Bloomberg Línea — Colombia busca en el Fondo Monetario Internacional (FMI) un respaldo que le permita reducir sus costos de financiamiento y recuperar la credibilidad fiscal, en medio de un déficit primario del Gobierno central equivalente al 3,5% del PIB en 2025 y un escenario en el que los intereses ya absorben el 28,6% del recaudo tributario.
La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó esta semana una ronda de reuniones a puerta cerrada con las autoridades económicas colombianas en medio de las presiones fiscales que han llevado al vicepresidente del país, José Manuel Restrepo, a alertar sobre un posible default de Colombia si el Congreso no aprueba la ley de ajuste.
La misión técnica del FMI que visita Colombia busca evaluar la situación fiscal y la credibilidad del ajuste propuesto por el Gobierno, así como explorar alternativas de financiamiento.
Colombia llega a las conversaciones con el FMI con un déficit primario del Gobierno central que alcanza niveles que en tres décadas solo se vieron en la recesión de 1999 y en la pandemia, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
Sin la ley de rescate, presentada la semana pasada por el Gobierno colombiano ante el Congreso, el mismo Ministerio de Hacienda proyecta un déficit total de 9,4% del PIB para 2027.
El FMI mantiene abierta la posibilidad de otorgar financiamiento a Colombia al considerar que su situación fiscal es insostenible, según dijo el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk, durante las recientes reuniones anuales de ese organismo y el Banco Mundial
“Aunque todavía no existen condiciones formales ni un programa acordado, esperamos que las conversaciones permitan definir recomendaciones y, eventualmente, una hoja de ruta de implementación”, dijo a Bloomberg Línea Diego Cuéllar, analista para la región andina de FrontierView, una empresa de la consultora Oxford Economics.
Considera que el Fondo podría sugerir racionalizar transferencias y subsidios, contener el gasto administrativo y de personal, revisar beneficios tributarios y fortalecer la recaudación.
La Ley de Rescate Económico constituye la principal respuesta del Gobierno y propone reducir el déficit mediante austeridad estatal, reorganización administrativa y cambios tributarios que podrían golpear especialmente a la clase media.
El Ejecutivo estima que el 70% del ajuste provendrá de austeridad y el 30% de mayores ingresos.
Sin embargo, “la rigidez del gasto dificultará los recortes, mientras que las medidas tributarias enfrentarán resistencia legislativa”, según Diego Cuéllar.
Lo que implicaría un acuerdo con el FMI
FrontierView proyecta que las necesidades de financiamiento para 2027 de Colombia rondan los US$25.000 millones.
Un eventual crédito del FMI por US$4.000–US$5.000 millones cubriría apenas entre el 16% y el 20% de estas necesidades y estaría sujeto a requisitos establecidos por el Fondo.
“Las altas tasas de interés, la rigidez del gasto en transferencias, pensiones y servicio de la deuda, y la resistencia de un Congreso fragmentado dificultarán la implementación del ajuste”, manifestó el analista Diego Cuéllar. “Existe un riesgo considerable de que las medidas aprobadas sean menos ambiciosas que las anunciadas”.
Incluso si se alcanzara la meta oficial del 7,2% del PIB, el déficit permanecería elevado y la deuda seguiría bajo presión.
El respaldo multilateral puede aliviar las necesidades inmediatas de liquidez, pero no corregirá por sí solo el desequilibrio fiscal estructural en el corto plazo, en su visión.
“Un acuerdo con el Fondo puede abaratar el financiamiento y dar un ancla externa, pero la experiencia regional muestra que esa ancla solo funciona cuando el ajuste ya tiene respaldo político en casa”, dijo a Bloomberg Línea Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas. “Un programa del Fondo entrega dinero por tramos a cambio de metas fiscales y revisiones periódicas, y en la región casi siempre ha venido con recortes de gasto y, en varios casos, de subsidios”.
Según Fortun, el ajuste que propone el gobierno mejora el balance primario en 3 puntos del PIB entre 2026 y 2028, cerca de 4 frente al escenario sin ajuste.
Fortun considera que “es un esfuerzo exigente y comparable con los programas de la región, que mejoraron el balance primario del gobierno general entre 1 y 6 puntos”.
El país conserva el acceso al mercado que Argentina perdió y tiene tipo de cambio flexible, un banco central independiente y reservas por unos US$67.000 millones.
“La dificultad es política. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso, los senadores del Centro Democrático, el partido más grande del Senado, rechazan subir impuestos, y en 2021 la calle obligó a retirar una reforma tributaria y tumbó al ministro de Hacienda. Me preocupa que la etiqueta del Fondo se vuelva un blanco político si el ajuste toca subsidios y pensiones”, expresó el economista del IIF.
El escenario base del IIF contempla que el Congreso apruebe antes del 16 de diciembre una versión más moderada de la Ley de Rescate Económico, que mantenga la mayor parte del recorte del gasto, pero reduzca el componente de aumento de impuestos.
Esto permitiría avanzar hacia un acuerdo precautorio con el FMI, sujeto a metas y revisiones, durante el primer semestre de 2027.
Bajo ese escenario del IIF, el déficit primario de 2027 se situaría cerca del 2,5% del PIB, por encima de la meta del 2,1%, mientras que el CDS a cinco años podría bajar de los 156 puntos básicos actuales a menos de 140.
El principal riesgo, advirtió, es que las decisiones se posterguen hasta 2027, cuando se celebrarán elecciones territoriales en octubre.
En ese caso, el FMI podría aplazar las negociaciones y las tasas de interés permanecerían elevadas por más tiempo, según proyecta el IIF.
Colombia ya tuvo una experiencia en 1999 en medio de la recesión, cuando suscribió un acuerdo ampliado con el FMI que nunca llegó a utilizar.
El déficit primario del Gobierno Nacional Central pasó del 3,6% del PIB en 1999 al 0,5% en 2003, mientras la deuda pública siguió aumentando hasta 2002, antes de comenzar a descender.
Los acuerdos stand-by de 2003 y 2005 tampoco implicaron desembolsos.
De la línea de crédito flexible, Colombia solo utilizó unos US$5.400 millones durante la pandemia, recursos que ya fueron reembolsados.
Históricamente, indica Fortun, “el Fondo siempre fue para Colombia un sello de credibilidad, y eso es lo que el país vuelve a buscar”.
De Argentina a Bolivia, la experiencia con el FMI
Fortun reseña que Argentina obtuvo en 2018 un acuerdo por US$57.000 millones, “el más grande en la historia del Fondo”, del que recibió unos US$45.000 millones.
La meta de equilibrio primario, tras la primera revisión, exigía un ajuste de 5,6 puntos del PIB.
“Buena parte de ese esfuerzo descansó en medidas transitorias, la salida de capitales de corto plazo continuó durante el programa y el propio Fondo concluyó después que el programa no cumplió sus objetivos”, señaló el economista.
En Ecuador, la eliminación del subsidio a los combustibles de 2019 se revirtió en menos de dos semanas por las protestas.
El programa de 2020, acompañado de una reestructuración de deuda, estabilizó la economía, aunque “el acceso al mercado siguió cerrado y la reforma de los subsidios quedó suspendida”, indicó el economista del IIF.
Otro caso es el de Bolivia, que muestra “lo que pasa cuando se llega al Fondo sin dólares”, con un acuerdo de unos US$1.9000 millones aprobado en octubre
“El programa exige un ajuste primario de unos 8,5 puntos del PIB y eliminar los subsidios a los combustibles hacia comienzos de 2027”, indicó Fortun. “El tipo de cambio oficial pasó de Bs$11,68 a Bs$12,12 en dos semanas, los choferes no descartan movilizaciones y el magisterio ya paró. Ahí el ritmo del ajuste creo que lo van a fijar las protestas y grupos movilizados en la calle”.
Los casos que “salieron bien”
A juicio de Fortun, los casos que “salieron bien” fueron los que ajustaron por convicción propia, como Uruguay después de la crisis de 2002. “Combinó el apoyo del Fondo con un canje voluntario de su deuda en 2003 y superávits primarios de entre 3% y 4% del PIB, y su deuda bajó de 90% del PIB en 2002 a 61% en 2006”.
También recuerda que Brasil enfrentó ese mismo año una crisis de confianza alrededor de la elección general del 2002.
El nuevo gobierno elevó la meta de superávit primario y la deuda bajó de 76% a 65% del PIB en cuatro años.
Costa Rica aprobó su reforma fiscal en 2018 y con el programa de 2021 pasó de un déficit primario de 3,7% del PIB en 2020 a un superávit de 2% en 2022.
Jamaica sostuvo desde 2013 superávits cercanos a 7% del PIB durante años y bajó su deuda de 140% del PIB en 2012 a 95% en 2017.
“La propia oficina de evaluación del FMI encontró que, fuera de las crisis, los programas mantienen el crecimiento en general en línea con sus normas históricas”, expuso Fortun. “También encontró que en cerca de la mitad de los programas el crecimiento quedó al menos medio punto por debajo de lo proyectado. El ajuste se apoyó mucho en recortes de gasto y la protección a los más vulnerables muchas veces no alcanzó”.
En su evaluación de 2024 sobre los préstamos más grandes, la misma oficina encontró más optimismo y casos en los que el financiamiento del Fondo reemplazó reestructuraciones de deuda que hacían falta.
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