Bloomberg Opinión — No hay nada que alarme más a los inversores privados que la perspectiva de una nacionalización. Por eso no es de extrañar que las empresas mineras se asusten ante los planes anunciados en Chile el mes pasado para dar al Estado más control sobre la producción de litio, un material crucial en las baterías recargables de los vehículos eléctricos y las centrales eléctricas.
“El dinero es cobarde: huye a la primera señal de problemas”, dijo el multimillonario minero canadiense Robert Friedland en una entrevista con Bloomberg News tras el anuncio de los planes.
El “triángulo del litio” de América Latina -el desierto de gran altitud en las fronteras de Chile, Argentina y Bolivia, donde el elemento se precipita a partir de salmueras bombeadas a la superficie de lagos salados secos- lleva muchos años perdiendo terreno frente a las minas de Australia y China, donde se extrae de roca dura. Una toma mal concebida por el presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, podría parecer la solución perfecta para acabar con todo.
Sería una mala noticia para el clima mundial. La producción de carbonato de litio (el compuesto estándar en el comercio mundial) debe multiplicarse casi por cinco, de 737.000 toneladas métricas el año pasado a más de 3 millones de toneladas en 2030, si queremos satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía en baterías, según McKinsey & Co. Si estos suministros no están disponibles o son demasiado caros, el abandono de los combustibles fósiles en las carreteras y las redes eléctricas se ralentizará o se detendrá, lo que reducirá las esperanzas de evitar el cambio climático.
Los precios de las baterías subieron un 7% el año pasado debido al aumento del gasto en materias primas, incluido el litio, según BloombergNEF. Se trata de un revés sorprendente para una materia prima cuyos costos cayeron un 80% en los ocho años anteriores, y que hace más difícil que los vehículos eléctricos compitan en precio con los convencionales.
Sin embargo, un vistazo a la historia de la industria minera chilena sugiere que la intervención gubernamental no tiene por qué ser la sentencia de muerte para la empresa privada. Un mayor papel del Estado podría incluso ayudar a resolver algunos de los problemas que han frenado el litio en salmuera, una variedad más limpia y rentable que los compuestos de roca dura extraídos en otras partes del mundo. Es la política fiscal, más que la propiedad estatal, la que probablemente determinará si el litio chileno está a punto de experimentar un auge o una caída.
El producto de exportación más importante de Chile, el cobre, ha visto dispararse su producción en las cinco décadas transcurridas desde que el antepasado ideológico de Boric, Salvador Allende, nacionalizara la industria bajo la Corp. Nacional del Cobre de Chile, o Codelco. La producción del país pasó de unas 686.000 toneladas métricas en 1970, en vísperas de la absorción estatal, a 5,7 millones de toneladas en 2020, superando a Estados Unidos y convirtiéndose en el mayor productor de cobre, con una cuota de mercado del 28%. La nacionalización tuvo tanto éxito que ni siquiera Augusto Pinochet, el dictador que depuso a Allende en un golpe de Estado en 1973, intentó revertirla.
Es demasiado simplista decir que las empresas estatales siempre estarán por debajo de las del sector privado. Por cada Petróleos de Venezuela SA que se desmorona, hay una Saudi Arabian Oil Co. rentable y ricamente dotada. La rentabilidad financiera de Codelco no es espectacular, pero su capacidad para aumentar la producción a partir de vastos yacimientos demuestra que los consumidores de cobre no tienen por qué temer su capacidad para suministrar el metal.
El sector chileno del litio podría incluso beneficiarse de un mayor papel del Estado. En la década anterior a la nacionalización, la cuota de Chile en el mercado del cobre se fue reduciendo a medida que las empresas mineras extranjeras veían mejores perspectivas en otras partes del mundo y privaban de capital a la industria local. Uno de los mayores inconvenientes de la producción de salmuera es también una cuestión de capital: La precipitación de litio a partir de la evaporación de agua salada puede llevar años, lo que inmoviliza fondos y hace que el proceso no resulte atractivo para los inversores privados que quieren un rendimiento rápido.
El elevado costo de capital de la salmuera puede contrarrestar los elevados márgenes de beneficio de las operaciones una vez en producción, e incluso los sustanciales beneficios medioambientales que se derivan de un proceso impulsado por el sol en lugar de por máquinas industriales de molienda y flotación. El Estado tiene una perspectiva a más largo plazo que el sector privado, por lo que resulta más adecuado como proveedor de capital más paciente.
No se trata de menospreciar el papel del sector privado. El auge del cobre en Chile desde la década de 1980 se debió sobre todo a que empresas independientes desarrollaron recursos que Codelco había pasado por alto, lo que a su vez animó a la minera estatal a operar de forma más emprendedora. Si el país quiere construir una posición en el mercado del litio análoga a la que tiene en la cadena de suministro del cobre, tendrá que aprender también de los lugares donde el Estado dio un paso atrás.
El más importante de ellos es el fiscal. El capital privado que acudió al sector del cobre de Chile en las últimas décadas se vio tentado por unas tasas de royalties bajísimas que hacían del país un lugar muy atractivo para invertir. Para esos inversores, el aspecto más alarmante de las reformas del sector del litio de los últimos años no era la perspectiva de un competidor o socio estatal, sino la posibilidad de que el aumento de los cánones destruyera la rentabilidad de sus proyectos.
Cada día parece menos probable. La última versión del plan gubernamental para el litio contiene tipos impositivos mucho más bajos que los sugeridos en iteraciones anteriores. Con las principales iniciativas de Boric estancadas en un Congreso en el que sus aliados están en minoría, es posible que ni siquiera esta versión llegue a aprobarse.
Sin embargo, es poco probable que el descontento popular que le llevó al poder se disipe de la noche a la mañana. Es probable que los inversores estatales e independientes sigan enfrentados en la industria chilena del litio durante años. Esto no tiene por qué ser motivo de desesperación. Un sector público que compita y colabore con el privado puede ser a menudo una forma saludable de garantizar amplios flujos de productos básicos esenciales. No hay razón para que la historia de Chile en ese frente no se repita.
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