Un cliente comprueba un gráfico de precios de Ethereum en un teléfono móvil frente a un cajero automático (ATM) dentro de un intercambio de criptodivisas en Barcelona, España, el jueves 8 de septiembre de 2022.
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Bloomberg Opinión — A los responsables de formular las políticas estadounidenses, el mercado de las criptomonedas les ha brindado la oportunidad de su vida. Hace menos de un año, estaba a punto de convertirse en una amenaza sistémica, acumulando discípulos, apalancamiento e influencia política más rápido de lo que los reguladores podían controlar. Entonces, el peligro se disipó milagrosamente: Se produjo una implosión del mercado antes de alcanzar la masa crítica, entrando en el “criptoinvierno” que persiste hasta hoy.

Este respiro podría no durar mucho. Los responsables de la formulación de políticas deberían actuar ahora para imponer algunas reglas muy necesarias en este mercado.

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Las áreas problemáticas están claras. El número 1 es el de las stablecoins, o tokens digitales que pretenden valer un dólar y que son utilizados por los especuladores para obtener apalancamiento o para aparcar fondos entre apuestas. En su punto álgido, este tipo de monedas llegaron a atraer más de US$160.000 millones, que sus emisores han invertido en activos que van desde la deuda corporativa hasta el bitcoin, pasando por la nada misma. El peligro es que una pérdida repentina de confianza desencadene un éxodo, como ocurrió con la stablecoin Terra en mayo. Cuantos más activos regulares posean los emisores, mayores serán las posibilidades de que se produzcan trastornos más amplios, por ejemplo, en los mercados de los que dependen las empresas del mundo real para pagar las nóminas y conseguir capital circulante.

Otra amenaza surge si los bancos comerciales se exponen a las criptomonedas, ya sea directamente o a través de préstamos a empresas y fondos de cobertura. Si, por ejemplo, los principales bancos hubieran estado entre los acreedores de las entidades ahora en bancarrota Celsius o Three Arrows Capital, que en su punto álgido tenían decenas de miles de millones de dólares en pasivos combinados, el colapso de las criptomonedas podría haber causado un daño mucho más amplio. Por suerte, los reguladores parecen haber evitado ese resultado y siguen vigilando, aunque todavía no han adoptado ninguna norma formal.

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Más allá de eso, una miríada de tokens digitales y centros de negociación (incluidos los grandes intercambios operados por Coinbase y Crypto.com) no se enfrentan en su mayor parte a las mismas normas de protección del consumidor, divulgación, gobernanza, seguridad y solidez que los activos tradicionales y los intermediarios financieros. Por ello, en el mercado abundan los hackeos, la manipulación, las transacciones por cuenta propia y el fraude descarado, mientras los reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), se esfuerzan por saber cómo responder y quién debe encargarse de qué.

Lo ideal sería que el Congreso impusiera algo de orden. Hay muchas propuestas de ley, algunas de ellas buenas. Un proyecto de ley bipartidista exigiría (de forma sensata) que las stablecoins estuvieran respaldadas por activos de alta calidad divulgados con regularidad y establecería la supervisión de los tokens y las bolsas de criptomonedas. Dicho esto, también complicaría las cosas al crear una nueva categoría de “activos auxiliares” para ciertos tokens digitales, e incluye medidas dudosas como exenciones fiscales para los “mineros” que procesan las transacciones de la cadena de bloques. Además, con las elecciones de mitad de mandato que se avecinan, es poco probable que los legisladores avancen pronto.

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Los funcionarios no necesitan esperar al Congreso. Los reguladores bancarios, por su parte, tienen el poder de crear una carta limitada para los emisores de stablecoins: Aquellos que cumplan con las normas necesarias, incluyendo los activos y la gobernanza, podrían recibir privilegios como el acceso a cuentas en la Reserva Federal; otros se enfrentarían a un estricto escrutinio y posibles sanciones. Las autoridades también pueden adoptar estrictos requisitos de capital, garantizando que cualquier exposición a las criptomonedas se financie con fondos propios que los bancos puedan permitirse perder.

En cuanto a los tokens y los intercambios, la SEC y la CFTC deberían cooperar. Apenas importa si una cosa se llama valor o mercancía, siempre que se establezca alguna apariencia de transparencia y responsabilidad. Para ello, el expresidente de la CFTC, Timothy Massad, y el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Howell Jackson, tienen una propuesta prometedora: las agencias deberían crear una organización financiada por la industria (similar a la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) que establecería normas razonables para todos los criptoinstrumentos e instituciones relevantes. Al igual que con los emisores de stablecoin, las entidades que no cumplieran se arriesgarían a sufrir consecuencias legales.

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Puede que la tecnología subyacente a las criptomonedas aún produzca beneficios, pero el frenesí especulativo que la rodea todavía tiene el potencial de hacer mucho daño. Pocas veces la historia ha concedido a las autoridades una segunda oportunidad para atajar una amenaza tan evidente para el sistema financiero. No dejes que se esfume.

Editores: Mark Whitehouse, Timothy Lavin.

Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.