Bogotá — El Gobierno de Abelardo De la Espriella busca atraer grandes inversiones nacionales y extranjeras con un régimen de beneficios tributarios y garantías de estabilidad jurídica que tiene similitudes con el modelo impulsado por Javier Milei en Argentina.
La propuesta revive un mecanismo que Colombia ya utilizó y que ahora tiene un referente regional. Para Andrés Langebaek, decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “esto se parece mucho a los contratos de estabilidad jurídica que se firmaron en la época del presidente Álvaro Uribe”.
El mecanismo está incluido en el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno al Congreso, y se denomina Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE).
Su propósito es ofrecer condiciones especiales a proyectos de inversión de gran escala.
La iniciativa contempla tarifas preferenciales de impuesto de renta, beneficios para la distribución de dividendos, depreciación acelerada y garantías sobre las condiciones jurídicas y tributarias durante 16 años.
El planteamiento tiene como antecedente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por Argentina durante el Gobierno de Milei.
Sin embargo, los dos esquemas tienen diferencias en sus umbrales de inversión, beneficios y duración de las garantías.
¿Qué propone el RUGE de De la Espriella?
De acuerdo con el análisis de Holland & Knight sobre los cambios tributarios de la iniciativa, el régimen estaría dirigido a proyectos de nueva inversión que superen determinados montos, según el sector económico.
Para infraestructura, energía y recursos naturales, el umbral sería de 8,14 millones de UVT. En industria y economía digital ascendería a 5,53 millones de UVT, mientras que para agroindustria, turismo, servicios y otras actividades elegibles sería de 2,58 millones de UVT.
Las empresas interesadas tendrían plazo hasta el 31 de diciembre de 2029 para presentar sus solicitudes de ingreso al régimen, según explica la firma de abogados.
Uno de los principales incentivos sería una tarifa de impuesto de renta del 20% para proyectos que comiencen su ejecución en 2027 o 2028. Para los que inicien desde 2029, la tarifa sería del 26%.
En ambos escenarios, las compañías estarían exentas de sobretasas. Además, Holland & Knight destaca que los dividendos distribuidos a inversionistas no residentes tendrían una tarifa del 8%.
El paquete también contempla depreciación acelerada de las inversiones y estabilidad jurídica durante 16 años. La intención es ofrecer previsibilidad sobre las condiciones tributarias aplicables a los proyectos.
Sin embargo, acceder a los beneficios implicaría compromisos. Las compañías tendrían que ejecutar al menos el 40% de la inversión durante los primeros dos años y garantizar que como mínimo el 30% de sus compras corresponda a proveedores nacionales.
También deberían constituir una garantía equivalente al 2% de la inversión y pagar una prima anual del 0,1% sobre el monto ejecutado.
Holland & Knight advierte que los incentivos no serían acumulables con otros beneficios tributarios, entre ellos los de zonas francas, ZOMAC y ZESE, determinadas rentas exentas del Estatuto Tributario y los contemplados en el Decreto Legislativo 1413 de 2026.
El costo fiscal y la efectividad de los incentivos
La propuesta también abre el debate sobre cuánto dejaría de recaudar el Estado al ofrecer tarifas de renta inferiores a las del régimen general. Ese es uno de los puntos que señala Langebaek.
“En realidad, yo creo que es una buena medida para estimular la inversión”, afirma el decano, quien considera que Colombia necesita recuperar terreno en materia de formación de capital.
El economista señala que la inversión representa el 16,6% del PIB colombiano, frente a niveles que llegaron al 23%. También indica que el país se encuentra por debajo de la relación entre inversión y PIB de América Latina.
Para Langebaek, el principal reparo está en el sacrificio de ingresos tributarios que supondría ofrecer tarifas especiales a determinadas compañías durante 16 años.
No obstante, el académico señala que la exposición de motivos del proyecto estima un costo fiscal anual de apenas 0,02%. Aclara que habría que revisar cómo se construyó esa cifra, pues considera que podría ser demasiado baja.
“El único pero que tiene la medida propuesta es el sacrificio en términos de impuestos que puede llegar a tener el Gobierno”, sostiene.
Desde el Banco de Bogotá, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas, también plantea interrogantes sobre el alcance de este tipo de mecanismos.
“Estas propuestas son interesantes, pero no estoy seguro de su impacto”, señala. El economista recuerda que algunos estudios sugieren efectos limitados sobre la contratación y la actividad económica.
Pérez también pone sobre la mesa la necesidad de evaluar si Colombia requiere ofrecer estos beneficios y asumir su costo tributario, considerando el entorno que busca generar el Gobierno para atraer capital.
“La pregunta es si son necesarios, con el costo tributario respectivo, en un contexto en que el Gobierno es pro mercados y el ambiente que genera debería por sí mismo atraer la inversión”, afirma.
El director de Investigaciones Económicas recuerda que los contratos de estabilidad jurídica se utilizaron anteriormente en Colombia como una compensación frente a un entorno complejo de seguridad y cambios regulatorios frecuentes.
Por eso, considera necesario cuantificar si el costo de garantizar estabilidad jurídica mediante beneficios tributarios es indispensable para atraer nuevas inversiones.
El espejo de Milei: qué ha pasado con el RIGI
El referente internacional del RUGE es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley de Bases que aprobó el Congreso argentino en junio de 2024, durante el Gobierno de Javier Milei.
El mecanismo fue reglamentado en agosto de ese año y busca atraer proyectos de gran escala en sectores como petróleo y gas, minería, energía, infraestructura, tecnología, siderurgia, turismo y forestoindustria.
Para ingresar, los proyectos deben cumplir un umbral general de inversión mínima de US$200 millones, aunque existen montos diferenciados por actividad.
A cambio, reciben incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad jurídica durante 30 años.
Entre sus beneficios están una tarifa del impuesto a las ganancias del 25%, mecanismos de amortización acelerada, ventajas para importar bienes de capital y una reducción progresiva de las restricciones para disponer de divisas provenientes de exportaciones.
La experiencia argentina permite observar cómo funciona un esquema de incentivos de este tipo y, especialmente, la diferencia entre los anuncios de inversión y los recursos que efectivamente ingresan a la economía.
En mayo de 2026, Bloomberg Línea publicó una radiografía del RIGI que identificó 36 proyectos presentados por US$85.000 millones, con participación de 44 empresas de diez países.
De ese universo, 12 iniciativas habían recibido aprobación por US$17.198 millones. Además, datos del Banco Central argentino citados en ese informe mostraban ingresos por US$1.205 millones asociados al régimen y un saldo positivo de US$762 millones.
La minería concentraba proyectos por US$46.425 millones, mientras que petróleo y gas sumaban US$37.255 millones. El cobre, el litio y el desarrollo de Vaca Muerta figuraban entre los principales motores de las inversiones.
Uno de los primeros proyectos aprobados fue el de Rincón, de Rio Tinto, por US$2.700 millones, destinado a desarrollar una operación de litio. La iniciativa recibió luz verde en mayo de 2025.
En infraestructura, otro avance fue la aprobación de una inversión de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por US$550 millones para ampliar el Gasoducto Perito Moreno, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte de gas.
En octubre de 2026, Argentina también aprobó el proyecto de Tecpetrol en Los Toldos II Este, en Vaca Muerta, por US$6.400 millones. La compañía proyecta alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios en menos de dos años.
Los resultados y los desafíos del modelo argentino
El crecimiento de las solicitudes llevó al Gobierno de Milei a ampliar el alcance del RIGI. En febrero de 2026 prorrogó por un año el plazo de adhesión, hasta agosto de 2027, e incorporó nuevos desarrollos de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
También modificó la reglamentación para permitir que proyectos de renovación y modernización de vías ferroviarias existentes pudieran acceder a los incentivos.
Sin embargo, el balance exige diferenciar los anuncios de inversión, los proyectos aprobados y los desembolsos efectivos. Las cifras de mayo de 2026 mostraban que los US$85.000 millones presentados no equivalían a capital que ya hubiera ingresado a Argentina.
La experiencia argentina también muestra que los incentivos pueden concentrar el interés empresarial en actividades como minería, petróleo, gas e infraestructura, pero medir su impacto requiere observar la ejecución de las inversiones.
La discusión que abre el RUGE en Colombia
Para Colombia, el debate se concentra en determinar si las tarifas preferenciales y las garantías jurídicas durante 16 años serán suficientes para atraer capital nuevo y compensar los menores ingresos tributarios que recibiría el Estado.
Mientras Langebaek considera que el mecanismo puede estimular la inversión en un país con bajos niveles de formación de capital, Pérez cuestiona si es necesario asumir ese costo para ofrecer condiciones que deberían favorecer la llegada de inversionistas.
A diferencia del RIGI argentino, que contempla estabilidad por 30 años, el RUGE plantea un periodo de 16 años y establece compromisos de inversión y compras nacionales para acceder a sus beneficios.
Por ahora, el RUGE es una propuesta incluida en el proyecto de Ley de Rescate Económico. Su contenido todavía debe surtir el trámite legislativo y no constituye un régimen vigente.
La discusión, por tanto, no se limita a cuánto pueden reducirse los impuestos para atraer grandes compañías.
También pasa por establecer qué inversiones se materializan, cuánto empleo generan, qué compras realizan a proveedores locales y cuál es el costo fiscal de garantizarles condiciones especiales durante más de una década.
