Bloomberg Línea — La seguridad del ahorro en las zonas más apartadas de Colombia ha entrado en el centro del debate nacional tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Ver más: Por qué el precio del dólar en Colombia sigue a la baja mientras sube en el resto del mundo
El equipo de investigaciones de ANIF sostiene que, “el Gobierno expidió un borrador de decreto que faculta a los operadores postales para realizar giros de depósito, transferencias y captar recursos del público, pese a no estar sujetos a supervisión financiera, generando asimetrías regulatorias y riesgos para los usuarios”.
El proyecto busca que los operadores postales, que hoy cuentan con una red de 52.000 puntos y cobertura en casi el 100% de los municipios, puedan recibir depósitos, realizar transferencias y captar dinero del público para combatir la “pobreza digital” que afecta a 7 de cada 10 personas en el campo.
Sin embargo, el centro de pensamiento ANIF advirtió que esta medida podría exponer los recursos de los ciudadanos a riesgos sistémicos al no contar con la supervisión de la Superintendencia Financiera ni con seguros de depósito que protejan al usuario ante una eventual crisis de estas entidades.
ANIF enfatiza en que, aunque el país ha logrado avances significativos en inclusión —alcanzando un 96,3% de adultos con productos financieros en 2024 —, la solución a las brechas rurales no debería pasar por flexibilizar los controles sobre el ahorro público.
Ver más: Para Goldman Sachs, una tasa al 10,25% es insuficiente para atajar la inflación en Colombia
Una apuesta real
Desde la perspectiva del Ministerio TIC, la medida es una respuesta necesaria a la realidad geográfica y económica del país.
Según datos del propio ministerio, existen departamentos en donde el costo de acceso a internet fijo puede ser hasta 3,6 veces superior al promedio nacional, lo que, sumado a la falta de dispositivos, aleja a la población de la banca digital formal.
El Ministerio señala que “7 de cada 10 personas que viven en zonas rurales enfrentan pobreza digital”, razón por la cual los servicios postales son un canal crítico al tener una cobertura de entre el 98% y 100% de los municipios, veredas y corregimientos.
La ministra Carina Murcia ha defendido la gestión afirmando que “nuestro compromiso es con la generación de oportunidades para todos. Hemos llevado a cabo reuniones con la Superfinanciera, Asopostales y distintos gremios. Seguimos abiertos a sostener diálogos con todos los sectores, con el fin de aportar y avanzar en la transformación digital del país”.
El objetivo central del Gobierno es “aprovechar esta capilaridad territorial para acercar servicios de pagos seguros para los ciudadanos”.
No obstante, ANIF rebate que esta infraestructura ya está siendo atendida por otros actores regulados. El centro de pensamiento indica que existe un “traslape significativo entre la cobertura de corresponsales bancarios y giros postales en la mayor parte del territorio nacional”.
Según su análisis, en las regiones Andina, Cafetera y Caribe, ambos sistemas operan simultáneamente con alta densidad, lo que sugiere que “el sistema financiero regulado está al alcance” de la mayoría.
Ver más: ¿Cuánto vale Ecopetrol? Credicorp Capital actualizó su recomendación y precio esperado
Riesgo de lavado de activos
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la creación del “giro de depósito”. Actualmente, los operadores postales funcionan bajo un esquema de “ejecución instantánea”, donde el dinero se entrega de inmediato sin custodia prolongada.
El nuevo decreto permitiría la creación de “cuentas postales” en donde los usuarios mantendrían fondos y realizarían retiros parciales.
Para ANIF, esto representa “una actividad equivalente a la captación de ahorro, función exclusiva del sistema financiero regulado”.
La preocupación radica en que, a diferencia de los bancos, los operadores postales están bajo la órbita del MinTIC y la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sólo en temas de protección al consumidor, pero no cuentan con los estándares de la Superintendencia Financiera.
Esta diferencia regulatoria abre la puerta a riesgos de seguridad nacional. ANIF advierte que la propuesta “genera riesgos de lavado de activos en ausencia de estándares adecuados de trazabilidad, monitoreo y control transaccional”.
El informe vincula este riesgo con la persistencia de economías ilícitas, señalando que “el aumento de los cultivos de coca alcanzó cerca de 252.000 hectáreas” en 2023, lo que, sumado a una alta participación del efectivo (24,4%), hace peligroso flexibilizar canales de captación sin salvaguardas suficientes.
Ver más: Oro en ciclo alcista, plata bajo presión: el nuevo diagnóstico de UBS
Un sistema fragmentado
Otro eje del debate es la interoperabilidad tecnológica. Colombia ha lanzado recientemente el sistema Bre-B, operado por el Banco de la República, para permitir transacciones inmediatas y seguras.
ANIF advierte que, si los operadores postales no cumplen con los requisitos técnicos para integrarse a este ecosistema, se produciría una fragmentación del sistema: “un ecosistema regulado conectado a Bre-B versus operadores postales aislados”.
Esto resultaría en que “los usuarios no podrían transferir entre sistemas, contradiciendo una década de esfuerzos por construir infraestructura integrada”.
El Ministerio TIC, por su parte, asegura que la reglamentación busca garantizar “la trazabilidad de las operaciones” y que el proyecto ha recibido 144 comentarios de diversos actores para ser fortalecido.
Para el Gobierno, se trata de una apuesta por un “sector postal modernizado, articulado, que ponga la infraestructura al servicio de la gente”.
La brecha rural como campo de batalla
Las estadísticas de inclusión financiera publicadas por ANIF muestran que, si bien en las ciudades el acceso es del 107,1%, en las zonas rurales dispersas este indicador cae al 56,0%.
Más grave aún es el indicador de uso (productos activos), que en el campo profundo es de apenas 43,2%.
A pesar de estas cifras, ANIF insiste en que la solución no debe ser crear “versiones de segunda categoría” de servicios financieros.
La entidad sugiere que ya existen figuras como las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), diseñadas para la inclusión digital bajo el marco regulatorio robusto.
Según el centro de pensamiento, “crear esquemas paralelos con menor regulación pone en riesgo los recursos del público, limita el control contra el lavado de activos y margina a la población usuaria al no integrarse al ecosistema financiero formal”.
Ver más: El rol estratégico de Crédito Público: El dique de contención ante un déficit histórico en Colombia
La decisión final sobre el decreto marcará el rumbo de cómo Colombia integrará a sus poblaciones rurales: si a través de una expansión de la vigilancia financiera tradicional o mediante la transformación de los servicios postales en nuevos actores del ahorro nacional.
