Bloomberg Línea — Colombia atraviesa un momento decisivo para su seguridad energética. La degradación en las condiciones de autosuficiencia de gas, la insolvencia de uno de los principales productores privados y los recientes ajustes regulatorios se han convertido en señales de alerta que marcan el pulso del sector.
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El país se enfrenta a un escenario que, según el centro de pensamiento ANIF, exige atención inmediata para garantizar el abastecimiento presente y futuro. “Colombia enfrenta un deterioro crítico en su seguridad energética, marcado por la pérdida de autosuficiencia en gas y un nivel de reservas probadas que, en 2024, cayó a 5,9 años, mínimo en dos décadas”, indicó la entidad.
Los problemas se han venido acumulando durante los últimos años. La pérdida de autosuficiencia se convirtió en un punto de inflexión que hoy obliga al país a depender de importaciones para sostener la continuidad del suministro.
El centro de pensamiento señala que “el sector gasífero en Colombia ha concentrado la atención pública debido a una serie de hechos que, en conjunto, revelan un panorama complejo para la seguridad energética del país”.
El retroceso en las reservas probadas ilustra esta tensión. Para 2024, el nivel estimado de 5,9 años fue el más bajo en dos décadas, lo que expone la vulnerabilidad estructural frente al crecimiento de la demanda, la maduración de los campos y los retrasos en exploración.
Estas condiciones están generando presiones que podrían intensificarse en los próximos años.
La insuficiencia de las reservas no es el único factor que agrava el escenario. La proyección hacia 2028 advierte que, bajo la expansión actual, la energía en firme disponible no alcanzará para atender plenamente los requerimientos del sistema.
Esta perspectiva subraya la urgencia de desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento, tanto internas como externas, en un contexto donde los retrasos acumulados y la declinación natural de los campos tradicionales continúan pesando sobre la estabilidad del sistema energético.
Más presión a la oferta
A este entorno desafiante se suma la situación de Canacol Energy, cuyo peso en la oferta de gas le otorga un rol determinante.
ANIF destaca que “la situación de Canacol Energy, segundo productor de gas del país y responsable del 10,2 % de la oferta nacional” añade una presión adicional en un momento especialmente crítico.
La compañía enfrenta un proceso de insolvencia, falta de liquidez y la necesidad de acogerse a mecanismos de protección de acreedores en Canadá, además de gestionar el reconocimiento de este proceso en Colombia.
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La entidad advierte que esta coyuntura “genera preocupación no sólo por su peso en el mercado, sino porque coincide con un período en el que la producción nacional ya enfrenta presiones significativas”.
Cualquier afectación en su operación tendría efectos directos e inmediatos sobre la oferta doméstica, elevando aún más la dependencia de gas importado y aumentando el riesgo de interrupciones en la estabilidad energética.
Ajuste a las restricciones
Frente a este panorama, los recientes ajustes regulatorios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han surgido como un esfuerzo para aliviar las tensiones que enfrenta el sistema.
Para ANIF, “las recientes resoluciones de la CREG envían una señal regulatoria favorable, al flexibilizar la contratación de gas importado, habilitar nuevos eventos eximentes en la contratación y facilitar el uso de la infraestructura de transporte”.
Estos cambios buscan reducir barreras históricas a la entrada de moléculas importadas y promover mecanismos más ágiles para el mercado de transporte.
Entre los ajustes más relevantes se incluye la posibilidad de pactar nuevos eventos eximentes en los contratos y herramientas que permitan complementar la producción local de manera más eficiente.
Con estas medidas, la regulación apunta a fortalecer la capacidad del país para enfrentar sus desafíos inmediatos, en un contexto en el que las condiciones de oferta y las tensiones corporativas requieren respuestas rápidas y coordinadas.
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Aun así, enfatiza ANIF que estos avances deben complementarse con un esfuerzo más amplio que abarque el incremento de la producción doméstica y el diseño de mecanismos estables de importación.
Concluye que “el país debe avanzar en una estrategia integral para garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible en los próximos años”.
