Los peros al concepto de “salario vital” que estableció el Gobierno para aumentar 23% el mínimo

Para ANIF, la metodología no tiene en cuenta diferencias en la canasta de costos a nivel regional y tampoco explica los bienes o servicios que hacen parte del grupo de “otras necesidades” que incorpora en su estimación.

Traffic in Bogota, Colombia, on Friday, Dec. 20, 2024. Colombia’s central bank unexpectedly slowed its monetary easing campaign as fiscal concerns are weakening the nation’s currency and adding to inflation risks.
31 de enero, 2026 | 05:00 AM

Bloomberg Línea — Si bien Gobierno Petro justificó el aumento de 23% del salario mínimo en el concepto de “salario vital”, para expertos económicos la metodología de cálculo dista mucho de la realidad y no tiene en cuenta factores clave.

“La metodología no tiene en cuenta diferencias en la canasta de costos a nivel regional y tampoco explica los bienes o servicios que hacen parte del grupo de “otras necesidades” que incorpora en su estimación”, indica un análisis del centro de pensamiento económico ANIF.

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El Ministerio de Hacienda definió el salario vital, y citó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, calculado sobre una jornada laboral normal y considerando el contexto económico de cada país“.

Con lo que, indicó el Ejecutivo, el salario deja de ser solo una variable económica y pasa a entenderse como una herramienta de justicia social.

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“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”, dijo el presidente Gustavo Petro.

A lo que agregó que “me van a llover de los sectores más, ¿cómo les decimos? Yo digo megaricos, pero retardatarios porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen eso a los megaricos, no a este Gobierno, pero no importa, nosotros trabajamos para todo el país".

El salario mínimo para 2026 se ubicó en COP$1.750.905 y con auxilio de transporte (COP$253.118) en un total de COP$2.000.000.

ANIF explica que el Gobierno adoptó esta metodología de la OIT con una promesa ambiciosa: reducir la pobreza y la pobreza extrema mientras transforma las condiciones económicas de los trabajadores. “En la práctica, el modelo calcula cuánto necesita una familia típica para cubrir alimentación, vivienda, educación y salud y otras necesidades básicas".

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Para el caso colombiano, se estima el costo de estas necesidades para hogares unipersonales, de dos, tres y cuatro personas. El cálculo del salario mínimo contempló un hogar compuesto por tres integrantes.

Con lo que, refiere el centro de pensamiento económico, no es claro cómo se traduce el costo de las necesidades en el salario vital. Tampoco son explícitos los elementos contenidos en la categoría “otras necesidades”, rubro que representa el 28% de la canasta.

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Asimismo, la canasta de costos contempla el gasto en transporte, por lo que el salario vital también lo hace. El Gobierno utilizó la cifra publicada por la OIT y adicionó el subsidio de transporte a ese monto.

“La canasta estimada no contempla las diferencias regionales en la canasta de consumo: obviamente, los servicios tienen costos muy diferentes en ciudades grandes como Bogotá que en otras ciudades o municipios más pequeños”, refiere ANIF.

A lo que añade que según datos del DANE, hay 1,5 trabajadores en cada hogar y que el número promedio de integrantes es de tres personas. Para lo cual es importante considerar que, dada la transición demográfica, el número de integrantes promedio de un hogar ha venido cayendo.

Bajo este escenario, encuenta que el salario vital para una familia con tres integrantes, en 2025 era prácticamente igual al salario mínimo. Sin embargo, en 2026 se generó una brecha del 18% entre el salario mínimo y el vital.

Además, la brecha se amplía para los hogares unipersonales, que podría ejemplificarse en el caso de un joven que no tiene dependientes.

Se concluye entonces que la discusión de política pública debería girar en torno a compensaciones a familias numerosas con menor proporción de ocupados, ya que esas medidas focalizadas resuelven problemas de suficiencia en vez de crear barreras a la generación de empleo formal.

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