:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CWMTDW2KPNEJTEGX5OEOXTURVQ.jpg "Foto referencial de la localidad de Santa Rosa de los Épera, Esmeraldas-Ecuador.")
QUITO — Aunque los ingresos petroleros y tributarios del país crecieron en el primer semestre de 2022 (24% y 28%, respectivamente) y el país alcanzó un superávit de US$ 609 millones, la ejecución de esos recursos deja mucho que desear, pues apenas un ministerio ha devengado más del 50% del dinero asignado. Los demás ministerios y otras dependencias (secretarías, Presidencia, Vicepresidencia) tienen índices inferiores.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/XVU4ATMPOT7XJYFCUVIFZDJQ4I.jpg "El riesgo país de Ecuador no cede, ni cederá… al menos no mucho")
Así se desprende de un reciente informe elaborado por el Observatorio de Gasto Público que determinó que el nivel general de ejecución presupuestaria en todo el aparato estatal ecuatoriano llega a 49% al cierre del primer semestre del 2022.
Y aunque el Estado está compuesto por cinco funciones, desde la Función Ejecutiva se ordena, coordina y administra la construcción o ejecución de obras. Por ello, el Observatorio revisó los niveles de ejecución del presupuesto de las 26 entidades adscritas al Ejecutivo.
Un hallazgo central es “la baja capacidad de ejecución” de tres entidades que han devengado menos del 10% de su presupuesto anual en medio año: el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (7,83%), el Ministerio de Energía y Minas (5,01%), y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (9,69%).
Asimismo, otras tres entidades usaron apenas una quinta parte de su presupuesto anual: el Ministerio de Economía y Finanzas devengó un 19,9%; el Ministerio del Trabajo, un 21,4%; y la Presidencia de la República -que duplicó su presupuesto para 2022- devengó apenas un 21% en seis meses.
Según el reporte, “llama la atención la ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas” que apenas utilizó un 28% del presupuesto anual después de transcurrido medio año fiscal. Otras carteras de Estado con cifras similares son los ministerios de Agricultura, Ambiente, Turismo; y, las secretarías de Derechos Humanos y de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por otro lado, los mejores niveles de ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2022 son el Ministerio de Telecomunicaciones (54,4%), el Ministerio del Deporte (49,9%); y, el Ministerio de Relaciones Exteriores (47,4%).
A continuación el cuadro completo:
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ERFZTAWH5FAOTJRJVDKMSDHPYE.JPG "Ejecución presupuestaria de la Función Ejecutiva. Fuente: Ministerio de Finanzas. Cortesía: Observatorio del Gasto Público.")
LA PRESIDENCIA Y LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
La Presidencia de la República una ejecución presupuestaria de 20,9%. Además, duplicó su presupuesto anual para este 2022, pasó de US$ 21,5 millones a US$ 41,6 millones y el grueso de este incremento se destinó al rubro de Bienes y Servicios de Consumo, pasando de US$ 7,5 millones a US$ 27,7 millones.
También sumó US$ 37.706 en Bienes de Larga Duración, US$ 364.838 en Otros Pasivos y redujo US$ 479.429 del presupuesto para personal (que llegó a los US$ 12 millones), así como 102.142 de las Transferencias Corrientes.
De acuerdo con la investigación, la Vicepresidencia de la República es una de las dos únicas instituciones del Ejecutivo que no modificaron su presupuesto anual. Sus niveles de ejecución al primer semestre de 2022 “son bastante aceptables”. De su presupuesto anual, US$ 2,7 millones se asignan al pago de personal; US$ 377.185 al pago de bienes de consumo; USD 73.922 a los egresos corrientes y US$ 26.463 a bienes de larga duración.
PREOCUPA VIVIENDA Y OTROS
El Ministerio de Vivienda tiene apenas 7,83% de ejecución. Registró un incremento leve de US$ 111.510 para su presupuesto anual; sin embargo, esta es una de las entidades con más bajo nivel de ejecución presupuestaria a mitad de año.
De los US$ 74,2 millones asignados, apenas ha comprometido US$ 5,8 millones en un semestre. El Ministerio de Vivienda cuenta con un presupuesto anual de USD 1,2 millones para obra pública que no se ha tocado en todo el año. Asimismo, los fondos para Bienes de Larga Duración, Transferencias para Inversión también son menores al 1%.
¿Por qué deben preocupar esos datos? Precisamente porque en Ecuador existe un déficit aproximado de 2,7 millones de casas. El Gobierno se puso como meta construir, al menos, 460.000 viviendas y, aunque no hay cifras de cuántas se han construido hasta el momento, el gasto puede dar algunas luces, pues de US$ 74 millones asignados, apenas se han usado US$ 6 millones en ocho meses.
También existen otros rubros que inquietan y que, sobre todo, preocupan a la ciudadanía, como la salud y la obra pública, pues en los hospitales el reclamo por medicinas e insumos es permanente, y muchos servicios públicos permanecen deteriorados.
LA POCA INVERSIÓN HUNDE EL CRECIMIENTO
Pero además del desencanto ciudadano, la lenta inversión del Estado puede incidir a la larga en el crecimiento económico del país. La semana pasada la Cepal advirtió que se necesita mejorar la inversión regional para que la recuperación sea real.
En Ecuador precisamente esa es una de las mayores tareas pendientes. En el primer trimestre de 2022, la formación bruta de capital fijo creció apenas 4% y la inversión extranjera cayó 45%, el desempeño más pobre desde 2013.
Y, aunque el Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha prometido un ‘shock’ de inversiones para fomentar el crecimiento del país, aquello aún no se ha reflejado en la atracción de la IED.
A esto se suma que el país aún es visto como riesgoso para las inversiones. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos realizó una evaluación sobre el clima de inversiones en Ecuador, y si bien destaca la sostenibilidad fiscal y el intento por mantener un ambiente favorable para la inversión extranjera, también menciona seis desafíos que deben tratarse con urgencia para mejorar el panorama del país y que son:
- Reputación como país de alto riesgo
- Políticas inestables y complejidad legal
- Difícil relación política con el Legislativo
- Menos inversión pública por la crisis
- Dificultad para atraer inversión transparente y competitiva
- Corrupción
