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Polémica por contrato del MinTIC es un “punto de quiebre” para el Gobierno

Una salida, sugiere la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, sería “la cesión del contrato a un contratista idóneo”.

El presidente colombiano, Iván Duque y la ministra TIC, Karen Abudinen.
12 de agosto, 2021 | 07:00 am
Tiempo de lectura: 3 minutos

Bogotá — La polémica desatada por el millonario contrato de conectividad rural adjudicado a un cuestionado oferente es uno de los “más importantes puntos de quiebre” del Gobierno del mandatario colombiano, Iván Duque, afirmó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez.

Estamos frente a uno de los puntos de quiebre más importantes del Gobierno nacional en materia de transparencia y no solo del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), creemos que es un problema de Estado”, manifestó Bustos Sánchez en entrevista con Bloomberg Línea.

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Agregó que “la estructuración del contrato de conectividad fue absolutamente nefasta”, ya que “las condiciones bajo las cuales se podía participar habilitaron a firmas que no tenían una capacidad técnica para que pudieran concursar”.

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Esta inversión, equivalente a cerca de $2,1 billones en total, es considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, ya que el plan apuntaba a que unas 10.000 comunidades contaran con acceso a internet gratuito hasta el 2030.

El contrato se dividió en dos regiones, fue así que la zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados, un proponente muy cuestionado ante su presunta falta de experticia en el despliegue de esta infraestructura.

Precisamente es esta firma la que está en el centro de la polémica por los pocos avances que registra en los proyectos, pese a habérsele entregado adelantos por más de $70.000 millones.

Pero en medio de la polémica, el banco Itaú también informó que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son falsos”.

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En algún momento planteamos que Colombia debía tener su propio satélite porque con ese dinero daba perfectamente para comprarlo o para alquilarlo como Estado sin necesidad de entrar en modalidades contractuales.

Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez.

Bustos señala que “dentro del proceso sancionatorio que se adelanta ante el Ministerio es evidente que hay una debilidad probatoria”, pues además “de la afirmación que hace el banco Itaú, se hubieran practicado pruebas que condujeran a determinar si esa póliza se había expedido o no” y con ello se “adelantaran las actuaciones respectivas”.

“En nuestro criterio, desafortunadamente el Ministerio no decretó pruebas adicionales para determinar si en realidad se trataba de una excusa real y fundada del banco, o si por el contrario se trataba de un esguince del banco para tratar de eludir una responsabilidad de cubrir una garantía por más de $70.00 millones”, afirmó.

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La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia insiste en que técnicamente “es perfectamente posible obtener los dictámenes grafológicos” para hacer las comprobaciones sobre la garantía bancaria presentada por el contratista Unión Temporal Centros Poblados y, “con base en las evidencias contundentes y sólidas, tomar las decisiones”.

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“Nosotros siempre dijimos que nunca debió entregarse a manera de anticipo una suma tan grande, particularmente cuando había a nivel internacional y mucho más a nivel nacional una baja demanda de ese servicio” que le hubiese permitido tener al país “unas condiciones mucho más ventajosas”.

Pablo Bustos agrega que esperan que en “lo inmediato” haya claridad por parte de un órgano de control para “esclarecerle al país y a la administración pública nacional si definitivamente la póliza fue expedida o no por el banco”.

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“Si es así será el banco el que deba responder, entonces las consecuencias contractuales serían distintas. Si la póliza no fue expedida, también habría que sancionar de una manera mucho más ágil al responsable”, afirmó.

Y como posible salida considera que quizá la “menos nefasta podría ser la verificación del cumplimiento del contrato por un órgano de control y la cesión del mismo a un contratista idóneo para que el servicio de conectividad de estudiantes menores no se vea afectado y condicionado a multimillonarios litigios judiciales”.

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