Bloomberg Línea — Nicaragua está en vísperas de una jornada electoral en el que el presidente Daniel Ortega busca ser elegido para su quinto mandato en medio de tensiones por una crisis política y mientras la mayoría de sus contrincantes, aspirantes a la presidencia, están presos en la cárcel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región han condenado lo que consideran una “falta de garantías a derechos y libertades” en torno al proceso electoral en el país centroamericano.
Los organismos advierten que la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia y la de más de 30 líderes sociales y políticos, junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta, elimina el pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar en la jornada electoral próxima a celebrarse.
“El domingo el presidente Daniel Ortega será reelegido sin competencia electoral porque todos los oponentes, todos los candidatos de oposición están presos y declarados ilegítimos”, sentenció Carlos F. Chamorro, fundador y director de Confidencial, durante el conversatorio Elecciones bajo el mandato de Daniel Ortega: implicaciones para Nicaragua, Centroamérica y más allá, realizado por el Wilson Center.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 150 personas han sido detenidas en el contexto de represión en Nicaragua.
Ortega llegó por primera vez a la presidencia tras las ganar las elecciones de 1984 y se convirtió en el ícono del nuevo gobierno sandinista, tras haber participado en la revolución que puso fin al régimen de los Somoza, pero en el año de 1990 y en medio de un crecimiento económico estancado, Ortega fue derrotado por su antigua compañera de filas revolucionarias, Violeta Barrios de Chamorro. El político perdió la siguientes contiendas, sin embargo, recuperó la silla presidencial en la jornada del 2006, manteniéndose en el poder hasta estos días.
En los primeros meses del año, el líder izquierdista y sus deseos de reelección por el próximo mandato de cinco años tenían el camino despejado con una oposición dividida, pero de acuerdo con una encuesta de CID-Gallup difundida por Confidencial (medio crítico del oficialismo en Nicaragua) a una semana de las presidenciales, el 78% de los nicaragüenses considera ilegítima la relección de Ortega y solo el 9% de los consultados simpatizó con el partido oficialista, Frente Sandinista de Liberación Nacional.
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En un análisis a parte de la misma firma publicado el 13 de octubre, el 65% de la población votaría por cualquiera de los candidatos opositores que se encuentran en prisión y solo el 19% lo haría por el mandatario sandinista, mientras que el 16% se mostró indeciso.
Ortega emprendió en junio lo que ha sido calificado por la oposición como una cacería contra sus rivales, que ahora enfrentan cargos por supuestos delitos de traición a la patria y conspiración.
Los precandidatos rechazaron todos los cargos en su contra.
“Se sabe que Ortega hará todo lo posible para mantenerse en el poder y eso incluye imponer un daño terrible al pueblo de Nicaragua”, dijo el director de Confidencial.
Ortega señaló a finales de junio que no se trataba de candidatos ni de políticos, sino que las personas encarceladas eran “criminales” buscando “derribar al gobierno”. En un acto público lanzó: “están gritando los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos, ‘que cómo es posible que estén detenidos, que estén procesados, y lanzando campañas en contra de Nicaragua’”.
“Y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua y pedir más sanciones. Allí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui. Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”, agregó.
En abril de 2018 estallaron las protestas sociales contra la reforma del seguro social en uno de los países de menor desarrollo de América Latina. Las violentas protestas masivas fueron las primeras a lo largo de la administración de Ortega, y dejaron cientos de muertes, más de 600 hasta septiembre de 2019, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH). El Gobierno reconoció 200.
La Unión Europea (UE) impuso sanciones a políticos y funcionarios de Nicaragua desde octubre de ese año, y en agosto de 2021 incluyó a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo por violaciones de los derechos humanos. Las medidas estarán vigentes hasta octubre de 2022.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones, a principios de octubre, a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa y al secretario de la presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley.
Ausentes en la cita electoral
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre se encuentran actualmente enfrentando un proceso en su contra.
Los seis primeros precandidatos encarcelados (o en arresto domiciliario) mostraron niveles de simpatía más altos que los de presidente en turno, según CID-Gallup: Sebastián Chamorro, con 63% de opinión favorable; Cristiana Chamorro (62%), Mora (56%), Maradiaga (56%), Mairena (53%) y Cruz (52%). En contraste, Ortega tuvo el 34% de opinión favorable y Rosario Murillo, su esposa, el 37% a su favor.
De acuerdo con la agencia EFE, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro -quien en 1990 derrotó a Ortega-, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas.
Falsa elección
La votación ha sido condenada como farsa por Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como por organizaciones de derechos humanos y prodemocracia.
“No hay elección. Entonces el uso de la palabra elección está incluso en duda porque la oposición amplia ha sido encarcelada o, en el caso de Cristiana Chamorro, está en arresto domiciliario desde el 2 de junio “, dijo a la agencia AP Jennie Lincoln, asesora principal de The Carter Center, institución que ayudó a validar la imparcialidad de la elección de Ortega en 2006, y encontró “deficiencias significativas” cuando ganó la reelección cinco años después.
En mayo, Luis Almagro, secretario de la OEA, dijo que Nicaragua se encaminaba a “la peor elección posible” debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente.
Sin embargo, la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla afirmó en el evento realizado por el Wilson Center que “la OEA ha tenido una respuesta tímida, limitada y tardía a la crisis nicaragüense y aseguró que Estados Unidos está llamado a tener un papel de liderazgo en este momento”.
“La crisis en Nicaragua también podría tener un impacto en la credibilidad de la política exterior de(l presidente de Estados Unidos,) Joe Biden, en cuanto a la promoción y protección de la democracia porque la pregunta podría ser ‘¿por qué a 3.000 kilómetros de la frontera sur en el corazón de América estamos a punto de tener un régimen al estilo norcoreano?’”, aseveró Chinchilla.
Rumbo a estas elecciones no ha habido un ambiente de campañas ruidosas ni tumultuosas. El Gobierno prohibió las manifestaciones de campaña masivas bajo restricciones pandémicas y tampoco se lanzaron anuncios televisados. “En las principales calles y avenidas del país, se realizaron encuentros presenciales con un máximo de 200 personas”, informó el Consejo Supremo Electoral.
Ortega y Murillo, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa encabezada por el partido sandinista, apenas hicieron actos de campaña, de acuerdo con AP.
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Las Naciones Unidas también han mostrado su preocupación ante la negativa de permitir la entrada al país de periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral.
El domingo, Ortega se enfrentará a contrincantes poco conocidos de partidos cercanos al Frente Sandinista, facciones conocidas localmente como “zancudos”, acción de “prestarse al juego político de un régimen para obtener prebendas y beneficios”, según dijo el sociólogo Oscar René Vargas a la cadena BCC.
Walter Espinoza, del Partido Nacional Constitucionalista; Marcelo Montiel, Alianza Liberal Nicaragüense; Guillermo Osorno, Camino Cristiano Nicaragüense; Gerson Gutiérrez -candidato presidencial más joven de la contienda-, Alianza por la República; y Mauricio Orúe, Partido Liberal Independiente aparecerán en las boletas al igual que Ortega.
Dentro de una etapa de escalada en la represión sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acallados , Nicaragua afianza un régimen totalitario, remarca en un comunicado el CENIDH.
El presidente de Nicaragua cumplió, en enero de 2021, 14 años consecutivos en el poder con el absoluto poder político y militar, siendo comparado -por los críticos- con el régimen que ayudó a derrocar.
Nicaragua también elegirá un nuevo Congreso y representantes al Parlamento Centroamericano: 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del parlamento.
La pregunta ahora es, advierte Chamorro, “‘¿Qué pasará el 8 de noviembre? ¿Cuál será la reacción de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos? ¿Reconocerán los resultados de las elecciones o declararan el nuevo gobierno de Ortega como no democrático, un gobierno dictatorial?’”.
“El lunes necesitamos una respuesta firme y una condena inmediata a los resultados”, afirmó Isabel de Saint Malo, ex vicepresidenta de Panamá, durante su participación en el encuentro organizado por Wilson Center.
