:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/D35LCRDGRRE3BNXSW6ESM5W6N4.jpg "Audiencia sobre el asalto al Capitolio de EE.UU.")
Bloomberg — Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 dijo que el Congreso debería considerar la posibilidad de prohibir que Donald Trump ocupe cargos públicos, una de varias recomendaciones que buscan intentos futuros de anular elecciones en el país.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/D35LCRDGRRE3BNXSW6ESM5W6N4.jpg "Comité 6 de enero: Trump incitó a la violencia para aferrarse al poder")
En su reporte final, el comité llamó a evaluar la posibilidad de evaluar que a cualquiera que juró un cargo público y luego azuzó la insurrección se le prohíba ocupar cargos bajo la enmienda 14 de la Constitución.
También recomendó cerrar lagunas legales en el recuento de electores presidenciales y a la vez fortalecer la supervisión y el entrenamiento de la policía del Capitolio.
Sin embargo, dado que los republicanos se disponen a hacerse con el control de la Cámara de Representantes el mes que viene tras las elecciones legislativas de noviembre, la mayoría de las propuestas del informe de 814 páginas del grupo se dan por muertas. El comité, formado por siete demócratas y dos republicanos, se disolverá cuando se constituya el nuevo Congreso en enero.
Es poco probable que el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, actualmente candidato a la presidencia, siga las recomendaciones del grupo y ha señalado que podría incluso investigar al propio comité el 6 de enero, por lo que la mayoría de las propuestas tendrían que esperar hasta que los demócratas recuperen la mayoría en la cámara baja.
En contraste con las secciones detalladas sobre las medidas adoptadas por Trump y otros, las cuatro páginas de recomendaciones son amplias y poco esbozadas, y sólo una de las propuestas ha encontrado alguna tracción.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/EGZOYI3AKJHDDALQULGVBST45A.jpg "Congresistas demócratas aprueban publicar las declaraciones impositivas de Trump")
Apenas unas horas antes de que se publicara el informe, el Senado votó a favor de actualizar la Ley de Recuento Electoral de 1887, creando un proceso legal acelerado si un estado se niega a certificar los resultados. La medida también aclara que el vicepresidente no tiene autoridad para ignorar a los electores -como Trump presionó a Mike Pence para que hiciera- y eleva el número de legisladores necesarios para votar una objeción.
La legislación, respaldada por legisladores de ambos partidos, se incluyó en el proyecto de gasto gubernamental de paso obligatorio aprobada por el Senado a principios del jueves y a la espera de la aprobación de la Cámara el viernes. Los cambios del Senado no van tan lejos como el proyecto de ley que aprobó la Cámara en septiembre, copatrocinado por la vicepresidenta de la comisión del 6 de enero, Liz Cheney, pero los grupos de defensa del derecho de voto han dicho que aborda sus principales preocupaciones.
El informe también pide que los abogados que trabajaron en algunas partes de los esfuerzos de Trump para anular su derrota se enfrenten a medidas disciplinarias de sus colegios de abogados estatales, lo que ya está ocurriendo en algunos casos. El comité recomendó además que la sesión conjunta del Congreso en la que se realice el recuento de electores sea designada como un evento de “seguridad especial” que requiera atención extra, al mismo nivel que la toma de posesión o un discurso sobre el Estado de la Unión.
Tras señalar que los aliados de Trump consideraron la posibilidad de utilizar la Ley de Insurrección como parte de su intento de anular las elecciones, el informe señala que el Congreso debería “considerar los riesgos planteados para futuras elecciones”, aunque el panel se abstuvo de hacer una recomendación específica.
El comité también pidió al Congreso que endureciera las sanciones penales federales por amenazar a los trabajadores electorales y ampliara la protección de su información personal. Parte del informe relata el acoso en 2020 a funcionarios electorales y políticos en estados disputados, algunos de los cuales fueron blanco específico de Trump y sus aliados.
El informe relató el emotivo testimonio de las ex trabajadoras electorales de Georgia Ruby Freeman y Shaye Moss y enumeró numerosos otros ejemplos de amenazas de muerte y ataques racistas, antisemitas y sexualizados contra otras personas en todo el país.
“Impulsadas por nuestros hallazgos de investigación, estas recomendaciones ayudarán a fortalecer los barandales de nuestra democracia”, escribió en un prólogo al informe el representante Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, quien presidió el panel.
Lea más en Bloomberg.com
