Bloomberg Línea — Luego de que la Corte Constitucional suspendiera, de forma provisional, la emergencia económica que decretó el Presidente Gustavo Petro, la lista de impuestos que el Ejecutivo pensaba poner en marcha, ya no va.
Con seis votos a favor y dos en contra, el alto tribunal apoyó la ponencia del magistrado Carlos Camargo, echando para atrás la decisión de emergencia de Petro, argumentada en una "crisis fiscal grave e inminente" que pone en riesgo la sostenibilidad del Presupuesto y la prestación de servicios públicos esenciales como educación, salud y empleo.
Asimismo, el mandatario colombiano señaló la negativa del Congreso para aprobar la ley de financiamiento, que buscaba recaudar COP$16,3 billones para financiar parte del Presupuesto de este año.
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Los impuestos que ya no van
En Colombia el impuesto al patrimonio empieza en COP$3.600 millones de pesos y sube progresivamente del 0,6% al 2%. Lo que proponía el ministro de Hacienda, Germán Ávila, era modificar la tarifa para que inicie en los COP$2.000 millones con el 0,6% e incrementarlo hasta el 5% en los patrimonios superiores a los COP$100.000 millones.
En el sector financiero, el ministro Ávila propuso que la sobretasa aplicada del 5%, se eleve hasta el 15%. A lo que sumó que se haría una “nueva normalización tributaria” para que las personas y empresas que no han declarado sus bienes en el exterior puedan hacerlo sin sanciones legales.
El recaudo esperado, por esta medida, ascendía a COP$3,6 billones.
Frente al IVA, se imponía un 19% a los juegos de suerte y azar y se excluía de la tarifa a los premios otorgados. Asimismo, las bebidas alcohólicas, gravadas con 5% de IVA, pasarán al 19%.
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En este último punto se incluían rones, aguardientes y whiskys. La cerveza no entraba en la medida.
“Son impuestos saludables que buscan desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen efectos negativos para la salud pública”, dijo Ávila.
La administración Petro también habló de la no deducibilidad de las regalías en el cálculo de impuesto de renta para las empresas de petróleo y carbón. Con esta medida se buscaba un recaudo de COP$3,2 billones.
