:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/HKCXRKD5WNEA7LKBP76WRKECQM.jpg "Foto: Comunicaciones de Gaspar Domínguez/@periodistafurioso")
Santiago — Nacida tras el estallido social de 2019, la Convención Constituyente puede allanar el camino para profundas reformas económicas en Chile. Sus debates han despertado la inquietud del empresariado, especialmente porque comisiones de esta instancia recientemente rechazaron una propuesta que consagra el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promueve la libre competencia; y también aprobaron una norma transitoria que anularía concesiones de exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, intenta despejar las incertidumbres explicando que se trata de una fase inicial, y aún restan distintas etapas para aprobar definitivamente artículos. Su mensaje es que el resultado final traerá mayores certezas, incluso a los inversionistas, porque zanjará discusiones que, a su juicio, llevaron al país a una profunda crisis política y social hace dos años. “Vamos a dejar las reglas claras, establecidas en un texto con amplio apoyo ciudadano y escrito por un órgano democrático”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea.
Explica que, desde que asumió como convencional en julio de 2021, se ha reunido con distintos sectores, incluyendo grupos agrícolas, empresariales y mineros, para escuchar inquietudes; aceptando el 100% de las invitaciones a conversar. “No hay vetos”, todos son escuchados, asegura este médico de 33 años, que junto a María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención, guiará el trabajo de los constituyentes en los próximos cinco meses.
Su misión está puesta en escribir una propuesta de Carta Magna que, de ser ratificada en un plebiscito de salida, sustituya a la vigente desde la dictadura militar. Consultado si lo lograrán en el plazo correspondiente, a mediados de 2022; Domínguez responde: “No hay ninguna razón seria para poner en duda la posibilidad de que no lleguemos a los tiempos”.
Esta conversación fue editada por motivos de extensión y claridad.
Bloomberg Línea: ¿Cuáles son los grandes temas a debatir en estos meses en la Convención, donde tal vez deben buscarse mayores consensos?
Afortunadamente, en la mayor parte de los problemas los diagnósticos son compartidos. En Chile, la izquierda y la derecha comparten que el régimen político es “hiperpresidencialista”. Todas las propuestas buscan distribuir las atribuciones del Presidente en otras instituciones, como el Parlamento. Incluso, la clásica dicotomía izquierda y derecha también se rompe en la Comisión de Régimen Político de la Convención. La UDI, de la derecha, en nuestra agenda política, está alineado con el Partido Comunista, de izquierda, y apoyan la misma propuesta: un régimen presidencial atenuado, versus otros colectivos que comparten uno presidencial con la figura de un ministro de Gobierno. Los diagnósticos son compartidos y, a veces, en las soluciones o respuestas tenemos matices.
Otro problema fundamental es la relación del ser humano con el medioambiente, donde hay diagnósticos transversales en que la institucionalidad ambiental en Chile es débil, que necesita ser mejorada. También en la crisis hídrica y cómo necesitamos cambiar el manejo del agua, porque prácticamente todos pensamos que debe ser considerada un derecho humano y se debe priorizar el uso para el consumo humano. En el detalle podemos tener diferencias, pero los diagnósticos son amplios y compartidos.
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Finalmente, los derechos sociales. En Chile para acceder a gran parte de los derechos sociales se depende de la capacidad de pago, y hay consenso también en que esto debe cambiar.
Lo que más preocupa al mercado e inversionistas es un cambio drástico en el modelo económico chileno de la mano de la Convención. Algunos se mostraban preocupados por el rechazo en comisiones a la libre competencia y derecho a la propiedad. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Le explicaría a los empresarios que manifiesten preocupación cómo se hacen las normas: primero se discuten en comisión, donde hay muchas normas, y se debate primero lo que se llama en general, que tiene que ver con aspectos muy generales. Por ejemplo, la libertad de emprendimiento y otras materias que puedan ser relevantes; hay muchas propuestas distintas sobre el mismo tema y se puede rechazar una, pero no significa que no vaya quedar en el texto, por ejemplo, la libertad de emprendimiento, sino que una de las múltiples posiciones que había se rechazó y, además, se rechazó en general, porque posteriormente vienen etapas de indicaciones, donde se agregan o modifican partes. Y después de que se aprueban estas normas en las comisiones --con un quorum simple, es decir, con una mayoría-- deben pasar al Pleno, al grupo grande de convencionales, donde deben aprobarse por dos tercios. Si se rechazan en ese grupo grande de dos tercios, vuelve la propuesta a la comisión, donde se somete a indicaciones, donde eventualmente se morigeran algunas posturas y puede volver en una segunda oportunidad al plenario, así que cualquier persona que tenga preocupación por las votaciones en general de discusiones que están recién abriéndose, yo le diría: revise cómo se hace la norma, no hay ninguna razón para manifestar preocupación sobre una discusión que recién está empezando.
Una comisión de la Convención aprobó anular las concesiones emplazadas en terrenos indígenas. ¿Han estimado cuánto se vería afectada la producción de cobre, litio y forestal y qué significa eso en términos de empleos e ingresos fiscales?
Es una de las múltiples discusiones que están abiertas, recién comenzando y deben pasar por múltiples fases que requieren llegar a amplios consensos para poder terminar en un texto constitucional. Al contrario, yo le diría a las personas que puedan manifestar preocupación, que esta discusión democrática, representativa, con mecanismos de participación popular que nunca habíamos tenido antes, lo que logrará instalar es una nueva institucionalidad con mayor legitimidad que dará más certezas a los inversionistas que las certezas que tenían hace dos años, en un país en plena crisis política y económica.
Cuando sopesan los beneficios ambientales de restringir la minería, ¿también consideran la desventaja de producir menos materiales que reemplazarán a los combustibles fósiles?
Todas las ventajas y desventajas están consideradas en la discusión.
Entre las iniciativas populares de norma a la Convención más votadas destaca una que defiende los ahorros previsionales y, entre otros puntos, la libertad de elegir quién administra las pensiones. ¿Hay consenso sobre cambiar el modelo de pensiones chileno? ¿Hacia dónde debería apuntar la nueva Carta Magna?
Hay consensos amplios en que el sistema de pensiones chilenos no ha dado el ancho para las necesidades de los adultos mayores. Eso es evidente si consideramos que más de la mitad de los adultos mayores están bajo la línea de la pobreza y que las pensiones en Chile no permiten vivir en condiciones dignas, para satisfacer las necesidades básicas de subsistencias.
Hay consenso en que debe cambiarse lo antes posible. Ahora, sobre la forma, hay iniciativas populares de normas en muchas materias, incluso muchas contradictorias u opuestas entre sí, porque este mecanismo de participación no reemplaza por ningún motivo la deliberación, sino más bien pone los temas en la agenda, en la mesa, para que sean discutidos, y la cantidad de firmas que tenga una iniciativa o el tiempo que se demore en juntar las firmas no se relaciona necesariamente con el apoyo ciudadano, sino con la organización de las personas que suscriben.
Cuando usted ganó la vicepresidencia a la Convención Constituyente, agradeció a su mamá, y dijo que vivía sin agua. ¿Qué debe contener la nueva Constitución en materia de derechos del agua?
En principio, establecer que el acceso al agua constituye un derecho humano fundamental y es deber del Estado garantizar, promover y respetar la ejecución de ese derecho, y segundo que la priorización del uso del agua, atendiendo que es un recurso escaso y será cada vez más escaso, debe quedar establecido claramente que la priorización de su consumo es para los seres humanos y la mantención de los ecosistemas; y en segunda instancia para otras materias productivas.
No puede usarse el agua para sectores productivos si las personas no tienen para beber.
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