:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/Z7ZT7Z2URZFKJC3SWQ6MFXPM34.jpg "Las manifestaciones en Ecuador que ocurrieron en junio inquietan a los inversores.")
QUITO — La agencia calificadora internacional S&P Global Ratings confirmó la calificación de crédito soberano a largo y corto plazo de Ecuador en la categoría “B-/B”, además mantiene una perspectiva estable de la economía. Sin embargo, le preocupan varios temas, entre esos el social.
En el documento explica que la perspectiva estable se debe a que consideran que durante los próximos 12 meses, la administración de Ecuador “seguirá comprometida con las políticas fiscales y económicas destinadas a reducir los desequilibrios del soberano, a pesar de los riesgos de ejecución en medio del débil apoyo en la Asamblea Nacional y las frágiles condiciones socioeconómicas”.
Las perspectivas también consideran un progreso continuado debido al acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que el país mantiene con el FMI y que se espera finalice en diciembre de este año. “Este apoya el acceso a la financiación oficial, que es clave dado el pequeño mercado local y la incertidumbre sobre la capacidad de aprovechar los mercados internacionales”, señala el informe.
UN ESCENARIO PESIMISTA
Sin embargo, S&P explica que en un escenario pesimista podría rebajar su calificación en el próximo año “si una dinámica política imprevista conduce a desequilibrios fiscales superiores a nuestras expectativas o dificulta el acceso a los préstamos oficiales”.
En ese sentido, la calificadora habla de “los grandes aumentos del gasto permanente financiados por los elevados ingresos del petróleo” que podrían “aumentar la vulnerabilidad a las perturbaciones de los precios de los productos básicos”.
Y, dado que el acceso a los mercados internacionales es aún incierto –explica S&P-, los mayores déficits fiscales podrían aumentar la dependencia de la deuda a corto plazo, deteriorando el perfil de deuda recientemente mejorado y aumentando rápidamente las presiones de liquidez.
“También podríamos rebajar las calificaciones si las acciones legales emprendidas contra el soberano a raíz de diferentes procesos de litigio obstaculizan la capacidad de Ecuador para realizar puntualmente los pagos del servicio de la deuda o si vemos perspectivas de una operación de gestión de la deuda que podría considerarse un canje de deuda en dificultades”, añade el reporte.
EL ESCENARIO OPTIMISTA
En tanto que en un escenario optimista, la calificadora considera que podría elevar la calificación de Ecuador en los próximos 12 o 18 meses si la ejecución de las políticas fiscales y de otro tipo se traduce en un ritmo de mejora fiscal más rápido de lo previsto, al tiempo que se mantienen los superávits por cuenta corriente.
A decir de S&P, la combinación de flujos fiscales y externos más fuertes mejoraría la posición de deuda externa de Ecuador y podría apoyar la recuperación del acceso a los mercados mundiales. “También podríamos elevar las calificaciones si el crecimiento del PIB real se fortalece y se pone en línea con el de sus pares con un nivel de desarrollo económico similar”.
De acuerdo con la calificadora, las calificaciones de “B-” reflejan los recientes avances en la reducción de los elevados déficits fiscales de Ecuador y en la disminución de la carga de la deuda neta de las administraciones públicas. Además, un perfil fiscal más sólido tras los progresos realizados en el marco del programa con el FMI “es también un elemento clave en nuestras calificaciones”.
Lo anterior ha ayudado a reducir la brecha de financiación y a asegurar la financiación oficial, mientras que el acceso a los mercados internacionales de deuda sigue siendo incierto tras el canje de deuda de 2020, dice S&P.
LAS AMENAZAS
S&P cree que las debilidades institucionales de larga data, exacerbadas por el aumento de la tensión social -como las recientes huelgas nacionales y las luchas políticas internas entre el poder ejecutivo y la Asamblea Nacional, incluida una reciente votación de destitución-, limitan la velocidad del ajuste fiscal y mantienen las necesidades de financiación por encima del 6% del PIB.
Además, la compleja dinámica política y social ha impedido una mejora de la confianza de los inversores, a pesar del fortalecimiento de los indicadores fiscales y externos en el contexto de los altos precios del petróleo. “Esto pesa sobre las perspectivas de crecimiento económico, limitando las calificaciones”, apunta. A lo anterior se suma que el PIB per cápita y el empleo no se han recuperado totalmente de la grave recesión económica de 2020.
EL FUTURO
La calificadora espera que el déficit del gobierno general caiga al 2,2% del PIB en 2022, desde el 2,5% en 2021 y el 7,2% en 2020. Es más, “es probable que el déficit sea del 2,2% del PIB en promedio en 2023-2025″.
También asume que “el sólido desempeño de los ingresos este año mitigará la erosión presupuestaria de las presiones de gastos adicionales luego de la huelga nacional en junio”. Desde su perspectiva, los precios del petróleo han sustentado la rápida recuperación de las regalías, cuya contribución a los ingresos del gobierno central superó el 35% en 2021. Por ello, “los altos precios deberían elevar los ingresos petroleros del gobierno central a $11.700 millones en 2022 desde $8.700 millones en 2021″.
