QUITO — El veto a la ley para la interrupción del embarazo en casos de violación finalmente llegó. Es un veto parcial en el que el presidente Guillermo Lasso hizo un total de 61 observaciones al proyecto original aprobado por la Asamblea Nacional. Lo principal es la modificación de los tiempos, pues Lasso reduce a 12 semanas el plazo máximo para la interrupción de la gestación para todas las mujeres sin distinción.
El Legislativo había determinado que sean 12 semanas para las mujeres mayores de 18 años y 18 semanas para las niñas y adolescentes y para las mujeres del área rural. Pero a decir del mandatario, “todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes” y “establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a este principio básico”.
Es decir, de aceptarse la propuesta del Ejecutivo, el plazo de 12 semanas se aplicaría para todas las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas sin considerar su edad ni las condiciones de donde viven.
REQUISITOS PARA ABORTAR
Otra de las modificaciones son los requisitos que deberá cumplir una mujer, niña o adolescente que ha sido violada y quiera interrumpir el embarazo producto de ese hecho. Al menos se le exigirá uno de estos tres:
Que la víctima o cualquier persona que conociera del hecho hubiera presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad mental
Que se hubiere suscrito por parte de la víctima una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza un rol de cuidado, salvo que fuera identificado como agresor por parte de la solicitante, o
Que se practique un examen de salud por parte del médico tratante o del médico legista, según sea el caso, en el cual bajo juramento se certifique que la solicitante presenta serios indicios de haber sido víctima de violación
En todos los casos se requerirá la suscripción del consentimiento informado por parte de la víctima o de su representante legal.
LAS REACCIONES
Aunque la Asamblea Nacional tiene 30 días para allanarse al veto (aceptarlo) o ratificarse en su proyecto inicial, las reacciones tras el anuncio del presidente no se hicieron esperar:
“Lasso vetó parcialmente la ley, co-legisla desde sus convicciones y creencias forzando al sufrimiento a miles de víctimas de violencia sexual embarazadas que no llegarán a tiempo. ¡El acceso al aborto por violación es, nuevamente, inseguro, clandestino y un privilegio de pocas!”, escribió la activista feminista Sybel Martínez en su cuenta de Twitter.
A decir de Martínez, el veto no solo incumple el mandato de la Corte Constitucional, sino que “también constituye una negación a los derechos humanos de las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en experiencias límite, es discriminatorio y de una crueldad absoluta”.
La asambleísta ponente del proyecto inicialmente aprobado, Johanna Moreira, también reaccionó y señaló que el presidente con su veto parcial “no ha entendido la dolorosa realidad que viven a diario nuestras niñas en el Ecuador, imponiendo plazos cortos que solo afectarán a las más pobres y olvidadas, provocando que nuestras mujeres pierdan su vida desde la clandestinidad”.
Para la abogada especialista en derechos humanos Dolores Miño “no hay sorpresas en un veto totalmente carente de empatía, análisis o dosis de realidad. Un veto que frustra la intención de la Corte Constitucional de asegurar a las VÍCTIMAS de violación la posibilidad de una reparación integral y de recuperar, en lo posible, su proyecto de vida”.
En la misma línea se manifestó la jurista Silvia Buendía y advirtió: “Nos veremos en la Corte Constitucional, y en las cortes internacionales de ser necesario”, pues “no hay derecho a ser tan miope, a ser tan cruel, a jugar los la vida y los derechos de las niñas y mujeres violadas”.
A pesar del veto presidencial, el aborto por violación se mantiene y mantendrá despenalizado en Ecuador debido al fallo de la Corte Constitucional de abril de 2021 que no puede ser eliminado por el mandatario.
