:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/TNT6YVOWL5FFRGI3HTHDUZLRZA.jpg "Panamá también continúa dependiendo de agentes residentes que están mal supervisados, y las empresas panameñas continúan siendo vistas como un arma secreta para cometer delitos y lavar dinero, dice Transparencia Internacional.")
Bloomberg Línea — Cinco años después de que se revelaran los Panama Papers, el modelo que permitió que sucedieran todavía está vigente en ese país, según un comunicado emitido hoy por Transparencia Internacional. La ONG con sede en Alemania aseguró que aún se presentan fallas que posibilitan que las firmas de abogados y otras compañías operen como proveedores de servicios corporativos a empresas extranjeras.
Según el análisis de Transparencia Internacional, estos proveedores de servicios, como lo fue en su momento Mossack Fonseca (cuyos documentos filtrados catalizaron los Panamá Papers) les sirven a las empresas extranjeras como agentes residentes ante las autoridades panameñas.
Un agente residente sirve como enlace entre la compañía y el gobierno de cada país. No obstante, si bien existe la obligación de que se identifique quiénes son los beneficiarios finales de estas compañías, las autoridades no recopilan ninguna información sobre los propietarios reales de las empresas.
La ONG recordó que los Panama Papers mostraron cómo este esquema permitió el uso de empresas anónimas y abrió la puerta para incorporar compañías a jurisdicciones offshore y evadir controles. El esquema todavía permite proteger a las empresas “involucradas en la corrupción”, añadió.
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Además, agrega Transparencia Internacional, en el caso de Panamá no existe ninguna obligación para que los agentes residentes actualicen la información sobre los beneficiarios finales de las empresas y las autoridades están obligadas a explicarles las razones por las que solicitan información sobre el propietario, lo que abre una brecha para que los clientes finales reciban un aviso con anticipación.
“A partir de 2018, solo el 12% por ciento de los agentes residentes estaban registrados para la supervisión de la unidad de inteligencia financiera (UIF) del país. Esto limita la supervisión efectiva y la capacidad de las autoridades responsables para asegurar que los agentes residentes estén cumpliendo con sus obligaciones”, añade el comunicado.
El organismo advierte que si bien a principios de 2020 se aprobó una ley para establecer un marco regulatorio y crear un registro de beneficiarios reales en Panamá, este está “plagado de lagunas legales” que impactan en su implementación.
Las limitaciones de acceso, al no ser un registro público, y la falta de un responsable que asegure que los datos son reales o exactos forman parte del problema. “La legislación aprobada también ignora temas importantes como fideicomisos, supervisión efectiva y sanciones por incumplimiento o por presentar información incorrecta”, dice Transparencia Internacional.
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Además, el registro de beneficiarios “existe solo en el papel” y el gobierno no ha tomado medidas para adoptar un reglamento. Transparencia Internacional criticó que, a su juicio, las decisiones están enfocadas en salir de las listas de los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y no por emprender un régimen efectivo de transparencia.
“Panamá también continúa dependiendo de agentes residentes que están mal supervisados, y las empresas panameñas continúan siendo vistas como un arma secreta para cometer delitos y lavar dinero”, añade el comunicado.
Para mejorar este esquema, la ONG le pidió a la comunidad internacional que revise las normas sobre la transparencia de beneficiarios reales, para que las autoridades reciban de manera oportuna la información de quiénes son realmente los dueños de las compañías.
