Bloomberg — Con la vista puesta en las elecciones de medio término en EE.UU., los republicanos han destacado una crisis creciente en la frontera sur para atacar el manejo de la inmigración por parte del presidente Joe Biden. La crítica está en gran parte justificada. El fracaso de Biden para implementar una política fronteriza coherente ha llevado a un aumento en los cruces ilegales y ha provocado que los conservadores amplifiquen los temores de una “invasión” de inmigrantes . También está dificultando la creación del sistema de inmigración que el país tanto necesita.
Actualmente hay dos formas principales de entrada a los EE.UU.: legal e ilegal. Cada año, alrededor de 1 millón de personas obtienen la residencia permanente a través del sistema legal. De ese número, la mitad ya reside en EE.UU. con visas temporales de trabajo o de estudiante, mientras que el resto proviene de fuera del país. También es legal que los migrantes se presenten en los puertos de entrada y soliciten asilo. Pero para muchas personas sin un camino legal, intentar cruzar la frontera sur sigue siendo la opción más viable. Los migrantes que han ingresado ilegalmente al país aún pueden solicitar asilo; históricamente, a ellos, al igual que a otros solicitantes de asilo, se les ha permitido permanecer en los EE.UU. mientras se procesan sus solicitudes.
Desde el comienzo de la pandemia, EE.UU. se ha basado en una política diferente para los solicitantes de asilo. Conocido como el Título 42, esta permite las deportaciones perentorias por motivos de salud pública y se ha utilizado para negar la entrada a 1,7 millones de inmigrantes, que no han tenido oportunidad de presentar sus casos ante los tribunales. Mantener la medida era comprensible, pero ha hecho poco para aliviar la presión en la frontera. Desde octubre, la patrulla fronteriza ha realizado más de 1 millón de arrestos de personas que cruzan ilegalmente, la tasa más alta en al menos 20 años.
La formulación de política también está creando nuevas complicaciones. La administración ha eximido a los menores no acompañados de la expulsión inmediata en virtud del Título 42. Esto ha significado alojarlos en refugios superpoblados cerca de la frontera o dejarlos bajo la custodia de patrocinadores, a veces a través de vuelos nocturnos operados por el gobierno al interior del país.
La administración de Biden prometió desechar el Título 42 el 23 de mayo, en espera de los desafíos judiciales. Desde una perspectiva de salud pública, eso puede tener sentido ahora que EE.UU. tiene amplias herramientas para contener el virus. El problema es que la administración no tiene una política de reemplazo y, por lo tanto, está invitando a otra oleada de inmigrantes hacia la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que sin el Título 42, las detenciones diarias en la frontera podrían aumentar de 7.000 a 18.000.
Una propuesta bipartidista del Senado ofrece una salida razonable. Patrocinado por los senadores Kyrsten Sinema y James Lankford, el proyecto de ley prohibiría a la administración levantar el Título 42 hasta 60 días después de que finalice la emergencia nacional de salud pública y exigiría que emita un plan detallado para gestionar cualquier afluencia de solicitantes de asilo. También aumentaría los fondos para los agentes fronterizos y los tribunales de inmigración, reforzando la capacidad del gobierno para detener las entradas no autorizadas y al mismo tiempo hacer que el sistema para procesar las solicitudes de asilo sea más justo y eficiente.
A corto plazo, sería prudente que Biden aprovechara este salvavidas. Debería retrasar el levantar el Título 42 y presionar al Congreso para que se comprometa a garantizar los recursos adecuados para fortalecer la seguridad fronteriza, contratar personal adicional para acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y aumentar la cantidad de centros de detención necesarios para acomodar un posible aumento de la migración. También debería adoptar los Protocolos de Protección al Migrante, una política que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras se resuelven sus casos. Biden debería trabajar para expandir y mejorar el programa, coordinando con el gobierno mexicano para proporcionar viviendas seguras y oportunidades de trabajo para los que son enviados de regreso y para limitar la distancia que los solicitantes de asilo tienen que viajar para comparecer ante el tribunal.
Al comprometerse con el Título 42, la administración debería comenzar a forjar una coalición bipartidista para reabrir la válvula de inmigración legal. Idealmente, buscaría un sistema al estilo canadiense que priorizara las habilidades y la educación de los inmigrantes, en lugar de sus lazos familiares. Eso reforzaría el liderazgo de EE.UU. en ciencia y tecnología, promovería el espíritu empresarial y, en general, fomentaría el crecimiento económico.
Las encuestas muestran que tales reformas atraerían el apoyo público, pero no hasta que el gobierno demuestre su capacidad para contener la inmigración ilegal y controlar el caos en la frontera. Biden necesita demostrar que comprende el desafío que tiene entre manos.
Editores: Romesh Ratnesar, Robert A. George, Timothy Lavin y David Shipley, editor senior.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
Este artículo fue traducido por Miriam Salazar
