:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/GI5RIZ7OEZAXFDXRWYZ3HQMOUM.jpg "Nayib Bukele se dirige a militares recién graduados en un discurso, en el marco del Régimen de Excepción. Foto: Casa Presidencial | @PresidenciaSV")
San Salvador — El Salvador cumplió su primer mes de un Régimen de Excepción. En ese lapso, el gobierno salvadoreño montó el aparataje de una “guerra contra las pandillas” que ha recibido la aprobación en el interior del país, pero ha despertado críticas en torno a la violación de los derechos humanos.
Corría el último fin de semana de marzo y un ataque orquestado por las pandillas, según acusaron las autoridades, culminó en 86 asesinatos en solo tres días, entre el 25 y el 27 de marzo. Ese fue el detonante para que el presidente Nayib Bukele pidiera el estado de emergencia a la Asamblea Legislativa, dominada por su partido Nuevas Ideas.
Los legisladores se aprestaron a declarar el 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales relativas a los derechos para las detenciones, la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de asociación y reuniones.
Desde entonces, el tema de agenda predominante pasó a ser la “guerra contra las pandillas”, que se mantendrá por al menos un mes más al haber recibido una prórroga el Régimen de Excepción.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/VF2ZZCAYGZAO7HJM6DJFJOJWLU.jpg "El Salvador extiende su Régimen de Excepción para combatir a las pandillas")
Esto a pesar de que las cifras de homicidios diarios entre el 28 de marzo y el 26 de abril volvieron a bajar y promediaron 0,9. Hubo 27 muertes violentas en los últimos 30 días, con 14 días sin sufrir este tipo de hechos fatales.
A continuación, las principales claves de lo que está sucediendo en El Salvador.
Miles de arrestos
Las imágenes de pandilleros con tatuajes alusivos a las maras apresados por las autoridades, ya sea en las bartolinas de la Policía Nacional Civil o en los Centros Penales han sido el rostro del Régimen de Excepción que ha querido proyectar el gobierno.
Hasta el martes 26 de abril, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de 19.720 arrestos, con 1.405 detenidos tan solo ese día martes. Hasta antes de decretar el estado de emergencia, unos 70.000 pandilleros se encontraban en libertad, estimaron las autoridades.
De las cifras arriba mencionadas se desprende que en solo un mes las fuerzas de seguridad habrían capturado a al 28,1% de los miembros de pandillas que estaban fuera de los penales.
Portar tatuajes alusivos a las ‘maras’ son señales que las fuerzas de seguridad utilizan para arrestar a una persona. Quienes los poseen llegan al punto de maquillarlos o a medidas más extremas como quemarlos.
Bukele ha señalado que los tatuajes servían para darle “estatus, identidad, rango” a los pandilleros. “Ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos... De igual manera, irán a envejecer a la cárcel. Sus delitos no prescriben”, escribió en la red social Twitter.
Crisis carcelaria a la vista
En un país donde los centros penales tienen una capacidad instalada para 27.000 personas y más de 37.000 prisioneros –en cifras a 2020– que las autoridades tengan a 20.000 detenidos en sus manos anuncia la agudización de la crisis de hacinamiento.
Hace una semana, el gobierno aprobó con urgencia una ley que no solo permite construir más cárceles, sino también la expropiación de inmuebles para adecuarlas de manera acelerada.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/I5ZZBHBEOVCU3HKCJVODAYDT4E.jpg "El Salvador recurrirá a expropiaciones para construir más cárceles")
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene la tarea de construir más prisiones y para ello puede establecer alianzas con empresas privadas. La ley le concedió procesos de contratación acelerados.
Demandas policiales
Un mes de Régimen de Excepción significa exigirle a los policías extenuantes jornadas de trabajo. La prórroga del mismo también pone en riesgo la salud física y mental del personal, advirtió Marvin Reyes, líder del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP).
“¿Cómo pueden los policías sobrellevar este peso? No es fácil el desgaste físico y anímico que tienen los elementos policiales, van a pasar 60 días de suspensión de licencia. Eso ningún trabajador normal lo puede soportar”, dijo Reyes en una conferencia ante medios de comunicación publicada por YSKL.
El MTP denunció que el personal con más de 60 años está siendo jubilado de la PNC “sin ningún reconocimiento y con una mísera indemnización”.
El año pasado, el Movimiento solicitó una compensación económica de 30 salarios al momento del retiro de los policías, mientras que actualmente lo hacen con 12 salarios.
Reyes insistió en que el MTP trabaja por reivindicar los derechos de los trabajadores de la PNC, y que el actual Régimen de Excepción está dando resultados.
Más recursos para las fuerzas de seguridad
Un refuerzo presupuestario de US$80 millones recibirán las fuerzas de seguridad del país, anunció Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, a finales de marzo.
De este monto, US$30 millones irán a los ramos de Justicia y Seguridad Pública, específicamente para la compra de vehículos, equipo y armamento; y US$20 millones, hacia la Fuerza Armada.
Además, US$30 millones servirán para constituir un Fondo de Recompensa, el cual se otorgará a quienes denuncien a pandilleros y criminales.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/IONYP2JNKFDODLP5QAWJJSLE54.jpg "Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador. Foto: Casa Presidencial | @PresidenciaSV")
Cárcel para menores de edad y penas más duras
El Ejecutivo promovió una serie de reformas que establecieron cárcel para los menores de edad y también endurecieron las penas a los miembros de pandilla. Estas ya fueron aprobadas a finales de marzo por la Asamblea Legislativa:
- Los menores de edad desde 12 años en adelante pueden ser encarcelados, esto según una reforma a la Ley Penal Juvenil que la Asamblea Legislativa aprobó a finales de marzo.
- Las condenas para menores de 12 a 15 años pueden ser de hasta 10 años; y los de 16 a 18 años se arriesgan a 20 años.
- Las penas por pertenencia a una pandilla subirán desde los 3-5 años a 20-30 años.
- Los líderes de pandillas y financistas recibirán penas de 40 a 45 años.
- La colaboración con las ‘maras’ también subió de 3-6 años de condenas hasta 20-30 años.
Censura a la prensa
La Asamblea Legislativa aprobó una ley para prohibir las expresiones simbólicas relacionadas con las pandillas, como grafitis alusivos por ejemplo, hasta la difusión de mensajes alusivos a través de redes sociales.
En el marco de esta medida, el gobierno salvadoreño ha censurado la reproducción de mensajes y comunicados de las ‘maras’ en los medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales.
Quienes transgredan estos límites se expondrán a penas de hasta 15 años de prisión, indican las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la fundación Cristosal presentaron un recurso de inconstitucionalidad sobre las reformas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/MYRZJVZEWBF2DNSZO472O4NAG4.jpg "Censura a la prensa por ‘maras’ en El Salvador es acusada de inconstitucional")
“Prohibir al periodista reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en la vida de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad”, reaccionó la APES.
De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó a la legislación como una “criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas”.
Aprobación de la ciudadanía
La mayoría de los salvadoreños apoya las disposiciones que el gobierno ha impulsado, en el marco del polémico Régimen de Excepción, reveló una encuesta de CID Gallup.
Al menos un 78% de los salvadoreños dijo estar “muy de acuerdo” y el 13% en “algo”, lo que la firma interpreta como un 91% de aprobación, es decir, nueve de cada 10 encuestados.
“Los habitantes no solo se encuentran de acuerdo con las medidas, sino con la rigurosidad de las mismas”, afirma CID Gallup.
El respaldo a las iniciativas del gobierno tiende a ser generalizado, independientemente del nivel socioeconómico, edad o nivel educativo de las personas.
Por otro lado, solo un 5% de la población está en “poco” de acuerdo con el accionar del Estado y un 4% se opone.
Preocupación por vulneración de los derechos humanos
El Régimen de Excepción ha hecho saltar las alarmas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto dentro del país como fuera del mismo.
Éricka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamenta que habitantes de comunidades marginadas pueden ser detenidos arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, sin alimentos suficientes; o que menores de edad puedan ser llevados a prisión.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”, dijo Guevara Rosas.
En un análisis sobre las reformas penales en El Salvador, Human Rights Watch (HRW) las acusó de prestarse a abusos. “Bukele ha impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”, expuso Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de HRW.
Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), urgió a El Salvador a tomar acciones de prevención y sanción a los criminales dentro del respeto de los derechos humanos y la dignidad humana.
“Organizaciones de derechos humanos y la prensa denunciaron que muchas de las detenciones se llevaron a cabo de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de violencia, además estuvieron basadas en percepciones subjetivas sobre la pertenencia a grupos criminales por factores como apariencia física, edad o zona en la que habitan”, declaró la CIDH.
Además recomendó el diseño e implementación de “políticas públicas integrarles” de seguridad pública, con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas con participación ciudadana.
Bukele se ha mantenido al ataque de las organizaciones de derechos humanos y con frecuencia las acusa de interceder por los pandilleros en lugar de condenar sus crímenes.
“Las ONG’s necesitan que haya baño de sangre para poder criticar, porque de eso viven, para eso son, por eso han sido creadas. Pero de nosotros depende si nos queremos liberar de los protectores de los criminales, de los mismos terroristas”, dijo Bukele en un discurso ante las fuerzas de seguridad, a inicios de abril.
