Bloomberg Línea — El Gobierno de Chile comenzó este jueves el traslado de cientos de presos considerados de alta peligrosidad hacia La Laguna, un complejo penitenciario ubicado en Talca, en el centro-sur del país, como parte de un operativo para reforzar el control en las cárceles.
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La operación, denominada “Cancerbero”, es encabezada por Gendarmería de Chile, una institución armada de carácter militar encargada de la administración de los recintos penitenciarios del país, con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
El despliegue contempla el traslado de 687 internos durante la jornada desde distintos centros penitenciarios del país. El primer contingente informado por el Ministerio de Justicia estuvo compuesto por 191 internos.
De ellos, 37 pertenecían a estructuras vinculadas al crimen organizado, incluidos nueve líderes de esas organizaciones y 28 integrantes, mientras que los otros 154 fueron descritos como presos de alto compromiso delictual.
Los internos proceden de cárceles de distintas regiones de Chile, entre ellas Arica y Parinacota, Tarapacá, la Región Metropolitana y Los Lagos. Entre los establecimientos de origen se encuentran los penales de Alto Hospicio, Puente Alto, Colina 1, Colina 2, el complejo REPAS y el recinto penitenciario de Puerto Montt.
El operativo comenzó en Santiago, la capital chilena, desde las inmediaciones del Centro de Justicia. Los primeros vehículos fueron escoltados por efectivos de Carabineros y la PDI, mientras helicópteros participaron del dispositivo de seguridad. La operación fue transmitida por las redes sociales de la Presidencia de la República.
Al interior de La Laguna
El destino es La Laguna, un complejo penitenciario de 63.500 metros cuadrados ubicado en el sector de Panguilemo, unos 10 kilómetros al norte del centro de Talca, capital de la Región del Maule, en la zona central del país.
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La Laguna fue inaugurada en enero de 2025, durante el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, quien afirmó que era “la cárcel más moderna de Sudamérica”.
La construcción de la cárcel comenzó en 2017 y se desarrolló bajo el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Para su habilitación, el Estado comprometió una inversión de 1′400.000 unidades de fomento (UF), una unidad utilizada en Chile para expresar el valor de contratos y operaciones financieras y que se reajusta de acuerdo con la inflación, equivalente a US$56 millones.
El Ejecutivo informó que con los traslados que empezaron este jueves, espera habilitar progresivamente 1.679 nuevas plazas, que, sumadas a las 418 actualmente en funcionamiento, permitirán alcanzar la capacidad total de 2.097 plazas penitenciarias.
La cárcel cuenta con 14 módulos de reclusión, tres accesos y tres túneles independientes destinados a separar los desplazamientos de internos, funcionarios y visitantes. Su diseño fue concebido para aumentar el control sobre los movimientos dentro del establecimiento y reducir los puntos de contacto entre sus distintos usuarios.
En cuanto a los elementos de seguridad, la infraestructura dispone de más de 1.500 cámaras de vigilancia, más de 30 detectores de metales, tres escáneres corporales y tres equipos para detectar drogas y explosivos. También incorpora un sistema de gestión de telecomunicaciones destinado al bloqueo de teléfonos celulares.
El operativo se desarrolla en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el presidente José Antonio Kast, que contempla una serie de iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad penitenciaria.
“Aquí no hay privilegios ni concesiones para el crimen organizado. El Estado retoma el control desde dentro”, dijo el mandatario en un mensaje en X.
