Bloomberg Línea — Goldman Sachs (GS) considera que el nuevo plan de ajuste fiscal de Colombia plantea una reducción ambiciosa del déficit, aunque advierte que su magnitud, las dificultades políticas y las medidas aún sin definir ponen en riesgo el cumplimiento de las metas del Gobierno.
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El programa contempla una reducción del déficit primario de 2,4 puntos porcentuales del PIB en 2027, superior a los 2,2 puntos previstos anteriormente. El ajuste fiscal total alcanzaría 4,3 puntos del PIB en 2028 y aumentaría gradualmente hasta 4,7 puntos en 2030.
Santiago Téllez, analista de Goldman Sachs, destacó que “su ajuste concentrado en los primeros años y considerable muestra compromiso con la disciplina fiscal”.
Sin embargo, el banco prevé que el Congreso apruebe una versión menos exigente de la propuesta. “Nuestro escenario base es que finalmente se aprobará un paquete diluido”, señaló Tellez, aunque reconoce la posibilidad de que el trámite se prolongue hasta 2027.
Goldman Sachs anticipa desviaciones en las metas fiscales
El Gobierno pretende reducir el déficit primario desde el 3,7% del PIB en 2026 hasta el 2,1% en 2027 y el 0,3% en 2028. Posteriormente, proyecta superávits primarios y una estabilización de la deuda pública alrededor del 64% del PIB.
Goldman Sachs estima, sin embargo, que el déficit primario alcanzará el 2,5% del PIB en 2027 y el 1,2% en 2028, cifras superiores a los objetivos oficiales.
“Vemos riesgos de desviación fiscal dada su enorme magnitud”, advirtió Téllez. El analista también alertó sobre los complejos efectos en el comportamiento económico y el equilibrio general derivados de los cambios contemplados en el plan.
El ajuste dependerá principalmente de la reducción del gasto público, cuya contribución sería de 2 puntos del PIB en 2027 y un promedio anual de 2,3 puntos durante los años posteriores.
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“El largamente esperado plan de consolidación fiscal del nuevo Gobierno es, en el margen, incluso más ambicioso de lo que sugerían las señales anteriores”, señaló Tellez.
Sin embargo, Goldman Sachs advierte que los recortes efectivos serían menores de lo que sugieren las cifras agregadas. Parte del ahorro provendría de cambios en las exenciones de seguridad social y de la asignación de impuestos específicos al financiamiento de la salud.
Entre las medidas figura la concesión de facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para fusionar o reestructurar ministerios, entidades y fondos públicos. Esta iniciativa aportaría 0,4 puntos del PIB en 2027.
También se contempla reducir las exenciones de seguridad social sobre beneficios laborales, con un efecto fiscal de 0,6 puntos del PIB en 2027, además de establecer límites al crecimiento del gasto en personal.
Reforma tributaria: IVA del 19% y menor impuesto empresarial
Por el lado de los ingresos, el Gobierno espera recaudar 0,3 puntos adicionales del PIB en 2027 y 1,8 puntos anuales posteriormente, mediante una reforma que modifica el IVA y amplía la base del impuesto sobre la renta personal.
La propuesta establece una tarifa única del IVA del 19% para la mayoría de los productos y servicios anteriormente excluidos, acompañada de devoluciones focalizadas a hogares de bajos ingresos. Su aporte fiscal sería de 1,1 puntos del PIB anuales desde 2028.
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La reducción del umbral para declarar renta aportaría otros 0,6 puntos del PIB por año. Paralelamente, el impuesto corporativo disminuiría gradualmente del 35% al 31% para 2028.
Goldman Sachs estima que la reducción del impuesto empresarial tendría un costo fiscal promedio de 0,4 puntos del PIB entre 2028 y 2030, compensado en gran medida por mayores ingresos asociados a la inversión privada y menores primas de riesgo.
El efecto neto sería moderadamente negativo entre 2027 y 2029, antes de registrar una contribución positiva de 0,1 puntos del PIB en 2030.
El programa también contempla impuestos al tabaco y al alcohol destinados al financiamiento de la salud, una medida que permitiría liberar recursos del presupuesto para otros compromisos del Gobierno.
Goldman Sachs considera favorable que el programa evite una estrategia basada exclusivamente en el crecimiento económico o en expectativas optimistas de reducción de la evasión tributaria.
El banco también valora que los supuestos macroeconómicos sean razonables y que varias medidas de recaudo resulten menos vulnerables a la evasión. A mediano plazo, un mayor control sobre el gasto de personal podría fortalecer la administración fiscal.
No obstante, Tellez señaló que “no aborda algunas de las presiones de gasto más estructurales, incluido el sistema de transferencias”, cuya reforma probablemente exigiría una modificación constitucional políticamente más difícil.
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El Congreso y las medidas pendientes complican el ajuste
El proyecto de rescate fiscal presentado al Congreso representa apenas el 75% del programa. El 25% restante dependerá de decisiones ejecutivas todavía indefinidas y del Plan Nacional de Desarrollo previsto para comienzos de 2027.
Estas iniciativas adicionales aportarían entre 0,6 y 0,7 puntos del PIB anuales entre 2028 y 2030. Goldman Sachs sospecha que podrían incluir una revisión del sistema de subsidios tarifarios.
Pese a las resistencias políticas, el banco identifica factores que podrían facilitar las negociaciones. Las devoluciones del IVA a hogares de bajos ingresos podrían atraer el respaldo de partidos de centro e izquierda.
Destinar los impuestos al tabaco y al alcohol al financiamiento de la salud también podría reducir la oposición de sectores de derecha, mientras que la rebaja del impuesto empresarial compensaría parcialmente la eliminación de exenciones laborales.
Las mayores resistencias, según Goldman Sachs, se concentrarían en la ampliación del impuesto sobre la renta personal y las facultades extraordinarias solicitadas por el Ejecutivo para reestructurar el Estado.
La fecha límite del 16 de diciembre aumenta la presión sobre las negociaciones legislativas y abre la posibilidad de que la aprobación del paquete se retrase hasta 2027.
El Plan Nacional de Desarrollo podría enfrentar un trámite legislativo menos complejo, aunque Goldman Sachs advierte que existe el riesgo de impugnaciones ante la Corte Constitucional.
El programa también contempla limitar el crecimiento del gasto en personal, bienes y servicios a la inflación cuando la deuda se sitúe entre el 63% y el 71% del PIB. Si supera ese umbral, se aplicarían recortes adicionales y restricciones a los compromisos plurianuales.
La aprobación legislativa, la definición de las medidas pendientes y la ejecución de los recortes determinarán cuánto del ajuste previsto podrá materializarse.
