Bloomberg Línea — La Fiscalía de Ecuador solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y para otros nueve de diez detenidos por el caso Goleada, en una audiencia de formulación de cargos instalada a la 01:00 de este miércoles, en la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción.
El alcalde de Guayaquil y sus dos hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, directivos del Barcelona Sporting Club, son investigados por presunta delincuencia organizada para lavar activos y defraudar al fisco.
“Con base en alrededor de 20 elementos de convicción, la Fiscalía solicitó –de forma motivada– la prisión preventiva de 10 de los procesados”, informó el ente investigador en X. “Para el undécimo pidió arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad”.
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La Fiscalía motivó su pedido en la necesidad de neutralizar riesgos procesales, considerando que se investiga un “entramado societario complejo” que, al parecer, “ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible”.
El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, argumentó que los elementos presentados por el ente investigador no demuestran conductas delictivas, sino que evidencian actividades empresariales regulares.
“Toda la descripción de las conductas que ha hecho Fiscalía son conductas netamente empresariales”, sostuvo García.
Luego de escuchar las intervenciones de todas las partes procesales, un juez anticorrupción suspendió la audiencia hasta las 15:00 horas. En la reinstalación, dará a conocer su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
Aquiles Álvarez y los demás señalados fueron detenidos durante un operativo adelantado en la madrugada del 10 de febrero, en el que fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB, computadores, dinero en efectivo y documentos que guardarían relación con las pesquisas adelantadas con las autoridades.
Álvarez, también procesado por caso Triple A
El caso Triple A, abierto en julio de 2024, investiga a Aquiles Álvarez y otras 19 personas naturales y jurídicas que presuntamente colaboraron en una red de desvío y comercialización ilegal de diésel y gasolina subsidiados en Ecuador, generando perjuicios al Estado por US$61,5 millones.
La instalación de la audiencia de juicio por el caso Triple A estaba contemplada para el pasado 31 de enero, pero fue cancelada un día antes, aunque todavía no se ha establecido una nueva fecha.
“Por un recurso de ampliación y aclaración presentado por la defensa de una de las personas jurídicas procesadas, el Tribunal deja sin efecto la convocatoria para la instalación de la audiencia de juicio prevista para mañana”, informó la Fiscalía en ese entonces.
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