:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/H2MNI7RFTVHDBM7UOL3MHXDGOQ.jpg "La implementación del “Presupuesto abierto”, según Alexander, permitirá acercar a la ciudadanía a las interrogantes que surgen cuando se aborda este asunto.")
Ciudad de Panamá. — Con un presupuesto general del Estado que para la vigencia fiscal 2022 asciende a $25,294.7 millones, Panamá se unió al movimiento internacional “Presupuesto abierto”, que busca transparentar en qué se invierte el dinero público.
Para avanzar con la agenda de “Presupuesto abierto” se necesita urgentemente un nuevo enfoque de colaboración que una a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los socios internacionales de desarrollo, afirma el International Budget Partnership (IBP).
Reitera que los gobiernos pueden fortalecer el contenido de los documentos presupuestarios respondiendo a la demanda pública de información presupuestaria específica.
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A manera de ejemplo, indica que varios grupos de la sociedad civil en América Latina han solicitado mejor información sobre los gastos fiscales (los ingresos a los que los gobiernos renuncian a través de exenciones o reducciones fiscales a grupos determinados) con el fin de comprender el impacto de estas decisiones en la desigualdad, pero pocos gobiernos proporcionan esta información en sus propuestas de presupuesto.
Aunque normalmente los países informan mejor sobre las fuentes de ingresos, solo 17 de los 117 países encuestados por el IBP en 2019 proporcionaron información detallada sobre las justificaciones de los gastos fiscales y la pérdida de ingresos como resultado de ellos.
Para el ministro panameño de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, con esta iniciativa “estamos reafirmando nuestro compromiso como país, con la transparencia, la participación ciudadana y sobre todo la rendición de cuentas”.
En Panamá el presupuesto de este año refleja un aumento de $254.4 millones en inversión y una disminución de $86.3 millones en la parte de funcionamiento, comparado con lo presentado en julio de 2021.
La implementación del “Presupuesto abierto”, según Alexander, permitirá acercar a la ciudadanía a las interrogantes que generalmente surgen cuando se habla de presupuesto como qué es el presupuesto General del Estado, cómo se obtienen los ingresos, cómo se distribuyen los recursos públicos, cómo se gastan, y otras preguntas de interés general que pueden tener respuestas con la implementación del “Presupuesto abierto”.
Al aplicar esta iniciativa, Panamá se unirá a países como México, Perú, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay , República Dominicana, Venezuela y Trinidad y Tobago.
Este es un movimiento internacional que busca establecer una comunicación diáfana y entendible con la sociedad acerca del esfuerzo que hace el Gobierno en resolver las necesidades de la población, utilizando los recursos que obtiene a través del pago de los impuestos, explicó por su parte Carlos González, director de Presupuesto de la Nación.
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Durante este primer año de su implementación, González detalló que las autoridades de Economía y Finanzas compartirán en el sitio web de la institución la estructura del presupuesto y a finales de septiembre publicaran la revisión de medio año, que contendrá el resultado del ejercicio presupuestario del primer semestre.
La transparencia fiscal se mide por la publicación oportuna de documentos presupuestarios esenciales que forman los componentes básicos de la responsabilidad presupuestaria y un sistema de presupuesto abierto, manifiesta el International Budget Partnership (IBP), organismo que cuenta con el aval de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El IBP trabaja en colaboración con varios agentes -incluidos la sociedad civil, los agentes estatales, las instituciones internacionales y el sector privado- para, según sus postulados, “lograr un mundo en el que los ciudadanos empoderados participen en procesos de presupuestación abiertos e inclusivos para configurar políticas y prácticas que promuevan la equidad y la justicia sobre una base sostenible”.
