Honduras

Invasiones a propiedad privada siguen extendiéndose en Honduras, denuncian empresas

Desde el Congreso Nacional contemplan adjudicar tierras incautadas y con sentencia firma a los campesinos como una opción para resolver la problemática que sigue en todo el país

Daño ambiental y acaparamiento de tierra registrado esta semana en el Parque Nacional Montaña Botaderos (PNMB), ubicado entre Colón y Olancho.
17 de septiembre, 2022 | 05:00 AM

San Pedro Sula — El empresariado hondureño considera que las invasiones en propiedades privadas registradas lo largo de todo el país están convirtiéndose en una “metástasis”, por lo que piden al Gobierno que conforme una mesa de trabajo en busca de una posible y pronta solución.

Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dijeron que a causa de la problemática hay 500.000 empleos afectados. “Está en riesgo la economía nacional y la seguridad jurídica. No hay empresa que quiera invertir al país derivado de esto y está en riesgo la seguridad alimentaria”, dijo el gerente de Asesoría Legal de la gremial, Gustavo Solórzano, en entrevista a medios de la capital.

A finales de agosto, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, que preside el diputado Rafael Sarmiento, se reunió con representantes del Instituto Nacional Agrario (INA), de la Procuraduría General de la República, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y el Cohep, para socializar un proyecto de ley que contempla la adjudicación de tierras incautadas y con sentencia firme a los campesinos.

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En ese diálogo, Sarmiento reconoció que “hay una deuda histórica del Estado de Honduras” para dotar de tierra al sector campesino nacional y así aumentar la producción de alimentos.

Según estimaciones de la OABI, hay 2.044 manzanas de tierra con sentencia firme y 7.361 manzanas de tierra que los imputados aún continúan en juicios en los respectivos juzgados.

Sin embargo, para hacer posible la propuesta, hará falta modificar varias leyes como la de Privación de Dominio, la Ley de la OABI y verificar la Ley de Bienes Nacionales, indicó Sarmiento, quien es diputado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

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Más sectores exigen respuestas

La Asociación de Productores de Palma Africana del Valle del Aguán (Aprova) dijo este viernes en un comunicado que siguen esperando el desalojo de un grupo de personas que usurparon su finca Chapagua el 29 de enero, dos días después del inicio del nuevo gobierno.

A finales de febrero, la empresa campesina firmó un acuerdo con el gobierno, parte del sector privado y dos empresas del sector social de la economía, para crear una comisión jurídica que dejaría en claro a quien le asiste el legítimo derecho de las propiedades en conflicto.

“Aunque ya estaban las ordenes de desalojo a nuestro favor accedimos a firmar el acuerdo porque fuimos conscientes que había que darles tiempo”, agregó Aprova, empresa conformada por 218 socios y ubicada en Sabá, Colón, al oriente hondureño.

No obstante, la comisión jurídica finalizó el 21 de julio y desde entonces, la empresa aguarda por una respuesta de las autoridades. “Hacemos un llamado al gobierno de la República ya que todo nuestro patrimonio está hipotecado con la banca privada de nuestro país producto de financiar la compra de la finca que fue invadida después de haber sido comprada, argumentos que de sobra se los hemos comprobado y aun así no hay respuesta de parte de las autoridades”, denunció la Asociación.

La empresa reconoció la lucha de un sector del campesinado “que de verdad necesitan la tierra”, por lo que instó al gobierno a realizar las gestiones dentro del marco legal para resolver la problemática.

También la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR), que durante el mes pasado hizo pública una denuncia invasiones en propiedades privadas, volvió a referirse al tema esta semana a través de una conferencia de prensa. En ella, los miembros de la gremial dijeron que hay unas 2,152 manzanas de tierras productivas invadidas en esa región del país.

“Nuevamente solicitamos a la institucionalidad del Estado la debida celeridad para que el derecho de propiedad sea respetado y se restituya ese derecho real que corresponde a los legítimos tenedores de esas tierras”, dijo Carlos Zelaya, director ejecutivo de la CCISUR.

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