Ciudad de México — La presidenta Claudia Sheinbaum publicó la nueva ley para incentivar los pagos digitales en México este miércoles, con lo que inicia la cuenta regresiva para que el Gobierno defina los sectores que gradualmente dejarán de aceptar efectivo.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, promulgada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, plantea que medios como las tarjetas de crédito y débito, las transferencias o la plataforma de pago con código QR Cobro Digital (CoDi) serán la única forma de pago que se aceptará en sectores estratégicos y actividades relevantes.
Dichos sectores serán determinados por la Secretaría de Hacienda en los próximos 15 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor el 5 de noviembre, de acuerdo con la legislación.
Aunque los sectores no se han anunciado oficialmente, la presidenta Sheinbaum ha mencionado previamente su intención de digitalizar los pagos en gasolineras y casetas de peaje.
Después de que se den a conocer las actividades relevantes, serán las autoridades competentes de cada sector las que tendrán 15 días hábiles para establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y de operación para aceptar los pagos digitales y establecerán los mecanismos y plazos específicos para la transición gradual del efectivo a los medios digitales, aunque el dinero en efectivo se seguirá aceptando en casos de contingencias.
En días recientes, la Asociación de Bancos de México dijo que el Gobierno pretende establecer “plazos razonables” dependiendo del giro para que esta transición ocurra sin disrupciones.
El Gobierno busca que a través de la regulación incremente la adopción de los medios digitales de pago en una economía dominada por el efectivo. El 85% de la población paga más frecuentemente con billetes y monedas las compras inferiores a MXN$500 y el 73% de los habitantes prefiere el efectivo para transacciones superiores a ese monto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Especialistas de Banamex indicaron en un análisis reciente que la efectividad de la ley dependerá de cerrar la brecha entre el acceso formal a los instrumentos financieros y su uso cotidiano, particularmente entre los micronegocios, trabajadores informales y regiones con menor conectividad, además de atender los riesgos de implementación.
La ley también propone que los medios de pago digitales sean aceptados en trámites y servicios de Gobierno, y que la CURP digital se admita como identificación oficial para contratar servicios financieros.
