Bloomberg Línea — El presidente Rodrigo Paz declaró emergencia energética y social en Bolivia ante el proceso inflacionario que vive el país, así como la escasez de dólares y combustibles, según el decreto supremo 5517 firmado el 13 de enero, pero publicado este miércoles.
La medida autoriza a cualquier persona natural o jurídica privada para importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo, siempre que cuenten con capacidad de almacenaje.
Ver más: Precio de la gasolina en Latinoamérica: lista de los países con el litro más caro en 2026
También permite, de manera excepcional y temporal, la suspensión del diésel de la Lista de Sustancias Controladas y la exigencia de una autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) para ser comercializado.
El objetivo es “garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país”.
Tras la declaratoria de la emergencia, la Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las instituciones competentes deberán ajustar sus procedimientos en un plazo máximo de hasta cinco días hábiles para eliminar el diésel de la Lista de Sustancias Controladas.
La norma fue publicada luego de que el Gobierno confirmara que se mantendrá la eliminación de los subsidios al diésel y a la gasolina, mediante el decreto 5516, en el que además se comprometió a incrementar las transferencias a ciertos programas sociales y el incremento del salario mínimo, entre otras medidas, para contrarrestar el impacto.
La medida fue anunciada tras apoyo del BID
El decreto supremo 5517 fue firmado el martes, el mismo día en que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, visitó a Bolivia para anunciar un financiamiento por US$4.500 millones.
“Estamos aquí para apoyar a Bolivia a impulsar un crecimiento que beneficie a toda la población”, dijo Goldfajn en el primer día de su visita, que continuará este 14 de enero en Santa Cruz de la Sierra. “La estabilización es esencial, pero no suficiente. El crecimiento duradero depende de un esfuerzo compartido, incluido el sector privado”.
Solamente en el primer año, el Grupo BID prevé desplegar alrededor de US$2.000 millones para apoyar un programa de estabilización que proteja a los segmentos más vulnerables de la población y ayude a restaurar la estabilidad macroeconómica.
Ver más: Goldman Sachs ve a Latinoamérica atrapada en bajo crecimiento
Las acciones inmediatas incluyen, entre otras, financiamiento para transferencias monetarias a hogares de bajos ingresos.
“Coincidimos plenamente en que la estabilización económica es solo el primer paso; el verdadero reto radica en construir un modelo de crecimiento sostenible y equitativo que llegue a cada hogar boliviano y se traduzca en obras, infraestructura, salud, educación y empleos”, sostuvo Rodrigo Paz.
