:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/UENF7PSHQNCLTGTYQH6D5TZ5VM.jpeg "El palacio nacional chileno \"La Moneda\" en el centro de Santiago de Chile. 28 de junio de 2018. Fotógrafo: Cristóbal Olivares.")
Bloomberg — El gobierno chileno decidió acelerar la reforma de las pensiones, mientras el presidente Gabriel Boric presiona a los legisladores para que voten la legislación que se ha convertido en un punto central de su administración izquierdista.
El Ejecutivo aplicó “suma urgencia” a la propuesta, lo que en teoría significa que el Senado debe votarla en un plazo de 15 días. Sin embargo, en la práctica, es probable que la oposición se oponga a ese plazo.
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La medida del Gobierno se produce días después de que la Comisión de Trabajo del Senado, que está debatiendo actualmente la propuesta, acordara debatir primero seis aspectos de la reforma en sesiones que, según parece, se prolongarán hasta julio. El proyecto languidece en el Senado desde que la Cámara Baja lo aprobó en enero.
“He hablado con mucha gente dentro del Gobierno que no está de acuerdo con esta voluntad de aplicar urgencia cuando tenemos un acuerdo para votar después de revisar una serie de temas”, dijo el miércoles el senador opositor Luciano Cruz-Coke en la Comisión de Trabajo del Senado.
Boric está intensificando los llamamientos a votar sobre la reforma antes de su esperado discurso sobre el Estado de la Nación del 1 de junio. Transcurrida más de la mitad de su mandato, el exlíder de las protestas estudiantiles está luchando por aprobar importantes proyectos de ley para aumentar los ingresos y mejorar las pensiones, que a menudo se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
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El gobierno afinará su estrategia de negociación sobre la reforma de las pensiones e insistirá en una mayor cooperación de la oposición, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel en una entrevista el mes pasado. En enero, la Cámara Baja respaldó el texto básico de la propuesta, pero luego rechazó varios artículos clave, sobre todo uno relativo a la propuesta de una nueva cotización a cargo del empleador.
La legislación pretende hacer frente a las bajas pensiones que fueron uno de los motores de una ola de descontento social que comenzó a finales de 2019. El Gobierno quiere pasar del actual sistema de cuentas de ahorro individuales gestionadas por fondos privados a un sistema más mixto con un componente de solidaridad.
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