector productivo del país.
5. Empleo y derechos laborales
La propuesta de la Conaie es que se creen políticas e inversión pública “para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular”. Además, exigen el pago de las deudas a la Seguridad Social.
Aquí hay avances parciales también, especialmente en lo relacionado con la Seguridad Social, pues el Gobierno ha reconocido que existe una deuda heredada con el IESS y la ha clasificado recientemente. Además, ha realizado abonos; el último fue el 30 de mayo por US$ 140 millones y el próximo será en octubre. El IESS reclama al Gobierno Central el pago de una deuda por atenciones de salud a jubilados y a personas con enfermedades catastróficas, que suma US$ 4.576 millones.
Sobre los derechos laborales, Mosqueda cree lo que el Gobierno puede ofrecer es no enviar ningún proyecto de ley al respecto y asegurar que no hará reformas a través de decretos ejecutivos.
La molestia de los pueblos indígenas no es casual, pues la pobreza es más severa en la ruralidad (42,4%), lo mismo que el empleo inadecuado.
6. Precios justos a productores
La solicitud de los manifestantes es que se garantice el pago de precios justos en los productos del campo, como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate, entre otros, para que los campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
En esto existen varios avances. Por ejemplo, se está investigando de cerca a las exportadoras que incumplen el pago mínimo de caja de banano al productor (US$ 6,25). Hasta ahora, entre 17 y 20 empresas presentan inconsistencias en la información que entregaron al Ministerio de Agricultura. De comprobarse las irregularidades, enfrentarán sanciones.
Asimismo, ayer el ministerio informó que realiza operativos de control para frenar especulación en el precio del maíz. Del lado más formal, el Legislativo aprobó hace pocos días una ley que determina un precio de sustentación para la leche. Y, aunque no es lo deseable que el control de precios esté a cargo del Estado, las conversaciones podrían progresar para establecer algo similar con otros productos.
7. Control de precios
La propuesta es que se emitan políticas de control de precios y de especulación en el mercado de los productos de primera necesidad y de productos industrializados en las cadenas de supermercados. Para esto, el Gobierno ya dio un primer paso emitiendo un decreto que ordena a los gobernadores e intendentes de cada provincia a reforzar el control de precios.
Aunque una política de control estatal puede profundizar la especulación y generar contrabando, Lasso al menos ha intentado dar una respuesta inicial al pedido a pesar de que la inflación es, al momento, un fenómeno mundial que en Ecuador aún no ha tenido un impacto tan grande debido a la dolarización de la economía.
Por ello, para controlar la escalada de precios, algo que sí podría hacer Lasso es reducir el costo de ciertas materias agrícolas que permiten la producción alimentaria y que, en su gran mayoría, son importadas. Insumos como la urea, por ejemplo, hoy tienen precios elevados por la invasión de Rusia a Ucrania. “Retirar los aranceles a ciertas materias primas y compensar así la subida de precios es una opción”, afirma el catedrático.
8. Mejora en salud y educación
El reclamo pasa por pedir un “presupuesto urgente” frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Además de garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y el mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
Este pedido es quizás uno de los más colectivos, pues la ciudadanía ha resentido la falta de medicinas en los hospitales y el declive de los servicios públicos, principalmente en la salud. El Gobierno se ha comprometido a acelerar la inversión en estos sectores, es decir, además de que existe “espacio fiscal” también “hay la voluntad política para canalizar más recursos a la salud y educación”, reconoce Santiago Mosquera.
Y explica que esto se debe, precisamente, al elevado precio del petróleo que le está generando excedentes al Estado. “El Ecuador, afortunadamente, hoy atraviesa una coyuntura que le permite sentarse a negociar con dinero en el bolsillo. Los ofrecimientos concretos no pondrán en peligro el proceso de consolidación fiscal y puede que, efectivamente, ayuden a compensar problemas históricos de varios sectores de la sociedad”. Lo importante, a decir de Mosquera, es que el gasto sea enfocado en inversión y no en gasto corriente.
9. Derechos colectivos
La Conaie pide respeto a 21 derechos colectivos, entre ellos, educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
Sobre esto, la consulta previa quizás es la que trae más reclamos, pues muchas comunidades indígenas han denunciado que no han sido consultadas antes de que el Estado inicie proyectos extractivistas. Reclaman que su voz no ha sido escuchada ni respetada. El Gobierno sí podría allanar el camino para llegar a un entendimiento al respecto utilizando la normativa vigente e impulsando mecanismos políticos que involucren a las partes.
10. Medidas contra la delincuencia
Los manifestantes piden seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado “que mantiene en zozobra al Ecuador”.
Esa también es una de las preocupaciones centrales de la administración actual y quizás en lo que más coincide con el movimiento indígena, pues la ola de violencia que se ha desatado en el país no tiene comparación y cada vez se recrudece. En este aspecto, las partes podrían encontrar más de un punto de convergencia e, incluso, desarrollar una estrategia conjunta que involucre a ambas partes.
Esto a pesar de que han sido los propios manifestantes quienes han protagonizado episodios altamente violentos y atentados contra la propiedad pública durante las protestas.
NEGOCIAR, LA CLAVE
El presidente Lasso reiteró anoche nuevamente su voluntad de negociar con los manifestantes. Dijo estar abierto a una mediación de la Iglesia Católica, los alcaldes o las universidades, pero también advirtió que no cederá ante la violencia y que la fuerza pública responderá en la medida de sus facultades.
De su lado, Leonidas Iza no declina su postura y está a la espera de que el mandatario acepte toda la agenda propuesta por su movimiento. Frente a esta negativa, aún es incierto lo que le espera al Ecuador, que ya empieza a sentir a todo nivel los estragos del enfrentamiento.
