Bloomberg — Un juez federal dijo que la administración Trump puede seguir adelante con una tarifa de US$100.000 para las nuevas solicitudes de visa H-1B, lo que supone un revés para las empresas tecnológicas estadounidenses que dependen de la contratación de trabajadores extranjeros calificados.
La jueza federal de distrito Beryl Howell declaró el martes en un fallo que la medida del presidente Donald Trump de aumentar drásticamente el costo de la popular visa es legal. La decisión refuerza la campaña del gobierno para restringir la inmigración e impulsar la demanda de trabajadores estadounidenses. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que demandó para bloquear la propuesta, puede apelar.
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Howell rechazó el argumento de la Cámara de que el presidente no tiene el poder de imponer la tarifa, y concluyó que su proclamación fue emitida bajo “una concesión estatutaria expresa de autoridad al presidente”.
“Aquí, el Congreso ha otorgado al presidente una amplia autoridad legal, que él ha utilizado para emitir la proclamación que aborda, de la manera que considera adecuada, un problema que percibe como una cuestión de seguridad económica y nacional”, escribió.
La oficina de prensa de la Cámara no respondió de inmediato fuera del horario comercial habitual a una solicitud de comentarios.
El programa de visas H-1B es fundamental para la inmigración basada en el empleo, ya que permite a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con estudios universitarios para ocupaciones especializadas. En septiembre, Trump firmó una proclamación para aumentar la tarifa de solicitud y disuadir a las empresas de abusar de un programa que, según él, desplaza a trabajadores estadounidenses.
Las visas H-1B se otorgan mediante un sistema de lotería, pero se utilizan principalmente en la industria tecnológica. Amazon (AMZN), Tata Consultancy Services Ltd., Microsoft (MSFT), Meta Platforms Inc. (META) y Apple Inc. (AAPL) se encuentran entre las empresas con mayor número de visas H-1B, según el gobierno estadounidense.
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La Cámara, el grupo de lobby empresarial más grande del país, argumentó en su demanda de octubre que aumentar la tarifa es ilegal porque anula la ley federal de inmigración y excede la autoridad para fijar tarifas otorgada por el Congreso.
Un grupo de 19 fiscales generales estatales también impugna la proclamación de Trump. Su demanda se centra en el impacto previsto en el sector público, en particular en los sectores de la salud y la educación, que también dependen del programa de visas H-1V. Una agencia internacional de dotación de personal de enfermería presentó una demanda por separado.
El caso es Cámara de Comercio contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 25-cv-03675, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).
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