Bloomberg Línea — Colombia se enfrenta al desafío de reducir su deuda pública sin sacrificar la inversión social por medio de la disciplina fiscal, el crecimiento económico y una mayor eficiencia del Estado en un contexto de presión sobre las finanzas del país.
José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, afirmó que en los últimos años las finanzas públicas de Colombia han evidenciado una tendencia de “deterioro”.
Esta situación se explica tanto por el crecimiento “estructural” de los gastos inflexibles del Presupuesto General de la Nación como por el aumento del gasto discrecional del Gobierno colombiano.
Según expuso Mojica, actualmente entre el 85% y el 90% del presupuesto corresponde a gastos rígidos.
De acuerdo con cálculos de Bancolombia sobre el Presupuesto General de la Nación, el componente flexible o discrecional llega al 4,9% del PIB este año.
“Es un monto realmente alto que nos llevaba a concluir que una posibilidad de ajuste real en el presupuesto era bastante factible”, indicó el analista José Luis Mojica a Bloomberg Línea.
“Si llevamos el monto discrecional a lo que usualmente gastan los gobiernos en promedio en los últimos 20 años, lo cierto es que hay un espacio de recorte de aproximadamente entre COP$60 billones o COP$66 billones”, dijo.
Aclaró que esto implicaría recortar programas y flujos adicionales de gasto público con el objetivo de avanzar en la consolidación fiscal.
No obstante, sostuvo que el impacto sobre el gasto social podría mitigarse mediante una reasignación del presupuesto hacia sectores con mayores efectos multiplicadores sobre la economía, como la infraestructura y vivienda.
En su opinión, destinar más recursos a subsidios de vivienda o a asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura no solo tendría beneficios sociales, sino que también impulsaría el crecimiento económico y la generación de empleo.
A abril de 2026, se estima que la deuda pública de Colombia llegó al equivalente al 61,2 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda.
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Modelo de “consolidación inteligente”
“Sí es viable que Colombia reduzca su deuda pública sin frenar la inversión social, pero la clave está en entender que no se trata simplemente de recortar gasto, sino de hacer que el Estado sea más eficiente y que la economía crezca de forma sostenida”, consideró la economista Paula Chaves, analista de mercados de la firma Greyhound Trading.
En opinión de Chaves, la nueva administración tendría que enfocarse en un modelo de “consolidación inteligente”, lo que implicaría reducir el déficit fiscal sin desmontar programas sociales clave.
Para ello, propone cuatro frentes estratégicos.
En primera instancia, dice que el país necesita crecer más.
“El crecimiento económico es probablemente la herramienta más poderosa para reducir deuda. Si Colombia logra expandirse por encima del 3% anual de manera consistente, automáticamente mejora el recaudo tributario y baja la relación deuda/PIB”, anotó Paula Chaves.
Para eso dijo que se necesita recuperar confianza inversionista, estabilidad regulatoria y atraer capital hacia infraestructura, energía, agroindustria y sectores productivos.
En segunda medida propuso mejorar la calidad del gasto público. “Aquí no se trata de quitar inversión social, sino de eliminar ineficiencias, corrupción, duplicidades burocráticas y subsidios mal focalizados”.
En este sentido, dijo que “un peso bien invertido en educación, salud preventiva o productividad genera más crecimiento futuro y termina fortaleciendo las finanzas públicas”.
El tercer punto es ampliar ingresos sin castigar la inversión privada.
En su opinión, Colombia sigue teniendo problemas estructurales de evasión y una base tributaria limitada.
Por eso, según la economista, “la solución no necesariamente es subir impuestos agresivamente, sino modernizar la administración tributaria, reducir exenciones ineficientes y crear un sistema más estable y competitivo”.
Y como cuarto punto propone mantener disciplina financiera, lo que implica manejar mejor la deuda, alargar vencimientos, reducir costos financieros y preservar credibilidad frente a los mercados internacionales. “Cuando un país pierde confianza, automáticamente paga intereses más altos y termina teniendo menos espacio para invertir en lo social”.
Una tarea compleja
“Es supremamente difícil reducir la deuda pública en Colombia sin frenar la inversión social”, explicó Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Sin embargo, Zuleta dijo a este medio que pueden adoptarse medidas para mitigar el impacto del ajuste fiscal.
Según el académico, la situación es compleja dado que el país enfrenta un mix de deuda elevada con un déficit primario.
“El gasto corriente del Estado supera sus ingresos corrientes”, anotó.
Por ello, sostiene que el primer paso debe ser lograr un equilibrio fiscal básico mediante un ajuste significativo.
“De manera que para empezar tenemos que hacer ese ajuste. Producir equilibrio corriente. Eso es un ajuste grande”, dijo.
Zuleta señala que parte del ajuste podría venir de la depuración del empleo público improductivo, al que algunos economistas han denominado “empleo militante”.
Es decir, funcionarios que no estarían contribuyendo de forma efectiva a la provisión de bienes públicos o servicios sociales.
No obstante, advierte que esta medida no es suficiente.
También plantea la necesidad de acudir a organismos multilaterales para solicitar un canje de deuda.
“Estamos pagando una tasa de interés de deuda pública gigantesca. El Gobierno se enorgullece de que se ha reducido la deuda pública como porción del PIB, pero fundamentalmente porque se ha sustituido por deuda en pesos que está pagando unas tasas de interés gigantescas”, indicó.
Por lo anterior, ha mencionado la necesidad de buscar crédito a más largo plazo y a tasas de interés más bajas, que en la actualidad son elevadas debido a la percepción de riesgo del mercado.
En su visión, una combinación de ajuste fiscal y mejores condiciones de financiamiento ayudaría a mejorar la sostenibilidad de la deuda.
Después, dice que sería necesario un ajuste más profundo del gasto público, que incluya la eliminación de varios programas y entidades, como el Ministerio de la Igualdad, según mencionó.
Aun así, se espera una desaceleración del gasto público como resultado del ajuste fiscal.
Sin embargo, considera que el recorte podría ser más manejable porque en este gobierno ya se han desmontado o reducido varios programas sociales.
“La reducción en gasto público va a ser relativamente más fácil precisamente porque hay un exceso de gasto mal enfocado. De cualquier manera, parte del ajuste va a impactar el gasto social”, remató.
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