Bloomberg Línea — El regreso de Venezuela a los radares del mercado internacional ha cobrado fuerza tras el cambio político en Caracas y la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero. En ese contexto, los bonos en default del país han registrado una fuerte revalorización, impulsados por renovadas expectativas de reestructuración de deuda.
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El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) señala que los inversionistas están reactivando escenarios de negociación ante el posible inicio de una transición institucional y la eventual participación de organismos multilaterales. Aunque el optimismo de los mercados ha sido evidente, el IIF advierte que el proceso de reestructuración estará marcado por múltiples complejidades.
Entre ellas, destacan el tamaño real de la deuda externa venezolana, la capacidad para atraer financiamiento externo y la viabilidad de un proceso liderado por el FMI en el contexto actual. En un informe, el instituto se centra en seis preguntas clave que los acreedores deben formularse antes de anticipar un escenario claro para la deuda venezolana.
“Las brechas de datos, las instituciones económicas y políticas débiles, y las fricciones geopolíticas podrían retrasar un proceso convencional liderado por el FMI”, advirtieron los analistas del IIF.
A partir de este contexto, formuló seis preguntas esenciales que los inversionistas se plantean ante un eventual proceso de reestructuración. Estas se agrupan a continuación en tres grandes ejes.
El tamaño de la deuda y las necesidades de inversión
El primer obstáculo para cualquier negociación con acreedores es cuantificar con precisión la deuda. Las cifras oficiales están desactualizadas y, según el IIF, subestiman considerablemente el monto real de los pasivos externos. La primera pregunta del Instituto es cuál es el tamaño de la deuda externa pública de Venezuela y quiénes son los principales acreedores.
“Las estimaciones de mercado sitúan la deuda externa pública por encima de los US$160.000 millones, muy por encima de las cifras reportadas”, señaló el IIF.
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Los datos de Transparencia Venezuela, citados por el informe, ubican el stock de deuda externa total en más de US$164.000 millones al cierre de 2024. De esa cifra, los bonos soberanos y de PDVSA representan aproximadamente 58%. Un 38% del total corresponde a intereses vencidos acumulados. Además, el informe indica que más de 60% de esos bonos en default están en manos de gestores de activos con sede en Estados Unidos, mientras que un 15% está concentrado en Luxemburgo.
El segundo eje de análisis apunta a las necesidades de inversión y se pregunta cuáles son las principales necesidades de inversión en infraestructura de Venezuela y en qué medida satisfacerlas podría requerir financiamiento externo, incluso de acreedores privados externos.
El sector petrolero es el núcleo de cualquier recuperación económica a corto plazo. Aunque se reconoce la importancia de diversificar la economía, la prioridad inmediata es estabilizar y ampliar la producción de crudo.
“Se estima que la producción petrolera podría aumentar a entre 2,5 y 3 millones de barriles por día en la próxima década”, indicaron los analistas del IIF.
Para lograr esa meta, se requerirían inversiones sostenidas de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones al año, superando los US$100.000 millones en total. La magnitud de este reto implica que Venezuela no podrá financiar esa recuperación sin recurrir al capital extranjero, incluyendo a acreedores privados. Sin embargo, esto solo sería viable si se logra un entorno de mayor certidumbre institucional y jurídica.
Apoyo del FMI y el papel de los acreedores privados
La relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional está congelada desde 2019, y no se realiza una consulta del Artículo IV desde 2004. Cualquier proceso estándar de reestructuración requeriría reanudar esta relación, pero los obstáculos son considerables. El acceso a información confiable es limitado, y el sistema institucional carece de las condiciones mínimas para respaldar una evaluación técnica exhaustiva.
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“El FMI no ha tenido ningún compromiso oficial con Venezuela desde 2019”, recordó el IIF, que plantea la tercera pregunta si una reestructuración convencional de todos los acreedores apoyada por el FMI enfrentaría complejidades particulares o plazos más prolongados.
Para el Instituto, el panorama se complica porque los acreedores oficiales están fragmentados. Venezuela no mantiene relaciones activas con el Club de París, y buena parte de su financiamiento bilateral ha provenido de actores no miembros de ese foro, como China, que representa cerca de 10% del total de la deuda en default. Cerrar filas entre acreedores oficiales con visiones estratégicas divergentes, especialmente en el actual contexto geopolítico entre Estados Unidos y China, podría demorar de forma considerable cualquier negociación multilateral.
Ante esta dificultad, el IIF plantea la posibilidad de una estrategia secuencial que inicie con los acreedores privados. Algunos países han seguido este camino con cierto éxito y por ello plantea la cuarta pregunta de si un enfoque secuencial para la interacción con los acreedores podría ser un camino más pragmático a seguir.
“Hay precedentes donde los soberanos han reestructurado deuda con acreedores privados fuera de un programa de financiamiento del FMI”, explicó el IIF.
Casos como Argentina en 2020 o Belice en 2017 reestructuraron deuda con bonistas sin la cobertura de un programa del Fondo. Aunque no son comparables en escala, muestran que un enfoque inicial con el sector privado puede funcionar, especialmente si se refuerza con asistencia técnica limitada por parte del FMI. En el caso venezolano, una reestructuración anticipada con bonistas podría acelerar el acceso a financiamiento para la reconstrucción, siempre que haya voluntad política y coordinación institucional.
Las enseñanzas y el rol de Estados Unidos
Entre los casos de reestructuración soberana que suelen mencionarse como referencias para Venezuela figuran Irak y Líbano y el Instituto se pregunta si estos ejemplos pueden ayudar a fundamentar las consideraciones para Venezuela.
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Sin embargo, el IIF advierte que las diferencias estructurales son importantes. Irak logró una reestructuración exitosa en 2003 gracias a condiciones excepcionales, con respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y un alto grado de condonación de deuda. Eso no es replicable en el caso venezolano.
“El precedente de Irak ofrece una orientación práctica limitada para Venezuela”, puntualizó el IIF.
En cuanto a Líbano, su prolongado estancamiento tras el default de 2020 refleja los riesgos de una débil legitimidad interna. La inestabilidad política ha impedido establecer una autoridad con poder efectivo para negociar con los acreedores, un problema que también podría surgir en Venezuela si el gobierno interino no logra credibilidad suficiente.
Un factor decisivo será la postura de Estados Unidos y, por ello, la sexta pregunta es en qué medida podrían las acciones políticas de ese país influir en el ritmo o el diseño de una futura reestructuración. La orden ejecutiva del 9 de enero, emitida por la administración Trump, contiene señales sobre la estrategia estadounidense en el manejo del conflicto venezolano.
La norma establece principios para proteger los flujos de ingresos petroleros frente a demandas judiciales, al tiempo que facilita nuevas inversiones del sector privado en el país. “La orden también parece diseñada para limitar los riesgos de litigio durante un posible proceso de reestructuración de deuda”, afirmó el IIF.
El informe plantea que, aunque estas medidas iniciales son relevantes, la clave residirá en la extensión de licencias por parte de la OFAC y en un eventual alivio de sanciones. Solo así se podrá permitir que los acreedores privados negocien activamente y que se avance hacia una solución integral. La creación de un mecanismo de recompra de deuda o un fondo para gestionar acreencias en litigio también está sobre la mesa como vía para facilitar acuerdos y contener a los holdouts.
En última instancia, el IIF advierte que “la ambigüedad legal persistente sobre quién tiene la autoridad para representar a Venezuela sigue siendo un obstáculo importante”.
