Bloomberg Línea — El resultado electoral en Colombia podría marcar un punto de inflexión en la relación con Venezuela, con implicaciones directas en comercio, seguridad fronteriza, migración e incluso cooperación energética.
En un contexto de posible apertura económica venezolana y persistentes desafíos en la frontera, incluido el narcotráfico, la alineación política de ambos países será clave para definir si se profundizan las sinergias económicas o se amplían las diferencias.
El “factor de Venezuela” ha cobrado especial relevancia a partir de la reapertura de las fronteras en 2022 durante la administración de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en Colombia.
En 2022, Petro también se convirtió en el primer presidente de Colombia en reunirse con el entonces mandatario venezolano, Nicolás Maduro, desde el 2016.
A lo largo de la reciente crisis en ese país Petro abogó, junto con otros aliados políticos en Latinoamérica, por una salida pacífica a las tensiones entre EE.UU y el Gobierno de Maduro, que resultaron en la captura del presidente venezolano en enero pasado.
En el marco de las elecciones en Colombia, el “factor Venezuela” podría cobrar mayor protagonismo en las campañas del candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda y de los derechistas Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
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Comercio fronterizo y seguridad en la frontera
El restablecimiento de relaciones con Venezuela ha impulsado una recuperación parcial del comercio bilateral, aunque aún lejos de los niveles de 2008.
En este sentido, “el resultado electoral del 31 de mayo será determinante”, dijo a Bloomberg Línea Roberto Pérez, analista y académico de la Universidad del Rosario, en Colombia. “Es probable que un gobierno de centro-derecha endurezca las condiciones para la normalización y priorice la alineación con Washington”.
En cambio, cree que una continuidad de la izquierda mantendría la apuesta integracionista, aunque igualmente limitada por la restricción fiscal que hereda el próximo mandatario en Colombia.
El pasado 31 de marzo entró en vigor el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), considerado un hito histórico para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Venezuela.
Sin embargo, el retorno de empresas colombianas sigue condicionado en términos generales por riesgos jurídicos, distorsiones cambiarias y restricciones de crédito, lo que configura una recuperación frágil, según los analistas.
En este entorno, el analista Roberto Pérez dice que el modelo de “transición tutelada” en Venezuela genera altos niveles de incertidumbre, obligando al sector privado a operar en un contexto de riesgo elevado.
Aunque destaca que iniciativas como la Comisión Binacional de Buena Vecindad han promovido cooperación en energía, logística y seguridad, impulsado proyectos en seguridad energética, integración productiva y corredores logísticos.
En 2025, más de 1.180 empresas colombianas participaron en el comercio con Venezuela, lo que representa un crecimiento del 84% frente a 2020 y un incremento promedio anual cercano al 13%, de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana.
La Cámara explica que este comportamiento se enmarca en la recuperación sostenida del intercambio comercial bilateral, que en 2025 alcanzó los US$1.170 millones, consolidando una tendencia positiva tras la reapertura de la frontera en 2022. Desde la entidad estiman que el comercio bilateral llegará a los US1.600 millones en 2026.
Se puede redefinir la relación comercial
“Las elecciones en Colombia pueden redefinir profundamente la relación económica y comercial con Venezuela”, dijo a Bloomberg Línea el analista José Andrés Rueda Montaño, profesor de la Maestría en Administración - MBA de la Universidad de América, en Colombia.
Especialmente porque la frontera binacional reúne tres dimensiones críticas: comercio bilateral, seguridad fronteriza -con impacto regional e internacional por el narcotráfico- y la eventual reconstrucción productiva venezolana con apoyo de Estados Unidos.
Explica que “el punto de partida” es que Venezuela continúa siendo una economía severamente deteriorada.
Aunque en el contexto del giro político en ese país, cree que Colombia podría desempeñar un papel relevante como socio estratégico en un eventual proceso de recuperación económica venezolana.
En su opinión, si en Colombia triunfa una propuesta de continuidad frente al actual enfoque, mientras Venezuela avanza hacia una mayor apertura económica, surgirían diferencias importantes en expectativas, prioridades y generación de confianza.
“Si Colombia mantiene la línea actual y Venezuela profundiza un realineamiento con Estados Unidos, no necesariamente cabría esperar una cooperación más estrecha en economía o seguridad”, dijo Rueda Montaño.
“Persistirían diferencias sobre temas sensibles como narcotráfico, inversión, integración energética y manejo fronterizo. Con agendas divergentes, sería difícil aprovechar plenamente las sinergias entre ambas economías”, dijo.
Seguridad fronteriza y actores armados
La porosa frontera entre Colombia y Venezuela no solo es un corredor comercial, sino también un foco donde operan economías ilegales, narcotráfico, contrabando, minería ilegal y grupos armados.
En materia de seguridad fronteriza, el analista Roberto Pérez dice que el ELN es la variable más disruptiva.
“Este grupo irregular construyó durante años una infraestructura de control territorial (campamentos, corredores fluviales y pistas ilegales) bajo la complicidad del régimen chavista, financiada por minería ilegal y narcotráfico”, comentó.
Los cambios en Venezuela tras la salida de Maduro han presionado a estas estructuras a desplazarse hacia Norte de Santander, Arauca, Cesar y La Guajira, intensificando las tensiones en la frontera.
Para Roberto Pérez, sostener la presencia estatal efectiva en esos territorios tiene un costo fiscal que “el debate electoral raramente reconoce”.
En ese sentido, señala que el próximo gobierno recibirá un déficit del 6,4% del PIB y una deuda superior al 60% del PIB, lo que reduciría el margen para mantener simultáneamente una política comercial ambiciosa y una estrategia de seguridad robusta en la frontera.
“Esta restricción se agrava por la fragmentación legislativa resultante de las elecciones de marzo 2026. Sin mayorías claras en el Congreso, cualquier estrategia (diálogo o mano dura con el ELN) requerirá negociaciones complejas para ser financiada y sostenida”, dijo Pérez.
Para Rueda Montaño, de la Universidad de América, si Colombia gira hacia un gobierno de centroderecha o derecha probablemente surgiría una agenda más cercana a Estados Unidos, enfocada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento institucional, migración ordenada, democracia y protección a la inversión.
“Bajo un escenario promercado en ambos países, Colombia sería un socio natural para la reconstrucción venezolana por su cercanía geográfica, complementariedad productiva y experiencia empresarial”, apuntó Rueda Montaño.
En su opinión, un resultado distinto, combinado con el giro venezolano, “podría enfriar la relación por diferencias ideológicas y estratégicas”.
En cualquier escenario, sin seguridad fronteriza, formalización comercial y reglas claras para la inversión, "la reapertura podría beneficiar tanto al comercio legal como a las economías ilegales, generando violencia y economías ilegales y desperdiciando una oportunidad de oro de crecimiento conjunto”.
Migración venezolana: costo fiscal y aporte económico
Colombia alberga más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, lo que ha generado presiones fiscales tras la reducción de cooperación internacional desde 2025.
“El financiamiento estadounidense para atender a esta población se redujo drásticamente tras los recortes a la ayuda exterior de enero de 2025, trasladando esa carga a los recursos domésticos en un momento de alta deuda externa e incertidumbre sobre los ingresos petroleros”, dijo Roberto Pérez. “Cualquier deterioro adicional en Venezuela que incremente los flujos migratorios presionaría aún más la infraestructura social y fiscal del país”.
Pérez Becerra matiza que la narrativa que presenta esta migración exclusivamente como “una carga fiscal no resiste el escrutinio de la evidencia”.
Los migrantes venezolanos que fueron acogidos por Latinoamérica y el Caribe en los últimos años aportan más de US$10.600 millones anuales en consumo a las economías de la región, de acuerdo con un informe publicado en 2025 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En Colombia, el país con mayor número de migrantes venezolanos, la inyección financiera aportada por ellos es de unos US$3.000 millones.
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Escenarios migratorios
Para los analistas, el comportamiento migratorio dependerá especialmente de la evolución política venezolana.
Según Pérez Becerra, un deterioro adicional en Venezuela, especialmente ante un conflicto armado, desencadenaría una nueva oleada migratoria que el próximo gobierno tendría que absorber sin la cooperación internacional que existía antes de 2025, elevando la presión fiscal.
Por otro lado, una transición real podría incentivar el retorno voluntario.
Por ejemplo, en un escenario de retorno masivo, calcula que la pérdida de recaudo fiscal podría oscilar entre US$100 y US$265 millones anuales, según la magnitud del éxodo, golpeando un fisco que ya opera bajo presión.
A esto se sumaría una contracción del consumo privado que podría ascender hasta US$1.500 millones anuales, con efectos directos sobre comercio, construcción y servicios, particularmente en ciudades intermedias y zonas de frontera. “El impacto demográfico sería igualmente adverso”, apuntó Pérez Becerra.
Territorialmente, prevé que los mayores impactos se concentrarían en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cúcuta, donde la migración ha dinamizado la actividad económica local y sostenido sectores de baja y media calificación laboral que difícilmente absorberían de inmediato esa contracción de oferta y demanda simultánea.
Para Pérez Becerra, el dilema estructural es que cualquier escenario (continuidad migratoria o retorno masivo) exige una política migratoria sostenible, con apoyo internacional y reconocimiento de la migración venezolana como activo económico.
“Independientemente de quién resulte electo, el próximo gobierno enfrentará presiones migratorias en ambas direcciones, y ninguna es neutral para las finanzas públicas ni para el mercado laboral”, apuntó el profesor de la Universidad del Rosario.
Sectores con potencial
Para los analistas, sectores como alimentos, agroindustria, construcción, cemento, acero, aluminio, energía, gas, comercio minorista, autopartes, logística, salud y servicios financieros podrían beneficiarse significativamente de una reapertura robusta.
En materia energética, un gobierno colombiano de centroderecha o derecha podría ver a Venezuela como proveedor o socio transitorio en gas, electricidad e hidrocarburos, según el analista José Andrés Rueda Montaño.
Esto mientras Colombia desarrolla nuevas reservas y fortalece su seguridad energética interna “para evitar importar el 25% del gas que se espera se importe en 2026″.
El analista Rueda Montaño dice que estas sinergias podrían apoyarse en proyectos de reconstrucción de infraestructura petrolera, modernización del sistema eléctrico, desarrollo minero y otras industrias y productos de consumo masivo entre otros.
“Venezuela posee recursos estratégicos como hierro, bauxita, oro y potencial en minerales críticos y tierras raras, relevantes para industrias tecnológicas. Ese proceso podría convertirse en una fuente importante de divisas y crecimiento, con Colombia como socio logístico, industrial y comercial clave”, apuntó el analista Rueda Montaño.
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