Costa Rica

Empresarios ticos alertan que proyecto de ley trae impuestos disfrazados de fondos verdes

El sector industrial de Costa Rica rechaza la Ley Fortalecimiento del Sector de Gestión Integral de Residuos, contenida en el expediente 22-362, al asegurar que generará un impacto en los bolsillos, pero otros sectores apoyan la iniciativa

La ley sugiere integrar a los recicladores de base y a los centros de acopio.
06 de octubre, 2022 | 05:15 PM

Bloomberg Línea — Representantes de la industria alimentaria costarricense enviaron una alerta a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa por la tramitación del expediente 22-362 referido a la Ley Fortalecimiento del Sector de Gestión Integral de Residuos, el cual aseguran que generará un impacto “muy importante” sobre los bolsillos de las familias, los consumidores y las empresas.

El proyecto propone una modificación a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, al agregar tres artículos que establecen un sello de calidad de economía circular, incentivos para gestores integrales de residuos, exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de recolección, transporte y acopio, preparación para la valorización, tratamiento, valorización, exportación o disposición final de residuos reciclables, coprocesables, especiales y/o peligrosos, que se encuentren debidamente inscritos ante la Administración Tributaria y el Ministerio de Ambiente y Energía.

En redes sociales, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), Mario Moreno, aseguró que el proyecto de ley que se discute en el Congreso “está creando nuevos impuestos, enmascarados de fondos verdes que están totalmente desproporcionados y que vienen a generar un impacto profundo en la economía costarricense en tiempos en los cuales afrontamos precios altos de absolutamente todo”.

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Sin embargo, Moreno dijo que la industria está muy preocupada por la “intención de ciertos grupos de interés por generar más impuestos sobre el resto de la sociedad para subsidiar su actividad económica”, por lo cual exhortó a los diputados para que “una iniciativa de esta naturaleza no vea la luz pública”.

Las implicaciones del expediente 22-362

El texto base del proyecto de ley sugiere que los recursos provenientes de la contribución especial, que se establecerá para toda persona física o jurídica que produzca o importe bienes cuyos residuos finales sean declarados de manejo especial y/o peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía, constituyan el Fondo para el Manejo de Residuos (Fomare).

Este fondo será administrado por el Ministerio del Ambiente y Energía en una cuenta especial. La ley propone que tal contribución especial no podrá superar el equivalente a tres dólares, como máximo, por cada unidad producida o importada.

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Al respecto, según Juan Ignacio Pérez, director ejecutivo de la CACIA, el costo, al imponerse “sobre una gran cantidad de bienes, muy necesarios en la cotidianeidad de las empresas y personas, irremediablemente se traspasará a los precios del mercado”.

En declaraciones a medios locales, Pérez agregó que la propuesta afecta los proyectos de atracción de inversiones y resulta contradictorio para un Estado que en mayo de 2021 se convirtió en el miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A finales de septiembre, los Industriales de alimentos enviaron una carta a la Comisión de Asuntos Económicos, planteando estas inquietudes a los diputados.

Voces a favor del proyecto sugerido

El proyecto de Ley Fortalecimiento del Sector de Gestión Integral de Residuos surgió de la necesidad de promover la creación y funcionamiento de empresas dedicadas a la gestión integral de residuos en Costa Rica, explicó la diputada Monserrat Ruiz Guevara, por la provincia de Alajuela.

La iniciativa en cuestión señala que cada vez es más importante y relevante la gestión integral de los residuos, ante un panorama mundial de acelerado y alarmante crecimiento de estos.

Por su lado, la Cámara de Gestores Ambientales de Costa Rica (Camgesa), a través de su director ejecutivo Geovanny Castillo, dijo que apoya el proyecto de ley, puesto que el país centroamericano “requiere fortalecer la legislación vigente en materia de residuos si es que se desea más y mejores resultados”.

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La Camgesa apoya el proyecto de Ley e identificó algunos de sus objetivos.dfd

Castillo agregó que se ocupa dotar a la legislación vigente de nuevas herramientas que permitan elevar los niveles de rescate hacia tasas acordes con la realidad internacional. “Costa Rica no puede quedarse atrás en esa materia. No puede tener una tasa de recolección tan baja como hace diez años, cuando todos los países han evolucionado de tasas similares a la que tiene Costa Rica hoy a tasas muy por encima del 50%”, refirió.

Antes de la pandemia, el Ministerio de Salud de Costa Rica registraba 70 municipios de un total de 81 con un Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR), lo que representaba un 86% de las Municipalidades y Concejos de Distrito del país.

No obstante, los rellenos sanitarios del país (21 en total) reciben el 58.3% de los residuos sólidos recolectados, los vertederos controlados un 19.8% y los botaderos a cielo abierto un 21.3%. Mientras, en el Gran Área Metropolitana de San José, compuesta de 31 municipios y 2.5 millones de habitantes, se genera en promedio 1.1 kg de desechos sólidos por persona por día.

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