Historias de violaciones al derecho de la propiedad privada en Guatemala

Ante la usurpación poco o nada se puede hacer en el país dado que las ordenes de desalojo resultan en fracaso ante el temor de grupos que están respaldados por el crimen organizado.

En Guatemala existen violaciones constantes al derecho humano de propiedad. (Foto con fines ilustrativos)
03 de mayo, 2022 | 07:00 AM

Guatemala — Según el último Índice Internacional de los Derechos de Propiedad ubican a Guatemala como una de las naciones en el mundo donde más se viola el derecho a la propiedad privada. En el reporte 2019 -2021 el país evidenció una caída de 24 puestos.

El índice lo coloca en la parte baja del cuarto percentil, acercándose al quinto, donde se encuentran los países con Estados fallidos o en guerras civiles.

La Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) refirió recientemente que, en Guatemala, no todos los derechos humanos garantizados por la Constitución Política de la República se respetan, como en el caso del Artículo 39: “Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”.

El señalamiento de ACDEPRO es porque han comprobado que los operadores de justicia no cumplen las leyes para agilizar la devolución de las propiedades privadas invadidas a sus legítimos dueños.

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Cifras aumentan

Según cifras de la entidad son más de 1,500 fincas, terrenos, casas y propiedades privadas usurpadas en Guatemala.

Durante el 2020 ocurrieron usurpaciones en 123 fincas, terrenos y propiedades. De estos, solo dos fueron desalojadas en dicho año, es decir, un 1.61% de efectividad por parte de las instituciones del Estado en acciones de desalojo.

Solo en el año 2021, la organización denunció más de 100 casos de usurpaciones en fincas y terrenos privados donde operan fábricas, parques industriales, fincas productivas, donde los invasores tienen el objetivo de tomar los activos, y no precisamente, buscan las tierras estatales, sino lugares que tienen sus propios dueños, manifestó Carlos Torrebiarte, presidente de ACDEPRO.

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“Pero las autoridades del Estado, en consonancia, dilatan los procesos de desalojo mediante la manipulación de las leyes, con el fin de atrasar la devolución de las propiedades, tomadas flagrantemente por los criminales”, enfatizó el empresario.

Torrebiarte comentó a Bloomberg Línea que los lugares en donde más se están registrando delitos de usurpación son en la parte de El Estor, Izabal, Tucurú y otros municipios de Alta Verapaz, porque hay presencia del crimen organizado.

También, en la Costa sur, en la región de Champerico, y la Franja Transversal del Norte cuando se cruza para Chisec o Playa Grande, son lugares estratégicos para estos grupos, que tienen otros fines aparte de la invasión.

Hay un caso de una finca en Colomba que la usurparon más de 5,000 personas y vendieron lotes a Q25,000 cada lote, por lo tanto, esta situación representa una estafa masiva, “es preocupante la situación, pero nadie actúa”, enfatizó el presidente de ACDEPRO.

Observatorio documenta casos

A finales de enero del presente año el equipo coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad viajó al municipio de El Estor, Izabal, con el objetivo de documentar la situación actual que se vive en el llamado Valle del Polochic.

El informe consiste en una síntesis de las historias, anécdotas y vivencias relatadas por un grupo de guatemaltecos afectados por violaciones a su derecho humano de propiedad, entre otra serie de derechos que día a día se siguen vulnerando.

José Fernando Orellana Wer, coordinador de comunicación del Observatorio de Derechos de Propiedad explicó a Bloomberg Línea que El Estor es quizá el reflejo más radical de la situación que atraviesan los derechos de propiedad en el país.

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“La falta de certeza jurídica, la impunidad y el actuar poco eficiente de las autoridades se ha convertido en la norma. Lamentablemente, esto se traduce en millones de dólares de inversión nacional y extranjera que se pierden año con año”, destacó el profesional.

El observatorio analizó la información estadística del Ministerio Público, y evidenciaron una falta de eficiencia y de eficacia en la atención de las denuncias de los afectados.

De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias.

El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en tanto que en 2017 y 2018 se cerraron siete procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos.

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Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que, en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna.

En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018, 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.

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Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos”, resaltaron representantes del Observatorio de Derechos de Propiedad.

Testimonios de invasiones

Mauricio Thomae, Finca San Rafael Purulhá, Alta Verapaz: compartió que el pasado 27 de abril, los usurpadores atacaron con armas de fuego a las fuerzas de seguridad encargadas en el desalojo, también tenían barricadas y usaron como escudos humanos a mujeres y niños, motivo por el cual no se pudo hacer efectiva la orden, con esa sumaron tres órdenes de desalojo incumplidas.

Los usurpadores, pese a que está demostrado mediante el proceso legal, quienes son los legítimos dueños, no salieron de la propiedad y pusieron resistencia violenta. Un policía resultó herido, y el atacante está impune.

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Rina Castañeda, caso de las parcelas en el Estor, Izabal: El terreno usurpado, el 26 de marzo del 2017, tiene 35 manzanas, se logró una orden de desalojo cinco años después, para hacerse efectiva el 20 de abril del presente año, la cual fue fallida. Los usurpadores siguen viviendo en el área e impidiendo que los dueños puedan ingresar.

Familia Chiquín, El Estor, Izabal: “El sistema funciona tan mal que es como estar espantando moscas de un pastel”, comentó Marco Vinicio Chiquín. Con la intención de invertir en el negocio de la siembra del arroz, adquirieron seis pequeñas fincas (en conjunto son más de 200 manzanas) y las inscribieron en el Registro General de la Propiedad. Además, las nivelaron con tecnología láser. Su inversión fue de unos Q14 millones.

La primera invasión que sufrieron fue en un área de 18 manzanas que tenían a disposición para beneficio de sus colaboradores. Según nos explicaron, lo usurpadores fueron los comunitarios de la aldea Cahboncito y utilizaron la tierra que les despojaron, para sembrar maíz.

A la fecha, 5 de las 6 propiedades de la familia Chiquín siguen bajo el control de los usurpadores, pues, aunque indican que quienes invadieron no se mantienen en los inmuebles, en las ocasiones en las que ellos han intentado recuperar la posesión de la tierra que legítimamente les pertenece, pronto aparece un grupo de entre 10 y 15 usurpadores fuertemente armados.

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Los afectados colocaron una denuncia ante el Ministerio Público, se acercaron al gobernador departamental, buscaron ayuda con la que fuese la Secretaría de Asuntos Agrarios, y no han tenido respuesta. La familia Chiquín continúa pagando el crédito que adquirieron, aun sin tener la capacidad de producir para pagarlo, derivado de que perdieron su inversión a raíz de la invasión.

Un equipo documentó varios casos de usurpación de propiedades en El Estor, Izabal.dfd

Conclusión

En opinión de Orellana Wer, el caso de El Estor es un ejemplo claro de cómo se han desmantelado las instituciones, al punto que han proliferado estructuras de crimen organizado que operan con plena tranquilidad, financiando invasiones, estafando a personas de escasos recursos vendiéndoles propiedades de terceros.

Además, se les solicita a los invasores la elaboración de pistas clandestinas para el aterrizaje de drogas, fomentando bloqueos para facilitar sus operaciones, entre otras actividades delictivas. Al final, es una crisis de derechos humanos la que se vive en la región, que parte de violaciones constantes al derecho humano de propiedad, pero no se detiene ahí, concluyó Orellana Wer.

Para leer todos los testimonios que documentó el Observatorio de Derechos de Propiedad puede ingresar a este link.