CIP: Ecuador debe dar seguridad jurídica a la inversión extranjera

QUITO — La CIP agrupa a 62 sectores productivos del Ecuador y representa a empresas manufactureras, de alimentos, bebidas, farmacéuticas, textileras, constructoras, turísticas, financieras, entre otras. Juntas equivalen al 30% de la producción no petrolera del país, generan 150.000 empleos directos y representan el 25% de las exportaciones industriales nacionales.

Para su presidente, Pablo Zambrano, urge que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso garantice la seguridad jurídica a los futuros inversionistas, pues todo indica que la atracción de inversión extranjera directa será el puntal de la reactivación económica en los próximos años.

El ejecutivo considera que aunque la ley tributaria que acaba de entrar en vigencia ayudará a las cuentas nacionales, gravar con más impuestos a las empresas no ayudará al crecimiento del Ecuador, pues los nuevos tributos limitarán la generación de empleo y la puesta en marcha de negocios.

Zambrano ve en la minería, las telecomunicaciones y el sector petrolero una oportunidad para las alianzas público-privadas y para el desarrollo en el mediano plazo de la economía nacional. Así lo dijo en entrevista con Bloomberg Línea:

- Acaba de entrar en vigencia una ley tributaria que era una condición del FMI para seguir con el acuerdo. ¿Cree que la reforma ayude a corregir las finanzas públicas?

El Ecuador tiene un problema crónico que se llama déficit fiscal. El Presidente de la República en campaña electoral ya anunciaba que se necesitaban correcciones económicas que van en dos sentidos: por un lado, mayor ingreso y, por otro, reducción de gasto. Llegando al gobierno seguramente se dieron cuenta de lo complejo que es la administración. Ya son nueve años de déficit fiscal, si sacamos un promedio ponderado son seis siete puntos del PIB, lo cual es absolutamente inmanejable. En campaña, el presidente anunció que iba a poner impuestos a los ricos, que los que más tienen más van a pagar, ese ya era un anuncio del impuesto al patrimonio.

- Se podría afirmar que con esto el acuerdo con el FMI está más que asegurado y sostenido, incluso para el próximo año…

Exactamente.

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- ¿Usted cree que el proyecto que se trabajó en el Legislativo y que no se aprobó por falta de consensos era mejor que la ley que redactó el presidente y que entró en vigencia sin ningún cambio?

Sin duda. Era mejor que el que se aprobó. Comparecimos varios líderes gremiales y empresariales. Le dedicamos muchísimo tiempo a la mejora del proyecto. Nosotros propusimos una buena alternativa: el pacto fiscal. Nosotros reconocíamos que había necesidades en la caja fiscal y les dijimos: “Nosotros hacemos las contribuciones, pero que eso sea un crédito fiscal redimible en cuatro o cinco años”. El ministro de Finanzas (Simón Cueva) dijo que no.

- La ley tributaria pone más impuestos a las empresas, así como beneficios para otros sectores. ¿Qué sensaciones le deja a usted?

La teoría económica te dice que en una economía en recesión no es dable, no es positivo poner impuestos; sin embargo, con este déficit fiscal crónico, el presidente busca una solución a mediano plazo haciendo ajustes tributarios que le permitan, a su vez, continuar con un plan que tiene con los organismos multilaterales de crédito.

- Las empresas que tengan un patrimonio superior a los US$ 5 millones tendrán que hacer una contribución especial durante dos años de 0,8%, además de otras contribuciones. Pero aparte del pago, ¿qué otros impactos prevén?

En una fase de recuperación económica en la que está el Ecuador, el hecho de que existan impuestos y cargas tributarias para el sector privado formal, que es el que genera inversión, producción, atrae inversiones y, consecuentemente, genera empleo, sin duda los nuevos impuestos van a demorar la recuperación económica. Por eso creemos que el Gobierno está viendo la recuperación a través de la atracción de inversiones. El aparato productivo actual en el Ecuador va a tener cargas tributarias, esto va a ralentizar, va a demorar la recuperación económica.

Las empresas no van a poder reactivarse con la velocidad que requiere la situación. La teoría económica te dice que si estás en un proceso de recesión o de estancamiento económico, no ayuda poner impuestos. Por eso, la esperanza son los flujos de inversión extranjera directa y desde la Cámara estamos completamente comprometidos a gestionar, ayudar y colaborar en estos temas. Puede haber oportunidades de alianzas estratégicas de empresas extranjeras con empresas ecuatorianas. Por ejemplo, cada año vamos rompiendo récord de exportaciones de camarón, hay un gran potencial en el sector alimentos, de bebidas... grupos guatemaltecos compraron empresas como Tesalia CBC, Pronaca, La Universal. Los mexicanos adquirieron Arca Continental, Inalecsa…

- ¿Cómo mejorar los mensajes para esas inversiones extranjeras desde un país que cada dos años impone más tributos a las empresas?

Nosotros le dijimos al Gobierno que primero hagamos un análisis tributario. Si hay que llegar a unas metas, veamos cómo llegamos pero garantizando la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está definida en el artículo 82 de la Constitución. Seguridad jurídica es que, por ejemplo, no te cambien las leyes, que exista previsibilidad. Si van a haber reformas tributarias cada dos años, es complicado. Necesitamos que exista previsibilidad, sobre todo para esta imagen de inversiones extranjeras que es son tan necesarias.

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- ¿Su previsión de crecimiento como industriales va acorde a la previsión nacional? ¿Cómo se han recuperado de la coronacrisis?

Vemos que las cifras van incrementándose y estamos llegando casi al 85% de ventas del 2019, lo cual es bueno pero no nos olvidemos que Ecuador entró golpeadísimo a la pandemia. Muy pocas personas se acuerdan que el 15 de febrero de 2020 hubo una crisis de petróleo, una guerra de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia y el precio por barril cayó a US$ 20. Ecuador entró a la crisis con una carga de deuda brutal, con un acuerdo con el FMI. Así entramos a la pandemia, destrozados, muy dañados. Por eso, la recuperación económica va a ser lenta. En total, el país dejó de vender US$ 35 mil millones, de esas pérdidas, el sector privado asumió US$ 18 mil millones.

Creemos que las previsiones que está dando el Banco Central, el FMI son cifras adecuadas. Nuestras cifras como gremio van por ahí.

- Para el próximo año se espera que se ralentice otra vez el crecimiento, ¿eso también va a pasar con ustedes?

Sí, pero si es que hay influjos de inversión extranjera directa, eso va a permitir un mayor dinamismo en la economía y va a incrementarse el consumo. Si se dan esos temas vamos a ir mejorando el crecimiento. El problema es que la ley cobrará más impuestos a las personas que ganan más de US$ 2.000, y ese es el segmento que mueve el consumo, que va a restaurantes, a centros comerciales, que compran ropa… pero ahora va a priorizar los gastos.

- El mensaje que trata de fijar el Gobierno es que la reforma tributaria solo va a afectar a 3,4% de la población, que serían los más ricos del país…

El tema es que las personas que tienen recursos deben ser incentivadas y no castigadas para que esos recursos muevan la economía.

- El Banco Central dice que el crecimiento va a estar apalancado en el consumo de los hogares, pero con más impuestos es difícil mover ese consumo. ¿Esto no incidiría en que el crecimiento sea menor que lo esperado?

Por eso en el año 2022 dependemos muchísimo de que haya estos flujos de inversión extranjera. El plan que tiene el Gobierno veo que está en el sector estratégico, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer muy bien. La minería sostenible es una; en la Cámara defendemos la sostenibilidad y a las empresas serias. La dicotomía no es sí minería o no minería, la dicotomía es minería legal versus minería ilegal.

- En telefonía también hay oportunidades…

Ahí la ley es una maravilla, se establece que las empresas puedan invertir en conectividad. La pandemia nos demostró que si no tenemos conectividad vivimos en la edad de piedra.

- El aumento de la producción petrolera es otra de las propuestas del Gobierno…

El presidente de la República quiere duplicar la producción, y creo que hace muy bien en tener esa meta. Técnicamente es difícil duplicarla, pero sí se puede subir un 25% o 30%. Tenemos que hacer eso porque apenas nos queda unos 10 años más de explotación y pare de contar. Tenemos que hacer eso de forma urgente.

- ¿Qué destaca de la política económica del presidente Lasso?

El Gobierno está tomando acciones muy importantes a nivel externo que han logrado estabilizar el riesgo país, que han logrado generar confianza en calificadoras de riesgo para temas de bonos soberanos del Ecuador, que han logrado también consolidar la relación con los multilaterales. Esto genera confianza en el exterior.

- ¿Qué otras tareas están pendientes para enrumbar la economía?

Las alianzas pública privadas, en este país tenemos que desarrollar todo un esquema fácil de alianzas público privadas para que el Estado no tenga que invertir. Tenemos ejemplos maravillosos. Hay empresas responsables, serias que lo pueden hacer. ¿Por qué no traemos un tercer oferente de telecomunicaciones al país? ¿Por qué no traemos a la banca internacional? Aquí necesitamos que venga el BBVA, el Santander… Nosotros lo que decimos es que el Estado, no el señor Lasso, el Estado tiene que cambiar esa mentalidad y desinvertir en una serie de negocios en las que compite con el sector privado como telecomunicaciones, banca, seguros. El Estado no tiene por qué competir, tiene que fomentar la competencia que es absolutamente distinto a entrar a competir.

- Hay una lista de alternativas, pero también el Gobierno debe hacer esfuerzo respecto al gasto público. ¿Cómo lo ven ustedes?

Si usted revisa el Presupuesto General del Estado, hay contradicciones. En el año 1992, 1993 el presidente Sixto Durán Ballén pidió ayuda al BID para la modernización del Estado que consiste en ver dónde eres eficiente y dónde eres ineficiente y en las áreas de ineficiencia ver cómo logras fusionar entidades o eliminar entidades, lo que implica la desvinculación de personas que trabajan en el sector público. ¿Qué hacer con ellas? Llegar a acuerdos de pago, darles una indemnización que les permita generar emprendimientos.

El recorte del gasto es urgente. Es absolutamente necesario, es mandatorio, es una cuestión de supervivencia del Estado. Es una cuestión de sostenibilidad de las finanzas. Ahorita el ministro de Finanzas está haciendo lo mismo: clavando impuestos a los de siempre, sin siquiera ampliar la base tributaria un poco.

- Aunque ya ha hablado de ello, ¿para usted, cuáles son las alternativas más claras para que la reactivación del país sea sostenible en el tiempo?

Lo más importante es garantizar un marco jurídico para la inversión extranjera directa y las alianzas público-privadas que nos permita compensar el esfuerzo que se le está pidiendo al sector privado formal con la reforma tributaria. De igual manera, hay que trabajar en una agenda de competitividad para el sector privado formal del Ecuador que compite en condiciones adversas frente a los mercados regionales como Colombia, Perú y Centroamérica.

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