Acuerdo entre Ecuador y FMI reduce riesgos financieros, pero retos de gobernabilidad persisten: Fitch

Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado de otros fondos multilaterales, alivia los elevados riesgos de financiación de Ecuador antes de los importantes reembolsos que el país debe realizar al mismo FMI del próximo año, dice Fitch Ratings. Sin embargo, también considera que la incertidumbre política podría crear riesgos en torno al cumplimiento del programa.

El FMI anunció el 25 de abril que había alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de cuatro años por un valor de US$4.000 millones. El acuerdo aún debe pasar la aprobación del Directorio y todavía no se han proporcionado detalles sobre las condiciones ni un calendario para los desembolsos en el marco del nuevo programa.

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“El anuncio es coherente con nuestra expectativa de que Ecuador eventualmente acordaría un programa sucesor de su anterior SAF (concluido en diciembre de 2022). El acuerdo con el FMI probablemente desbloqueará fondos multilaterales adicionales”, afirma Fitch Ratings en un reporte difundido este 2 de mayo de 2024. “Se espera que los nuevos fondos cubran el déficit de financiamiento de Ecuador en 2024, y también podrían reforzar los colchones fiscales”.

Los depósitos son bajos (US$330 millones en marzo) después de que el déficit fiscal del Gobierno central en 2023 alcanzara el 5,1% del PIB, financiado en gran parte por la retirada de depósitos y el endeudamiento interno. Los atrasos alcanzaron un máximo del 3,7% del PIB a finales de 2023.

Fitch preveía que el déficit del Gobierno se redujera al 2,3% del PIB este año, en parte debido a las recientes reformas fiscales, incluida la ley que aumentó el IVA del 12% al 15%.

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La calificadora de riesgo considera que el servicio de la deuda externa (intereses más amortizaciones) es manejable a corto plazo, “pero sin un programa sucesor, la capacidad de reembolso tendría una mayor presión ante la amortización de la deuda con el FMI a partir de 2025 y el aumento de los pagos de intereses de los bonos externos reestructurados a partir de 2026″, señala en su informe.

¿Mejorará la situación económica del Ecuador?

Ecuador se encuentra en la categoría CCC+ de Fitch Ratings, una de las más bajas calificaciones de riesgo, desde agosto de 2023. Esta clasificación ya considera el alivio del estrés fiscal y financiero debido a las recientes reformas fiscales y el potencial apoyo del FMI. Hasta que los detalles del nuevo programa con el FMI estén disponibles, la firma indica que es difícil evaluar las perspectivas de cumplimiento de Ecuador.

Para Fitch, los resultados de la última Consulta Popular y Referéndum en Ecuador “representa un voto de confianza en el gobierno de cara a las elecciones”. Sin embargo, considera que hasta que se den las elecciones generales en febrero de 2025, todavía hay incertidumbre en cuando a nuevas reformas fiscales y al cumplimiento del acuerdo del FMI. “La reelección podría dar al Presidente Daniel Noboa un mandato para implementar el programa, y hacerlo podría ser menos difícil si su partido ADN aumentara su representación en la Asamblea Nacional. Pero, es poco probable que las elecciones reduzcan significativamente la fragmentación política”, señala su reporte.

Más desafíos económicos

Fitch añade que también está pendiente ver cuánto ajuste fiscal bajo el nuevo programa provendría de las medidas tributarias, en las que Noboa ha logrado algunos avances, en particular la reforma del aumento del IVA. Sin embargo, la materialización de los beneficios en materia de ingresos dependerá del resultado de las impugnaciones legales a las reformas en la Corte Constitucional.

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Otro desafío para el cumplimiento de los objetivos fiscales también podría verse dificultado por el cierre de tres yacimientos petrolíferos del ITT en la Amazonía ecuatoriana que Fitch prevée que se producirá en 2025 y podría afectar a los ingresos en US$ 600 millones netos anuales.

Finalmente y sobre esfuerzos adicionales de consolidación como un recorte de los subsidios a los combustibles, la firma reconoce que podría ser más difícil de aplicar debido al posible malestar social que la medida ha causado en ocasiones anteriores, como las movilizaciones de octubre de 2019.