:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/DINPDA3QYVB4TBD4FVVAC4WOVE.jpeg "PDVSA puede pedir a un juez que detenga los intentos de apoderarse de Citgo y otros activos mientras el tribunal resuelve si la presentación de la refinería al Capítulo 11 fue adecuada.")
Bloomberg — La oposición venezolana está sopesando una medida que frenaría la venta de los activos petroleros bajo su control haciendo que el holding Citgo Petroleum Corp. se declare en quiebra en EE.UU., según personas familiarizadas con las deliberaciones.
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Los ejecutivos de Petróleos de Venezuela nombrados por la oposición buscan retener el control de su activo más importante en el extranjero, que está en venta, y están meditando utilizar una declaración de quiebra bajo el Capítulo 11 de EE.UU. para bloquear la finalización de su venta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la táctica. La publicación especializada Reorg informó previamente del plan.
Las ofertas finales deben presentarse el 11 de junio por las acciones de la matriz estadounidense de Citgo -que equivalen a la propiedad de la refinería- en un proceso legal separado. Si la oposición decide solicitar la protección por quiebra, no está claro si eso ocurriría antes de esa fecha, o antes de que se anuncie el postor ganador en julio, dijeron las personas.
"Esta jugada les daría algo más de tiempo para intentar subir lo que obtienen por Citgo o traer a un tercero externo para rescatarla", dijo Charles Tatelbaum, un veterano abogado especializado en quiebras que no está implicado en el caso.
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Cualquier decisión de la matriz estadounidense de Citgo, PDV Holding, de declararse en quiebra tendría que consultarse con la asamblea liderada por la oposición, el único órgano gubernamental venezolano reconocido por EE.UU. desde que rompió relaciones diplomáticas con el régimen del presidente Nicolás Maduro en 2019, dijo Yon Goicoechea, miembro del consejo que gestiona los activos venezolanos en el extranjero conocido como CAPA.
"No hemos tomado ninguna decisión" sobre el tema de la quiebra como opción, dijo Goicoechea. "Hemos sido informados y participado en discusiones sobre diferentes opciones" respecto a las estrategias legales sobre la venta.
Según la ley de quiebras estadounidense, PDVSA puede pedir a un juez que detenga los intentos de apoderarse de Citgo y otros activos mientras el tribunal resuelve si la presentación de la refinería al Capítulo 11 fue adecuada. Otras empresas que han recurrido a la quiebra con la esperanza de acorralar los litigios estadounidenses han visto cómo sus casos eran desestimados.
Aunque la subasta se celebra bajo los auspicios de un juez federal de Delaware, no está claro si se presentará algún caso de quiebra en el estado, dijeron las personas. El juez Leonard Stark se negó la semana pasada a retrasar la fase final de la subasta. Casi 20 acreedores han ganado el derecho legal a parte de los ingresos de la venta.
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En una declaración hoy, Citgo dijo que su gerencia no tenía planes de declararse en bancarrota, declinando hacer comentarios sobre asuntos relacionados con su accionista, PDVSA. Horacio Medina, un miembro de la oposición venezolana que encabeza la junta ad hoc que representa a PDVSA en los tribunales estadounidenses, no devolvió inmediatamente un mensaje el miércoles en busca de comentarios sobre las consideraciones relativas a la quiebra.
La venta de Citgo está diseñada para generar miles de millones de dólares para reembolsar a las empresas cuyos activos se apoderó Venezuela bajo el mandato del difunto Hugo Chávez. Entre las empresas que reclaman una parte de los ingresos de la venta están Siemens AG, ConocoPhillips (COP) y Exxon Mobil Corp. (XOM). Conoco dice que se le deben más de US$1.200 millones por las confiscaciones.
El impulso a la compensación comenzó con los esfuerzos de Crystallex International Corp, una minera canadiense cuyos derechos sobre el yacimiento de oro de Las Cristinas fueron confiscados por Chávez. La empresa, ahora desaparecida, ganó un laudo arbitral de US$1.200 millones en 2016 que aumentó a US$1.400 millones con intereses. Venezuela ha realizado un pago parcial del laudo arbitral, por lo que el país debe ahora casi US$970 millones a Crystallex, que es la primera en la cola para que se pague su sentencia con los ingresos de la subasta.
La venta también está enredada en la política venezolana, ya que el gobierno de Maduro caracteriza la posible pérdida de Citgo como el “robo” de un activo que proporciona divisas muy necesarias para el país en dificultades. Mientras que PDVSA sigue en manos del gobierno de Maduro, sus filiales estadounidenses están controladas por una junta ad-hoc nombrada por la oposición política, liderada por el ex líder legislativo Juan Guaido.
La gente dijo que es poco probable que la facción de PDVSA liderada por la oposición tome la vía de la quiebra de Citgo antes de las elecciones nacionales de julio, por lo que la subasta no se convierte en un problema. Las encuestas de este mes muestran a Maduro muy por detrás del candidato opositor Edmundo González antes de la votación del 28 de julio. El presidente de Venezuela tiene un mandato de seis años.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. también debe dar su visto bueno a cualquier venta, ya que Citgo está protegida por la legislación estadounidense.
El caso es Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela, 17-mc-00151, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Delaware (Wilmington).
--Con la asistencia de Andreina Itriago Acosta y Lucia Kassai.
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