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Bloomberg Opinión — El Covid-19 hizo que el hambre se convirtiera en una preocupación crítica cuando millones de estadounidenses perdieron sus empleos, las familias se quedaron en casa y las cadenas de suministro se interrumpieron. Ahora la inflación y la guerra están haciendo que la situación sea peor.

Garantizar que la gente tuviera suficiente comida para alimentar a sus familias no fue una cuestión partidaria durante la pandemia, cuando el Congreso aprobó medidas de ayuda. Y no debería serlo ahora, a medida que las presiones económicas y medioambientales que escapan al control de cualquier individuo hacen que la inseguridad alimentaria sea una crisis duradera y definitoria de nuestro tiempo.

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Uno de cada seis estadounidenses recurrió a bancos de alimentos para sobrevivir el año pasado: fueron 53 millones de personas, en contraste con 40 millones antes de la pandemia. Ahora, incluso a medida que la pandemia disminuye, el número de estadounidenses hambrientos está aumentando de nuevo. Los precios de los alimentos se han disparado un 12% en el último año, el mayor incremento desde 1979. Algunas de las mayores organizaciones de ayuda alimentaria del país, como el Banco de Alimentos de la Comunidad de Atlanta, han informado recientemente de máximos de demanda tan importantes como los de los primeros meses de 2020.

La amenaza es mayor para las familias que dependen de los programas de esta naturaleza, como el El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura, ya que las asignaciones de emergencia concedidas durante la pandemia están comenzando a expirar. Los niños son especialmente vulnerables, ya que las escuelas cierran durante el verano boreal y millones de estudiantes de bajos ingresos se enfrentan a meses sin almuerzos gratuitos.

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Las presiones de la inflación creciente, cadenas de suministro aún frágiles, la reducción de las importaciones de cereales debido a la invasión rusa a Ucrania y la intensificación de los efectos del cambio climático están prolongando y agravando la inseguridad alimentaria a nivel global. Sin embargo, en Estados Unidos el hambre sigue siendo considerado por muchos legisladores conservadores como un defecto personal que el gobierno no tiene la obligación de remediar ahora que la pandemia ya no es una prioridad pública.

La realidad es que, a medida que la economía se tambalea y más personas tienen dificultades para obtener alimentos, se necesitan más fondos, no menos. Los legisladores deben aprobar el gasto de emergencia en programas de ayuda alimentaria como el SNAP y proporcionar apoyo adicional a las redes locales de alimentos y a los bancos de alimentos. Aproximadamente 41 millones de estadounidenses están actualmente inscritos en el SNAP, con beneficios mensuales promedio de US$233 por persona. En 2020, los paquetes de ayuda para la pandemia del Congreso permitieron a los estados emitir asignaciones adicionales de cupones de alimentos de emergencia de al menos US$95 por persona, asignaciones que ahora se están eliminando gradualmente. El Congreso puede (y debe) cambiar inmediatamente la fecha de expiración de estas asignaciones de emergencia con una extensión de ayuda independiente.

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También debe ampliar los fondos disponibles para los bancos de alimentos y las despensas a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia; los miembros de Alimentando a Estados Unidos, una red nacional de 200 bancos de alimentos, han solicitado una asignación de US$450 millones de financiación anual y US$200 millones para los costos de distribución para satisfacer las crecientes necesidades de las organizaciones de ayuda contra el hambre.

Lo más urgente es que el Congreso prorrogue las exenciones del USDA, que expiran el 30 de junio, que proporcionan comidas gratuitas a los estudiantes de las escuelas públicas y les ayudan a seguir accediendo a esas comidas durante el verano. Los legisladores deben aprobar de inmediato la Ley Keep Kids Fed (Mantener alimentados a los niños), presentada esta semana por un grupo bipartidista de senadores, una legislación que extendería estas exenciones. El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes también está considerando propuestas para extender el SNAP y ampliar la financiación de los bancos de alimentos, políticas que también deberían aprobarse rápidamente en apoyo de las familias estadounidenses.

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Sin embargo, mientras se debate la financiación del SNAP en Washington, algunos republicanos están intentando hacer justo lo contrario. En una reciente audiencia del Comité de Agricultura, los legisladores del Partido Republicano propusieron frenar el gasto del SNAP y exigir reglas más estrictas de elegibilidad como una forma de obligar a la gente a volver a la fuerza de trabajo. “Me sigue preocupando que la ayuda pandémica se convierta en ayuda endémica”, dijo Glenn Thompson, el líder republicano del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

El antagonismo hacia SNAP no es nuevo(-los republicanos propusieron cambios drásticos al SNAP tanto en el proyecto de ley agrícola de 2014 como en el de 2018), pero su lógica se ha vuelto aún más gravemente defectuosa y anticuada.

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La reducción de los beneficios del SNAP no obligará a los desempleados a volver a la fuerza de trabajo por la evidente razón de que un requisito previo para la elegibilidad del SNAP es el empleo (salvo circunstancias atenuantes, como si el beneficiario es discapacitado o cuida de niños menores de 6 años). En la actualidad, el hambre en EE.UU. afecta tanto a los empleados como a los desempleados, y los opositores al SNAP no reconocen que la necesidad de ayuda alimentaria ha superado la pandemia.

La inestabilidad económica, las interrupciones de las cadenas de suministro y la reducción de las importaciones de grano están aquí para quedarse durante el futuro previsible. Los titulares de las noticias de las últimas semanas han subrayado cómo el cambio climático está disminuyendo el rendimiento de las cosechas y contribuyendo al aumento de los precios de los alimentos. Sólo este mes, los incendios forestales han devastado las granjas de toda Europa, la sequía ha seguido paralizando a los productores de alimentos en el oeste de EE.UU., y la India ha perdido millones de acres de producción de granos debido a un calor sin precedentes.

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Se ha prestado cierta atención a la grave y creciente inseguridad alimentaria en otros países y regiones, en particular en las regiones de Oriente Medio, el sureste de África y el sur de Asia, asoladas por la sequía, donde el hambre se ha convertido en una auténtica hambruna. La ayuda internacional es tan escasa que el gobierno de Biden optó por agotar por completo los fondos de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID por su sigla en inglés) destinados a la ayuda alimentaria mundial. Fue un uso necesario de los recursos, pero también un signo desgarrador de los tiempos.

A pesar de todo, soy optimista sobre el futuro alimentario: Las soluciones abundan en la agricultura sostenible, regenerativa y climáticamente inteligente, y las estrategias de recuperación de alimentos y de ayuda al hambre son cada vez más sofisticadas. Mientras los legisladores crean mejores redes de seguridad, los inversores pueden desempeñar un papel clave para impulsar la financiación en estas áreas cruciales de innovación. Los filántropos y los ciudadanos pueden centrarse en la donación y el voluntariado en bancos de alimentos y despensas locales, y en el apoyo a las redes alimentarias locales y regionales.

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Pero las soluciones no prevalecerán sin un cambio de conciencia: Aceptar que la creciente ola de hambre en EE.UU. no es un problema pasajero sino una realidad duradera. Establecer soluciones inmediatas y a largo plazo debe convertirse en un imperativo moral que exceda la orientación partidaria.

Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.

Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha.