Bogotá — Los trabajadores con ingresos mensuales de COP$25 millones podrían recibir hasta COP$969.000 menos al mes si se aprueba la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo De la Espriella, según un ejercicio publicado por José Ignacio López, presidente de ANIF.
La estimación muestra que el impacto de la propuesta aumentaría a medida que crecen los ingresos.
Mientras los asalariados que ganan COP$2 millones o COP$3 millones no registrarían cambios, quienes reciben COP$10 millones tendrían una reducción de COP$419.000 mensuales y aquellos con ingresos de COP$20 millones dejarían de recibir COP$861.000.
El ejercicio contempla un trabajador asalariado con un dependiente económico e incorpora dos de las modificaciones más relevantes del proyecto: el incremento de las cotizaciones a salud y los cambios en el impuesto de renta para personas naturales.
López precisó que se trata de un cálculo propio elaborado a partir del texto radicado del proyecto, con los valores de la UVT y el salario mínimo de 2026. La simulación supone un salario ordinario, sin primas ni otras deducciones.
¿Cuánto menos recibirían los trabajadores según su salario?
El cálculo de ANIF presenta diez niveles de ingresos y permite dimensionar cómo cambiaría el ingreso disponible de los asalariados si se aprueba la iniciativa en los términos propuestos.
| Salario mensual | Reducción mensual estimada |
|---|---|
| COP$2 millones | Sin cambio |
| COP$3 millones | Sin cambio |
| COP$4 millones | COP$60.000 |
| COP$5 millones | COP$75.000 |
| COP$6 millones | COP$133.000 |
| COP$7 millones | COP$203.000 |
| COP$10 millones | COP$419.000 |
| COP$15 millones | COP$584.000 |
| COP$20 millones | COP$861.000 |
| COP$25 millones | COP$969.000 |
En el caso de quienes devengan COP$25 millones mensuales, la reducción equivaldría a COP$11,6 millones durante un año, si el efecto se mantiene durante los doce meses.
La cifra evidencia que el mayor impacto, entre los salarios incluidos en la simulación, se concentraría en los trabajadores de ingresos altos.
Sin embargo, la propuesta también alcanzaría a personas con remuneraciones más cercanas a los niveles de ingreso de la clase media.
Los aportes a salud aumentarían progresivamente
Una de las razones detrás de esta reducción sería el cambio en las cotizaciones al sistema de salud.
Actualmente, los trabajadores dependientes aportan 4% de su salario, mientras que el proyecto plantea incrementar ese porcentaje de manera progresiva según el nivel de ingresos.
La propuesta establece que quienes reciban más de dos y hasta cuatro salarios mínimos pasarían de aportar 4% a 5,5%.
Para los trabajadores que ganen más de cuatro y hasta cinco salarios mínimos, la cotización subiría a 6%.
El porcentaje aumentaría a 6,5% para quienes devenguen más de cinco y hasta diez salarios mínimos; a 7% para el rango superior a diez y hasta quince; a 7,5% entre quince y veinte salarios mínimos, y llegaría a 8% para quienes reciban más de veinte y hasta veinticinco salarios mínimos.
El cambio comenzaría a aplicarse desde el primero de enero de 2027, según el proyecto radicado por el Gobierno.
Esto significa que una parte del ingreso que actualmente reciben los trabajadores tendría que destinarse a financiar el sistema de salud.
El efecto sería mayor para quienes se encuentran en los rangos salariales superiores, debido al esquema progresivo planteado.
También cambiaría el impuesto de renta para personas naturales
El segundo componente que explica el impacto calculado por ANIF corresponde a las modificaciones al impuesto de renta.
La Ley de Rescate propone reducir el umbral de renta líquida gravable que tiene una tarifa marginal de 0%, al pasar de 1.090 a 720 unidades de valor tributario (UVT) anuales.
Además, incorporaría una tarifa marginal de 9% para las rentas líquidas gravables que se ubiquen entre 720 y 1.090 UVT.
De acuerdo con los cálculos incluidos en la exposición de motivos del proyecto, los asalariados comenzarían a pagar efectivamente impuesto de renta desde ingresos cercanos a COP$5,5 millones mensuales, frente a los COP$9 millones actuales.
Esto no significa que todos los trabajadores que reciban COP$5,5 millones deban pagar automáticamente ese porcentaje sobre la totalidad de su salario.
El impuesto se calcula sobre la renta líquida gravable, después de aplicar las deducciones y rentas exentas correspondientes.
La modificación, sin embargo, ampliaría el grupo de personas que podrían quedar sujetas al pago de este tributo.
El impacto sobre la clase media, uno de los puntos más polémicos
Los cambios en los aportes a salud y en el impuesto de renta se suman a otras modificaciones tributarias que contempla la iniciativa y que han abierto un debate sobre el impacto de la reforma en los hogares colombianos.
La propuesta también plantea retirar tratamientos preferenciales de IVA para determinados bienes.
Entre ellos están celulares, computadores y tabletas con precios inferiores a COP$2,6 millones, que pasarían a pagar la tarifa general de 19%, si se aprueba el proyecto.
También contempla cambios en el tratamiento tributario de productos como el café, el azúcar, algunos aceites y las pastas alimenticias, entre otros bienes de consumo.
El Gobierno ha defendido que estas medidas estarían acompañadas de mecanismos de devolución del IVA para los hogares de menores ingresos.
Juan Sebastián Betancur, viceministro de Hacienda, sostuvo que 19 millones de colombianos recibirían la devolución completa del impuesto que pagan actualmente, mientras que otros 16,3 millones accederían a devoluciones parciales de hasta 50%.
El funcionario también afirmó que dos de cada tres colombianos, equivalentes a 35 millones de personas, no tendrían una carga adicional por este impuesto.
Sin embargo, el efecto de los cambios sobre los trabajadores de ingresos medios y altos se convirtió en uno de los principales puntos de discusión política de la iniciativa.
El representante Daniel Briceño manifestó que no respaldaría los impuestos que incrementen las cargas de los hogares de ingresos medios, aunque sí apoyaría los recortes de gasto y los incentivos a la inversión.
Desde el Gobierno, la defensa del proyecto se concentra en la necesidad de estabilizar las finanzas públicas y reducir el gasto estatal.
La propuesta contempla, además de los cambios tributarios, medidas de austeridad, reorganización de entidades y reducción de los gastos de contratación.
La iniciativa deberá surtir su trámite en el Congreso, donde se definirá si las modificaciones a los aportes a salud, el impuesto de renta y el IVA se mantienen en los términos planteados por el Ejecutivo.
