Bloomberg Línea — En cuestión de cinco años, el gobierno nicaragüense ha cancelado la personería jurídica a más de 3.360 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), pero además de disolverlas, ha confiscado sus bienes.
Según un análisis de la Fundación del Río, primera organización ambientalista del sureste de Nicaragua y que también fue declarada ilegal por el gobierno de Daniel Ortega, el impacto del cierre de las oenegés ha dejado a 23.483 desempleados, sumado a la pérdida de US$ 255 millones anuales por la ejecución de proyectos que desarrollaban estas oenegés en beneficio de 3,4 millones de personas.
El análisis viene de un muestreo de al menos 53 organizaciones de sociedad civil que dispusieron de sus datos.
Según el biólogo Amaru Ruiz, quien preside la Fundación del Río, los datos estimados “son todavía conservadores evidentemente porque no tuvimos una muestra mucho más amplia”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua dice que las organizaciones cerradas incumplieron con sus compromisos de transparencia ante el Estado, y defensores de derechos humanos responden que el motivo son razones políticas.
Confiscan bienes de organizaciones clausuradas
Antes de 2018 existían 7.227 OSFL y con las cancelaciones el espacio de las oenegés se redujo en un 44,4% de 2022 según el registro del Ministerio de Gobernación y del Estado de Nicaragua.
Según Human Rights Watch, entre los grupos despojados de su registro legal se encuentran docenas de organizaciones humanitarias, que desempeñaron un papel de importancia crítica para garantizar el acceso a los servicios de salud, agua y alimentos para las comunidades de bajos ingresos, en su mayoría rurales.
En lo que va del año, el gobierno ha seguido esta línea. A principios de marzo, canceló la personería jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas las cámaras que lo integraban.
También lo hizo con la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua, y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (Ucan), con sede en León, aduciendo que ambas “han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”.
La resolución firmada por María Amelia Coronel Kinloch, titular del ministerio de Gobernación de Nicaragua, señala que los bienes de ambas universidades son traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro, como ha sido el caso del resto de organizaciones cerradas.
La crisis social, política y de derechos humanos de Nicaragua se remonta desde abril de 2018 cuando miles de personas protestaron por unas reformas a la seguridad social.
La situación se acentuó tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelecto para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y con sus contrincantes exiliados o encarcelados.
