Expropiación de YPF: Burford prevé retorno de 37.000% tras el fallo adverso contra Argentina

Bloomberg — La parte que le corresponde a Burford Capital de los US$16.000 millones que una jueza estadounidense de Nueva York ordenó pagar a Argentina por la expropiación de la petrolera YPF en 2012 es de unos US$6.200 millones. De esta manera, el financiador de litigios obtendría un retorno de más del 37.000% sobre su inversión inicial.

Queda por ver si Burford recibirá ese dinero. Argentina prometió inmediatamente apelar la orden emitida el viernes por la jueza de distrito Loretta Preska, calificándola de “sin precedentes y errónea”. La apelación y las luchas por el cobro podrían retrasar o incluso impedir el pago.

Pero si se confirma la indemnización o incluso si el caso se resuelve, los resultados de Burford en los reclamos que compró por US$16,6 millones en 2015 podrían eclipsar incluso los US$2.400 millones que Elliott Management, de Paul Singer, ganó demandando a Argentina por el default de su deuda soberana en 2001.

Sería, por lejos, el resultado más exitoso hasta la fecha en materia de financiación de litigios, el a menudo controvertido negocio de US$13.500 millones de invertir en demandas.

El director ejecutivo de Burford, Christopher Bogart, calificó el viernes la indemnización de “hito”, aunque la empresa declinó hacer comentarios sobre el monto específico de su participación.

“El modelo está funcionando, está entregando algo de valor real a los clientes corporativos”, dijo en una entrevista.

Lanzado en 2009 con el respaldo de Neil Woodford y su antiguo fondo Invesco, Burford causó sensación de inmediato gracias a las prestigiosas credenciales de sus fundadores. Bogart fue anteriormente director jurídico de Time Warner Inc. y litigante en el prestigioso bufete de abogados Cravath, Swaine & Moore. El cofundador y director de inversiones, Jonathan Molot, antiguo funcionario de la Corte Suprema de Estados Unidos y asesor del Departamento del Tesoro de Obama, también es profesor de derecho de la Universidad de Georgetown.

Burford idealmente identifica demandas infravaloradas, paga a los abogados para que las lleven a buen puerto y luego se lleva un porcentaje de la indemnización. En el caso de YPF, Burford ha pagado hasta la fecha unos US$50 millones en honorarios de abogados. Anteriormente vendió más de un tercio de su participación a otros inversionistas, principalmente grandes fondos de cobertura, por US$236 millones.

Sin embargo, el financiamiento de litigios a menudo ha funcionado mejor en la teoría que en la práctica, y muchos de los primeros competidores de Burford se retiraron. El propio Burford fue atacado en 2019 por el vendedor en corto Carson Block, cuyas críticas a sus prácticas comerciales redujeron en casi dos tercios el precio de sus acciones en ese momento. Burford negó las afirmaciones, pero realizó cambios en la estructura de su empresa para abordar las preocupaciones de los inversionistas.

Block no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

Riesgo de cobro

Bogart dijo que Burford evalúa muchos reclamos judiciales que tienen un valor potencial de US$1.000 millones o más y lleva cientos de casos a la vez. El riesgo es una consideración importante, aseguró. Un reclamo sólido desde el punto de vista jurídico podría enfrentar otros obstáculos, como quiebras, retrasos excesivos o dificultades para cobrar activos de países como Rusia y China.

Uno de los mayores riesgos en el caso YPF era la posibilidad de que un tribunal estadounidense declarara a Argentina inmune a una demanda como nación soberana, dijo Bogart. Los accionistas de YPF en cuyo nombre se presentó el caso carecían de recursos para litigar por sí mismos. Burford compró los derechos de sus reclamos en una subasta pública de quiebras por lo que, en retrospectiva, parece una ganga.

El caso ha sido muy reñido. Los accionistas derrotaron el argumento de inmunidad soberana de Argentina en el tribunal federal de apelaciones de Nueva York, pero el país acudió a la Corte Suprema, que rechazó una nueva apelación.

El caso de Singer y Elliott se prolongó durante 15 años ya que los tenedores de bonos que no entraron en la operación impugnaban el rechazo de Argentina de los US$95.000 millones en deuda soberana. Los fondos de cobertura rechazaron dos ofertas de reestructuración del Gobierno a lo largo de los años, que habrían tenido grandes descuentos, antes de finalmente llegar en 2016 a un acuerdo con Argentina por US$4.650 millones, o el 75% de sus reclamos. Elliott se quedó con poco más de la mitad de esa cantidad.

Ganancia inesperada no merecida

Elliott fue calificado de “fondo buitre” por Argentina durante ese litigio, y, del mismo modo, el país trató de sacar a relucir la participación de Burford en el caso YPF. En ese sentido, Argentina se hizo eco de la Cámara de Comercio de EE.UU., que durante mucho tiempo ha criticado a los financiadores de litigios por fomentar litigios “abusivos”.

Pero Preska rechazó el viernes el argumento de Argentina de que la adjudicación de US$16.000 millones generaría una ganancia inesperada no merecida para Burford. Dijo que las acciones de la nación habían llevado a los accionistas a recurrir a financiamiento externo.

“La República no debe ni más ni menos por la participación de Burford Capital”, dijo la jueza Preska estableció el viernes una fórmula para calcular la indemnización, pero pidió a las partes que presentaran propuestas de sentencias definitivas.

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